Miguel Díaz-Canel declaró que la producción de alimentos en Cuba es «un asunto de seguridad nacional» y ordenó poner fin a las tierras ociosas, antes de anunciar la ampliación del usufructo agrícola a productores privados, cooperativas, mipymes y formas asociativas durante el Pleno Extraordinario del Comité Central del Partido Comunista.

«Cada pedazo de tierra que está cubierta de marabú, cuando debería estar produciendo alimentos, tendrá que tener una respuesta clara: o se pone a producir o se entrega a quien esté dispuesto a hacerlo», expresó.

El gobernante aclaró que la propiedad estatal de la tierra no está en discusión: «Esa tierra seguirá siendo del pueblo y si no produce, si no sirve al país, si no cumple su función social, tendrá que pasar a manos de quien sí pueda ponerla a producir».

El anuncio incluye además una promesa concreta para los campesinos: acceso directo a divisas mediante la venta al sector turístico o al mercado cambiario, y la posibilidad de importar directamente semillas, fertilizantes, piezas y equipos.

«Al campesino cubano no se le puede seguir pidiendo más comida con menos herramientas y con precios por debajo de sus costos», afirmó.

El discurso formó parte de un paquete de 176 medidas organizadas en 23 ejes estratégicos que la Asamblea Nacional refrendó el jueves en sesión extraordinaria, surgidas de la evaluación de 390 propuestas. El proceso fue acelerado: Díaz-Canel adelantó las líneas maestras el 12 de junio, el PCC las aprobó el miércoles y la Asamblea las ratificó al día siguiente.

A Díaz-Canel no le quedó más remedio que reconocer que la crisis también tiene un origen interno: «Hay trabas que no vienen de afuera ni de bloqueos. Hay lentitud, burocracia, normas que frenan al que quiere producir y decisiones que hemos postergado. Lo que depende de nosotros tenemos que cambiarlo nosotros y tenemos que cambiarlo ahora».

La magnitud del colapso agrícola que rodea estos anuncios es alarmante. Entre 2018 y 2023, la producción de carne de cerdo cayó 95%, el arroz 87%, los frijoles 70 % y la leche 58 %.

El marabú -planta invasora símbolo del abandono del campo cubano- cubre entre 1,1 y 1,7 millones de hectáreas de suelos antes productivos. En 2021, el propio Estado reconoció que el 49 % de las 6,4 millones de hectáreas agrícolas del país estaba sin cultivar, mientras Cuba importa entre el 70 % y el 80 % de los alimentos que consume.

En abril pasado, el 96,91 % de la población cubana no tenía acceso adecuado a alimentos, según el Food Monitor Program, y el 33,9 % de los hogares reportó que algún miembro se fue a dormir con hambre en los últimos 30 días.

El anuncio sobre usufructo no es el primero. Desde 2008, cuando el régimen impulsó el Decreto-Ley 259, se entregaron más de 2,1 millones de hectáreas en usufructo con resultados decepcionantes: en 2015 se cancelaron contratos a 43,000 usufructuarios por no usar correctamente la tierra.

El economista Pedro Monreal calificó el conjunto de reformas de «pragmatismo tardío» y advirtió que a Cuba «se le ha ido el tren de las reformas de China y Vietnam».

El régimen prepara ahora una nueva Ley de Tierra Agropecuaria y Forestal que elevaría el plazo del usufructo a 25 años prorrogables, ampliaría los límites de superficie hasta 268 hectáreas e incorporaría a las mipymes privadas como beneficiarias, según detalles de la futura legislación agraria.

Raúl Castro, quien participó por videoconferencia en el Pleno Extraordinario y firmó el documento de propuestas, dejó una advertencia que resume el escepticismo acumulado: «Tan o más importante que la aprobación misma de estas transformaciones es su implementación adecuada y oportuna».