El Departamento de Estado de Estados Unidos rechazó este viernes las 176 medidas económicas aprobadas por el régimen cubano, calificándolas de «señales de humo superficiales» que no representan un cambio real en el modelo político de la isla.

Un portavoz del organismo declaró a la agencia AFP que «estas ‘reformas económicas’ graduales son modestas, llegan con gran retraso y, en última instancia, son señales de humo superficiales del régimen cubano», refirieron varios medios.

Washington describió la maniobra como una «estrategia típica» para «crear la ilusión de un compromiso con el cambio, para luego revertirlas rápidamente en cuanto se ve amenazado el control total del régimen».

El gobierno de Donald Trump exige «reformas económicas y políticas mucho más sustanciales» que conviertan a Cuba en un destino atractivo para los inversores y que ofrezcan al pueblo cubano «la libertad, la dignidad y las oportunidades que merece», indicaron las fuentes.

La Asamblea Nacional del Poder Popular aprobó el jueves un paquete de 176 medidas organizadas en 23 ejes estratégicos que sus impulsores presentan como la transformación más profunda del modelo económico cubano desde la adopción del comunismo hace casi 70 años.

Entre las disposiciones figuran la apertura a la banca privada, la conversión de empresas estatales en sociedades mercantiles, la eliminación del tope de 100 trabajadores para las pequeñas y medianas empresas, la posibilidad de importar y exportar sin intermediación estatal, y permisos para cadenas de comida rápida.

A pesar del alcance formal del paquete, el presidente Miguel Díaz-Canel dejó claro que Cuba no renuncia al socialismo con estas medidas, en respuesta directa a las exigencias de Washington de un cambio de sistema.

El politólogo cubanoamericano Luis Carlos Battista reconoció a The Associated Press que «elementos que durante décadas fueron enumerados como pilares de la economía revolucionaria, como el monopolio estatal del comercio exterior y la centralización de las fuerzas productivas, han sido desmantelados», aunque advirtió de «numerosas dificultades» de implementación, incluyendo una burocracia «lenta e ineficiente».

El investigador Lee Schlenker, del Instituto Quincy en Washington, señaló que las reformas «solo tendrán un efecto real si se complementan con el levantamiento gradual de las prohibiciones y sanciones estadounidenses», en referencia a las que penalizan a los socios del conglomerado estatal GAESA.

El profesor Paolo Spadoni, de Augusta University en Georgia, advirtió que el tiempo apremia: «si los líderes cubanos tienen esperanza de sobrevivir a esta crisis sin precedentes y a la presión estadounidense tienen que moverse rápido con la implementación de la reforma y el logro de resultados tangibles».

La población recibió el anuncio con sentimientos encontrados. Mientras un empleado de negocio privado de 63 años expresó que «con esas medidas va a haber una mejoría», un pescador de 65 años advirtió: «ahora quedamos sueltos, el gobierno no nos protege». En las redes sociales predominó el escepticismo, con frases como «el mismo perro con diferente collar», y se reportaron cacerolazos en Santiago de Cuba, Santa Clara y La Habana durante la sesión del pleno.

La crisis cubana se prolonga desde 2021 y se agravó en 2026 con el cerco impuesto por la administración Trump, que desde enero acumuló más de 240 sanciones y redujo las importaciones energéticas de la isla entre 80% y 90%. Los apagones alcanzan hasta entre 20 y 40 horas diarias. «Me voy para el trabajo a oscuras y regreso a la casa a oscuras», resumió Juana Pérez, vendedora de 54 años.