El paquete de reformas anunciado por el gobierno cubano abrió una pregunta inmediata entre muchos ciudadanos dentro y fuera de la isla: si el régimen dice estar dispuesto a recibir inversión, tecnología y proyectos desde el exterior, ¿permitirá también el uso de Starlink en Cuba?
La duda tomó fuerza después de que Miguel Díaz-Canel defendiera en la Asamblea Nacional una nueva etapa de apertura hacia capitales privados, cubanos emigrados e inversionistas extranjeros.
El gobernante aseguró que “todo ciudadano cubano, residente en Cuba o en el exterior que esté interesado en invertir, donar, aportar tecnología, abrir un mercado o levantar un proyecto en el país, contará con un marco claro, estable y respetuoso, al igual que los inversionistas extranjeros”.
En otro momento de su intervención, Díaz-Canel añadió: “Al que quiera construir con Cuba sin pretender imponerle nada a Cuba, le decimos esta noche con el corazón en la mano, aquí tienes tu casa y aquí tienes la puerta abierta”.
Sin embargo, para una parte de la sociedad civil cubana, el verdadero alcance de esas promesas no se medirá solo por la entrada de capital privado o por nuevas facilidades económicas, sino por la disposición del poder a ceder control en áreas sensibles como las telecomunicaciones, la información y la libertad de expresión.
Starlink vuelve al centro del debate cubano
La investigadora cubana Salomé García fue una de las voces que vinculó directamente el anuncio oficial con la memoria del 11J y con la fragilidad de la conectividad en la isla. En una publicación en Facebook, recordó que el país sigue arrastrando una experiencia reciente de incomunicación durante momentos de crisis política.
“Ya casi se cumplen 5 años del estallido del 11J, y en medio de los espejismos de “cambios profundos” que ofrece ahora el régimen cubano, hay que recordar las 72 horas de incomunicación que siguieron luego de la “orden de combate” de Díaz-Canel, y también las promesas de muchos políticos e influencers de encontrar vías inmediatas para garantizar el acceso a internet de los cubanos ante la posibilidad de otro nuevo apagón”.
La alusión no es menor. Durante las protestas de julio de 2021, el acceso a Internet y a varias plataformas digitales sufrió interrupciones y restricciones que dificultaron la comunicación entre cubanos dentro de la isla y sus familiares en el exterior. Para muchos, aquel episodio marcó un antes y un después en la percepción del control estatal sobre la conectividad.
Salomé García también apuntó a un deterioro que va más allá de la censura política. Según escribió, “esto nunca ocurrió y hoy en Cuba entre las caídas del sistema eléctrico y los cortes de internet intencionales, la conectividad está tan deteriorada que está casi en los mismos niveles, o peores, que en el año 2021”.
El debate sobre Starlink aparece precisamente en ese contexto. La red satelital de SpaceX, empresa de Elon Musk, permitiría conexiones que no dependen de la infraestructura terrestre tradicional. Por eso, para muchos cubanos, se ha convertido en símbolo de una posible vía alternativa frente al monopolio estatal de las telecomunicaciones.
EEUU ya puso Starlink sobre la mesa
La discusión no surge de la nada. En abril, EEUU pidió al gobierno cubano permitir el acceso a Internet mediante los satélites Starlink durante conversaciones sostenidas en La Habana entre funcionarios de ambos países.
Según reportes de prensa, la propuesta estadounidense planteaba una conexión gratuita, rápida y confiable en toda la isla. El tema formó parte de una agenda más amplia que también incluyó reformas económicas, gobernanza, inversión extranjera y libertades políticas.
La respuesta pública del régimen, sin embargo, ha estado lejos de una apertura en ese campo. Medios afines al oficialismo han presentado Starlink como una herramienta de injerencia y una amenaza para la seguridad nacional. Además, las regulaciones cubanas mantienen bajo control estatal la importación, instalación y uso de determinados equipos de telecomunicaciones.
Ese es el punto que muchos cubanos observan con escepticismo. Si el nuevo paquete económico promete atraer tecnología, inversión y proyectos desde la diáspora, el caso Starlink obliga a preguntar qué tipo de tecnología está realmente dispuesto a aceptar el gobierno cubano y bajo qué condiciones.
La pregunta incómoda: inversión sí, ¿Internet libre también?
La inquietud de Salomé García resume una contradicción central del momento político cubano. La apertura económica puede permitir más negocios, más inversión privada y nuevos actores productivos, pero no necesariamente implica una apertura informativa o política.
“Cierro con una serie de preguntas para quienes dan algún tipo de legitimidad a las propuestas de “cambio” del PCC. ¿Van a dejar de decomisar Starlinks? ¿Van a eliminar el monopolio de telecomunicaciones de ETECSA? ¿Van a dejar de reprimir a todo aquel que use las redes para expresar su opinión política?”
Hasta ahora, las reformas anunciadas por el gobierno se concentran en la economía: inversión extranjera, sector privado, comercio exterior, gestión empresarial, subsidios, agricultura, energía y digitalización administrativa. Pero no se ha anunciado el fin del monopolio de ETECSA ni una autorización abierta para servicios de Internet satelital como Starlink.
Por eso, la pregunta que circula entre cubanos dentro y fuera de la isla no es solo técnica. Es política. Permitir Starlink significaría aceptar una forma de conectividad difícil de controlar desde las estructuras tradicionales del Estado. Y ahí está el límite que muchos quieren ver si el régimen está dispuesto a cruzar.
Por ahora, el discurso oficial habla de puertas abiertas para invertir, donar, aportar tecnología y levantar proyectos. La prueba real, para sus críticos, será saber si esa puerta también se abre cuando la tecnología permite a los cubanos conectarse, informarse y expresarse sin depender completamente del aparato estatal.
