El periodista cubano Ricardo Ronquillo admitió abiertamente que Cuba enfrenta «zonas de pobreza muy acentuadas» y una creciente brecha social, en el marco del debate sobre el paquete de 176 medidas económicas aprobadas por la Asamblea Nacional. 

Ronquillo fue enfático en señalar que la desigualdad no es un fenómeno reciente ni consecuencia de las últimas decisiones del régimen: «Esto es algo que ha venido ocurriendo en el último período lamentablemente en el país desde que comenzaron las transformaciones del modelo económico».

Como evidencia, citó el coeficiente de Gini, que según análisis académicos pasó de 0,25 en 1989 a valores de entre 0,4 y 0,5 en la actualidad: «ha ido creciendo la diferenciación social en Cuba, eso está en el índice famoso Gini, ha ido produciéndose una distancia considerable entre los que más y menos tienen».

Uno de los momentos más crudos del debate fue la descripción de la brecha que hoy existe en cualquier calle cubana: «mientras alguien se está comprando el producto de marca más famoso que hay en el mundo, ahora puede haber alguien comprando lo último que sacó alguien de un basurero, lo está vendiendo en el portal de una esquina de cualquier calle de Cuba».

Ronquillo también advirtió que esa desigualdad no siempre proviene del trabajo honesto, lo que abre otra preocupación: «hasta qué punto estas medidas favorecen también las cadenas corruptivas a escala de país».

El participante reconoció que el paquete de medidas —estructurado en 23 ejes y más de 170 acciones— acepta un grado de desigualdad como precio del crecimiento, pero trazó una línea: «estas medidas tratan de evitar que nosotros sigamos emparejando a la sociedad cubana en la pobreza, y se acepta un grado de desigualdad, pero lo que no podemos permitirnos es la injusticia».

El capítulo social es descrito como uno de los más extensos del paquete. Entre las respuestas planteadas figura la participación del sector privado —estimulada fiscalmente— en la atención a la familia, el pago a jubilados y otros problemas que la banca estatal no ha podido resolver.

La profesora Ana Teresa Badía llegó incluso a proponer, según se mencionó en el debate, la creación de una ley de responsabilidad social empresarial para el sector privado.

El régimen afirmó que «el Estado no renuncia a la justicia social y a preservarla», aunque reconoció que para lograrlo «tiene que tener riqueza con la que hacerla», una admisión implícita del fracaso del modelo hasta ahora.

Esos datos contrastan con cifras que el propio sistema oficial ha reconocido en otros momentos: en febrero de 2024, la ministra de Trabajo Marta Elena Feitó admitió ante Díaz-Canel la existencia de 1,236 comunidades que viven en la miseria en Cuba, mientras el Observatorio Cubano de Derechos Humanos reportó que el 89% de las familias cubanas sufre pobreza extrema.

El investigador cubano José Raúl Gallego señaló, por su parte, que ninguna de las 176 medidas toca el sistema sociopolítico del país, considerado por muchos analistas como la raíz estructural de los problemas.

«Lo único que la revolución no puede permitirse es la injusticia», fue la frase más contundente del debate, pronunciada en un contexto en que el propio régimen proyecta una caída del PIB del 6,5% para 2026.