Rogelio Enrique Bolufé Izquierdo, exmayor del Ministerio del Interior de Cuba (MININT) y exintegrante del equipo de seguridad personal de Fidel Castro, fue deportado por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) a Ecuador a principios de junio, tras casi diez meses bajo custodia migratoria en Estados Unidos, según una investigación de The American Prospect.

Bolufé, de 44 años, fue trasladado sin previo aviso a Guayaquil, una de las ciudades más peligrosas de Ecuador, sin documentación, sin dinero, sin ropa adicional —solo el uniforme gris de detención— y sin conocer a nadie en esa ciudad.

«Me dejaron en Ecuador mediante una deportación acelerada que considero una represalia», declaró Bolufé al medio estadounidense. «Me sacaron del país sin previo aviso, sin haber firmado ningún documento y sin explicarme adecuadamente lo que estaba ocurriendo».

El propio Bolufé calificó la acción como ilegal y anticonstitucional: «Fui expulsado de Estados Unidos sin que se respetara el debido proceso, a pesar de tener un procedimiento migratorio activo y una apelación pendiente».

ICE lo había detenido en agosto de 2025 durante un control de tráfico en Miami-Dade, acusado de posesión de cocaína, cargos que la fiscalía del condado retiró posteriormente. Pese a ello, la agencia lo mantuvo bajo custodia por su situación migratoria irregular: había llegado a Estados Unidos en 2020 sin regularizar nunca su estatus.

Durante los diez meses de detención, ICE lo trasladó siete veces entre distintos centros: pasó por «Alligator Alcatraz» en Florida, Camp East Montana en Texas, el Torrance County Detention Facility en Nuevo México, el Etowah County Jail en Alabama y, finalmente, el Northwest Detention Center en Washington.

En ese último centro organizó «La Unión de Secuestrados por ICE», agrupando a 140 detenidos que denunciaron condiciones inhumanas y describieron el sistema como «un negocio construido sobre el sufrimiento humano».

Como represalia por su activismo, los guardias le confiscaron documentos legales, notas, su libreta de teléfonos y objetos religiosos, entre ellos el Corán, cuentas de rezo y una alfombra de oración.

También había presentado demandas civiles contra ICE y escrito cartas a miembros del Congreso y a medios de comunicación.

Bolufé tenía además un proceso de residencia activo bajo la Ley de Ajuste Cubano de 1966: había completado biometría y entrevista, y solo aguardaba la tarjeta verde cuando fue arrestado.

El régimen cubano, paradójicamente, lo incluyó en su Lista Nacional de Personas Vinculadas al Terrorismo, alegando supuestos planes de sabotaje contra infraestructuras, lo que cerró la puerta a su deportación directa a la isla y abrió la vía para enviarlo a Ecuador, país con el que Bolufé tiene vínculos y aparentemente nacionalidad.

El Departamento de Estado de EE.UU. advierte a sus ciudadanos contra viajar a Ecuador, y en particular a Guayaquil, debido al terrorismo y la criminalidad.

El caso de Bolufé se inscribe en una estrategia más amplia que activistas y abogados atribuyen a ICE: trasladar o deportar a detenidos que organizan protestas colectivas para desarticular la resistencia interna.

En junio, la agencia transfirió a 90 personas del centro Delaney Hall en Newark para romper una huelga de hambre que llevaba 20 días activa. En lo que va de 2026, 19 personas han muerto dentro de los centros de detención de ICE, según The American Prospect.

Desde Guayaquil, Bolufé comunicó que aún evalúa sus próximos pasos. «La Unión de Secuestrados por ICE construye solidaridad y ayuda mutua frente a las violaciones constitucionales y los abusos cometidos contra los inmigrantes», escribió.

«Ante la injusticia, la separación de familias y la violación de derechos fundamentales, nuestra respuesta es clara: unidad, dignidad y defensa de la Constitución».