«¿Quién protege a los jubilados de la inflación?»: la batalla de cientos de miles por la sobrevivencia cotidiana

El régimen cubano aprobó esta semana nuevas normas de seguridad social, pero la reforma deja sin respuesta la pregunta que más angustia a los más de 1,7 millones de pensionados del país y sus familias: quién los protege del alza imparable de los precios.
En torno a esa interrogante, pensando en los jubilados, que son la mayoría entre quienes reciben pensiones, centra una publicación este viernes la activista cubana Lara Crofs (Yamilka Lafita).

El Decreto-Ley 140/2026 y el Decreto 186/2026, publicados el martes en la Gaceta Oficial n.º 97 y con entrada en vigor el próximo 25 de noviembre, introducen ajustes técnicos al sistema de pensiones: reconocen hasta diez años dedicados al cuidado de familiares dependientes como tiempo de servicio, modifican la fórmula de cálculo tomando como base el promedio de los cinco mejores años de ingresos dentro de los últimos quince, y facultan al Consejo de Ministros para fijar anualmente las cuantías mínimas considerando la evolución de la inflación.
Sin embargo, las normas no establecen un aumento general inmediato ni garantizan ajustes automáticos y periódicos vinculados al alza de precios. Esa omisión es precisamente el centro de la crítica que circula en redes sociales.
«La normativa no garantiza aumentos automáticos y periódicos para todas las pensiones en correspondencia con el incremento de los precios. Mientras el Gobierno modifica decretos, miles de ancianos siguen haciendo malabares para comprar alimentos, medicamentos y productos básicos», señala Crofs.
La brecha entre lo que recibe un jubilado y lo que necesita para vivir es abismal. La pensión mínima, fijada en 4,000 pesos mensuales desde septiembre de 2025, equivale a poco más de cuatro dólares al tipo de cambio informal vigente. Economistas estiman que una persona necesita alrededor de 96,000 pesos al mes para cubrir sus necesidades básicas, de los cuales unos 70,070 corresponderían solo a alimentación.
Con una inflación interanual oficial del 32,70% registrada en octubre de 2026, según la Oficina Nacional de Estadística e Información y con los alimentos y bebidas no alcohólicas acumulando un alza interanual del 50,72%, el panorama se torna especialmente crítico.
En ese contexto, un litro de aceite supera los 5,000 pesos en algunas provincias, un cartón de huevos ronda los 3,600 pesos y la libra de carne de cerdo llega a 2,000 pesos o más en La Habana y Cienfuegos.
Una encuesta de la Asociación Sindical Independiente de Cuba (ASIC), realizada entre septiembre y octubre de 2025 a 506 jubilados de cinco provincias, reveló que el 99% consideraba insuficiente su pensión para cubrir necesidades básicas de alimentación, vivienda y medicamentos, mientras que el 90,7% continuaba trabajando después de jubilarse.
La situación tiene además una dimensión política. A inicios de esta semana, ancianos de Santiago de Cuba denunciaron que las autoridades los amenazaron con retirarles la pensión y el acceso a la libreta de abastecimiento si continuaban recibiendo comida de activistas opositores. Una anciana de 81 años resumió su situación con una frase demoledora: «Tengo 81 años, me han quitado todo».
Cuba es el país más envejecido de América Latina y el Caribe, al cierre de 2025, el 26,7 % de su población tenía 60 años o más y se calculan 733 personas dependientes por cada 1,000 habitantes en edad laboral. Las proyecciones oficiales advierten que para 2040 el 36% de la población tendrá 60 años o más, lo que hace aún más urgente una respuesta estructural que las nuevas normas no ofrecen.
«La jubilación debería ser el momento de recoger los frutos de una vida de trabajo, no el comienzo de una nueva batalla por sobrevivir. No se trata de cuánto dinero recibe un jubilado sobre el papel, sino de lo que puede comprar con él», concluyó Lara Crofs.
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