Estados Unidos amplió este martes sus sanciones contra Cuba al incluir a Annalie Lilliam Rueda Cardero, esposa de Alejandro Castro Espín e integrante de la familia del expresidente Raúl Castro, así como a cinco entidades estatales vinculadas con los sectores financiero, logístico, minero y siderúrgico de la isla.
El Departamento de Estado informó que las medidas forman parte de la estrategia de la administración de Donald Trump para aumentar la presión sobre el gobierno cubano y sobre las estructuras económicas que, según Washington, respaldan sus actividades dentro y fuera del país.
En un comunicado, el secretario de Estado, Marco Rubio, señaló que las sanciones buscan actuar contra actores que, a juicio del gobierno estadounidense, financian o facilitan operaciones del régimen cubano.
“Hoy, el Departamento de Estado designa a cinco entidades y a una persona para impulsar los esfuerzos integrales de la Administración Trump destinados a poner fin a las actividades malignas del régimen cubano, tanto en Cuba como en todo nuestro hemisferio”, indicó.
Las nuevas medidas alcanzan a Rueda Cardero, esposa de Alejandro Castro Espín, exjefe de los servicios de inteligencia cubanos e hijo de Raúl Castro. Washington ya mantenía sanciones contra Castro Espín y contra otros integrantes de la cúpula política de la isla.
Empresas vinculadas a Gaesa
Entre las entidades sancionadas figuran Rafin, Banco Financiero Internacional (BFI) y Almacenes Universales, empresas relacionadas con el Grupo de Administración Empresarial S.A. (Gaesa), un conglomerado controlado por las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Cuba.
De acuerdo con Rubio, las dos instituciones financieras participan en movimientos de recursos para el gobierno cubano, mientras que Almacenes Universales desarrolla actividades logísticas y portuarias en distintos puntos de la isla.
El Departamento de Estado también incluyó a la Empresa Siderúrgica José Martí, considerada la principal productora de acero bruto de Cuba, y a GeoMinera, compañía estatal dedicada a la administración de activos de minerales metálicos no niquelíferos.
Washington sostuvo que estas entidades generan ingresos para el Estado cubano mediante operaciones financieras, logísticas y de explotación de recursos minerales.
Advertencia a bancos y empresas
Tras el anuncio, Rubio pidió a bancos internacionales y compañías que mantienen relaciones comerciales con las entidades sancionadas suspender cualquier actividad vinculada con ellas.
“Cualquier persona que proporcione servicios a estos actores sancionados corre el riesgo de ser sancionada”, afirmó el jefe de la diplomacia estadounidense.
El funcionario también señaló que Gaesa opera como un mecanismo financiero clave para las autoridades cubanas y sostuvo que los recursos administrados por ese conglomerado se destinan a actividades gubernamentales y de seguridad.
Las sanciones se anunciaron en medio de un nuevo episodio de tensiones entre Washington y La Habana. En semanas recientes, Estados Unidos aplicó medidas contra funcionarios cubanos y empresas estatales, mientras el gobierno de la isla presentó un paquete de reformas económicas orientadas a modificar distintos sectores de su economía.
Contexto de la reforma económica
Las medidas estadounidenses se conocen días después de que Cuba anunciara un conjunto de cambios económicos que incluyen nuevas disposiciones para el sistema financiero, la actividad empresarial y la inversión.
El gobierno cubano presentó esas acciones como parte de una estrategia para enfrentar la crisis económica que atraviesa el país. Sin embargo, Washington consideró que las reformas no modifican los motivos que originaron las sanciones.
Con la decisión anunciada este martes, Estados Unidos amplió el alcance de las restricciones contra personas y entidades relacionadas con sectores estratégicos de la economía cubana y elevó la presión sobre empresas que mantienen vínculos con ellas.
Contexto de la crisis bilateral
El endurecimiento de las sanciones de Estados Unidos contra Cuba se da en un escenario de extrema asfixia financiera para la isla, la cual arrastra una severa escasez de alimentos, combustible y electricidad, agravada por el colapso de sus servicios básicos.
Para intentar contener este escenario de crisis profunda, La Habana aprobó de forma urgente una serie de reformas de impacto inmediato que buscan reestructurar su economía, flexibilizar la inversión extranjera y modificar las reglas de su sistema bancario, intentando captar divisas a contrarreloj.
Sin embargo, la administración de Donald Trump mantiene una postura de tolerancia cero y ha catalogado estos cambios internos como insuficientes, argumentando que no atienden las razones políticas de fondo que originaron el embargo y los castigos internacionales.
Bajo la dirección del secretario de Estado, Marco Rubio, Washington busca desmantelar los pilares operativos de Gaesa, el consorcio militar que administra la mayor parte de las ganancias del turismo, las remesas y el comercio exterior en la isla.
La presión escaló a niveles críticos tras las recientes declaraciones del mandatario estadounidense, quien sugirió abiertamente la posibilidad de ejecutar operaciones directas contra el territorio cubano si el gobierno actual no cede el control político y económico en la región.
VGB
Fundación Robert A. Paneque
