El sector privado y algunas entidades estatales continúan publicando anuncios de empleo que exigen mujeres jóvenes, de «buena apariencia» y menores de 30 años para puestos de atención al público, una práctica documentada por investigaciones periodísticas desde hace años y que contradice el Código de Trabajo vigente.
Un trabajo de SEMlac sobre ofertas de empleo en Cuba encontró que, al navegar por páginas de clasificados, la constante era clara: «Muchacha, joven y de buena apariencia». El mismo análisis señalaba que, para los puestos de atención al público en cafeterías y negocios privados, se exigían mujeres «que no sobrepasen la barrera de los 30 años».
Otra investigación, publicada por IPS Cuba, documentó que en sitios web y empresas privadas y estatales de La Habana proliferaban «convocatorias sexistas y racistas, que violan el Código del Trabajo vigente». Un ejemplo citado fue una convocatoria de TRD Caribe que exigía ser menor de 35 años, tener «presencia adecuada, buen porte y aspecto», y una estatura específica según el sexo.
El propio Código de Trabajo cubano, citado por la abogada Yamila González en ese reportaje, prohíbe criterios discriminatorios en el acceso al empleo por «color de la piel, género, creencias religiosas, orientación sexual». La ley existe; el problema es su cumplimiento en el sector emergente.
Cuando la edad no funciona como filtro de entrada, opera como destino. La evidencia apunta a una segregación ocupacional clara: las mujeres de mayor edad, o aquellas que no encajan en el molde de «joven y de buena apariencia», tienden a ser absorbidas por áreas como la economía, la cocina, la limpieza y la organización.
Investigaciones sobre el trabajo por cuenta propia en Cuba ya advertían que «para algunas actividades —cafeterías, restaurantes, bares— comienzan a aparecer expresiones discriminatorias hacia mujeres mayores de 30 años, negras, o que no cumplen con los cánones de belleza establecidos por la cultura machista».
La consecuencia es una doble segmentación: por un lado, se excluye a las mujeres del sector; por otro, cuando se las incluye, se las confina a roles de servicio y apoyo, no de dirección ni de cara al público.
Esa lógica responde a lo que la economista Teresa Lara describió con precisión: se «reproduce el supuesto de la mujer objeto, arraigado en la cultura machista». Y ese supuesto tiene efectos materiales: las mujeres quedan en puestos con menor visibilidad, menor capacidad de generar ingresos propios y menor posibilidad de ascenso.
El dato de que la informalidad supera el 20 por ciento en el sector privado agrava todo lo anterior. Una mujer empleada en la cocina o en la limpieza de una mipyme, sin contrato formal, no solo gana menos: tampoco acumula seguridad social, no tiene protección de maternidad, no puede exigir condiciones laborales básicas.
La investigación de SEMlac ya documentaba que muchas mujeres jóvenes trabajaban sin contrato en el sector privado, lo que las convertía en «el grupo más vulnerable dentro del trabajo por cuenta propia».
El nuevo Código de Trabajo, en vigor desde septiembre de 2026, amplía protecciones contra la discriminación y prioriza a jóvenes y mujeres en el otorgamiento de puestos. Pero como advirtió un trabajador citado por IPS Cuba, la ley «no lo representa», mientras no se haga cumplir. La brecha entre norma y práctica es, quizás, el eslabón más débil de toda la cadena.
Entonces, no basta con preguntar cuántas mujeres entran al sector privado. Hay que preguntar en qué condiciones entran, para qué puestos, con qué edades y con qué protección legal.
El patrón documentado —mujeres jóvenes para atención al público, mujeres mayores para limpieza y cocina, informalidad como telón de fondo— sugiere que el sector emergente no está corrigiendo las brechas de género del sector estatal. Las está reconfigurando.
La entrada El filtro de la edad: «muchacha joven» como requisito se publicó primero en Radio Angulo.
