España se encamina hacia unas elecciones generales anticipadas el próximo 29 de noviembre, en un escenario de creciente polarización política, dificultades para acceder a la vivienda y cuestionamientos a la gestión del Gobierno de coalición que encabeza Pedro Sánchez.
El presidente anunció el adelanto de los comicios el pasado 5 de octubre, después de que el Congreso rechazara varios decretos gubernamentales destinados a enfrentar la crisis habitacional. La decisión llegó en medio de fuertes movilizaciones sociales por el encarecimiento de los alquileres y el desahucio de Maricarmen Abascal, una mujer de 87 años que había vivido durante siete décadas en su casa madrileña y falleció poco después de ser desalojada.
Sánchez justificó la convocatoria anticipada por la necesidad de conseguir una mayoría parlamentaria más amplia que permitiera continuar las reformas sociales. Su Gobierno, integrado por el Partido Socialista Obrero Español (PSOE) y fuerzas de izquierda, había encontrado crecientes dificultades para aprobar iniciativas legislativas debido a la fragmentación del Congreso y a desacuerdos con sus otrora aliados parlamentarios.
“Para hacer más, necesitamos renovar y ampliar el apoyo de la gente”, afirmó el mandatario al anunciar la disolución de las Cortes. La convocatoria también representa una apuesta política: convertir el enfrentamiento entre su proyecto y la derecha en una decisión directa de los electores sobre el rumbo del país.
La vivienda, al centro de la protesta
La crisis habitacional se ha convertido en uno de los principales problemas sociales españoles. El aumento sostenido de los alquileres, la especulación inmobiliaria, la proliferación de alojamientos turísticos y las dificultades de los jóvenes para independizarse alimentan un malestar que trasciende diferencias partidistas.
En ese contexto tuvo lugar, el pasado 11 de noviembre, la primera huelga general de ámbito nacional en España desde el 2012. La convocatoria surgió inicialmente del Sindicato de Inquilinas y recibió el respaldo de las principales organizaciones sindicales, entre ellas Comisiones Obreras (CCOO) y la Unión General de Trabajadores (UGT), además de otras entidades sociales. Bajo el lema «Salarios, vivienda y precios», reclamaron medidas efectivas para garantizar el acceso a una vivienda digna, reducir los alquileres, combatir la especulación y limitar el negocio de los fondos de inversión inmobiliaria.
Las demandas incluyeron mejoras salariales, reducción de la jornada laboral, eliminación de la precariedad y defensa de los servicios públicos. Los sindicatos consideraron que el problema habitacional no podía separarse de la pérdida de poder adquisitivo de los trabajadores. La imposibilidad de afrontar los gastos, incluso entre personas con empleo, constituye una expresión de las contradicciones del mercado laboral y el modelo económico.
Huelga con interpretaciones enfrentadas
La movilización tuvo un seguimiento desigual según los territorios y sectores económicos. CCOO y UGT la calificaron de exitosa y destacaron la participación en industrias, transporte, logística y grandes centros productivos. En sus primeros balances, las organizaciones sindicales situaron el seguimiento entre el 41 % y más del 80 % en diferentes comunidades autónomas. Cataluña y Andalucía registraron algunos de los mayores niveles de participación. La patronal, representada por la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE), ofreció una lectura radicalmente distinta: estimó que la incidencia de la jornada fue inferior al 5 por ciento.
Varios reportes afirman que las manifestaciones celebradas durante esa tarde reunieron a decenas de miles de personas. En Barcelona, la Guardia Urbana contabilizó 40 mil participantes. También hubo protestas en Madrid y otras ciudades, así como incidentes entre piquetes y fuerzas policiales. El Ministerio del Interior informó de 42 detenidos y 653 incidentes.
Aunque las diferencias en las cifras de participantes son extremas, existe consenso acerca de que la huelga consiguió colocar la vivienda y el poder adquisitivo en el centro de la discusión política, justo a las puertas del inicio oficial de la campaña electoral. La movilización también puso de manifiesto que el descontento social no se dirige exclusivamente contra un partido: se responsabilizó a los distintos gobiernos y a los sectores económicos beneficiados por la especulación inmobiliaria.
Los candidatos salen de los mítines
La campaña ha trasladado parte de la disputa política a espacios televisivos y plataformas digitales, en busca de un electorado que ya no se informa ni participa de la misma manera que años atrás. Uno de los escenarios más llamativos ha sido La Revuelta, programa de Televisión Española conducido por el humorista David Broncano, que ha recibido a varios de los principales candidatos. Pedro Sánchez, Alberto Núñez Feijóo, Irene Montero, Gabriel Rufián, Santiago Abascal y Ada Colau han pasado por ese espacio o tienen previsto hacerlo. Algunos repiten incluso en El Hormiguero, otro programa de alta tele audiencia:
La participación de los dirigentes en este tipo de propuestas televisivas de entretenimiento evidencia la importancia que le conceden a la comunicación directa, especialmente para atraer a votantes jóvenes y a quienes todavía no han decidido su voto. En sus intervenciones públicas, Sánchez intenta presentar las elecciones como una disyuntiva entre continuidad y retroceso social. Su mensaje insiste en que no todos los proyectos políticos ofrecen las mismas garantías para los derechos conquistados.
Feijóo, líder del Partido Popular (PP), concentra sus críticas en el desgaste del Ejecutivo, al que atribuye una profunda degradación institucional. Su discurso busca capitalizar el descontento con la gestión gubernamental y presentarse como alternativa de estabilidad. Santiago Abascal, presidente de Vox, endurece todavía más el enfrentamiento. Ha llegado a calificar de -mafia criminal- al Gobierno de Sánchez, una expresión que refleja el tono de confrontación de la extrema derecha.
A la izquierda del PSOE, las diferencias entre las organizaciones también pesan en la campaña. Frente Amplio, Podemos y otras fuerzas intentan conservar un espacio propio y evitar que el voto progresista se concentre exclusivamente en los socialistas.
¿Qué dicen las encuestas?
Los sondeos publicados en los días previos al inicio oficial de la campaña dibujan un panorama incierto, aunque con frecuencia otorgan ventaja al Partido Popular. El promedio de encuestas privadas sitúa al PP alrededor del 31 % de intención de voto, frente a aproximadamente el 26 % del PSOE. Vox aparece en torno al 19 %, mientras las formaciones situadas a la izquierda de los socialistas mantienen porcentajes considerablemente menores que en los anteriores comicios.
Algunos estudios proyectan que una alianza parlamentaria entre PP y Vox podría superar los 176 escaños necesarios para alcanzar la mayoría absoluta en el Congreso de los Diputados, integrado por 350 representantes.
Sin embargo, el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), organismo público encargado de estudios demográficos, publicó el 12 de noviembre una estimación muy diferente: atribuye al PSOE un 33,3 % de los votos y entre 134 y 143 diputados, mientras el PP obtendría un 25,5 % y entre 98 y 106 escaños. La distancia entre ambos pronósticos confirma que la movilización electoral, la distribución territorial del voto y la capacidad de las fuerzas progresistas para coordinarse serán factores determinantes.
¿Qué cambiaría si pierde Sánchez?
Una victoria del PP no significaría necesariamente un cambio automático de gobierno. Feijóo necesitaría reunir los apoyos parlamentarios suficientes para ser investido presidente, escenario en el que Vox tendría un papel decisivo. Si ambas organizaciones consiguieran pactar para formar mayoría, España podría experimentar un giro político hacia posiciones más conservadoras y de derecha radical.
Entre los asuntos susceptibles de experimentar cambios figuran las políticas de vivienda, la legislación laboral, las medidas de igualdad, la política migratoria, la transición ecológica y la financiación de los servicios públicos. El PP ya ha anunciado su intención de revertir parte de las medidas gubernamentales sobre vivienda y propone impulsar la construcción de un millón de inmuebles mediante incentivos fiscales y modificaciones regulatorias. Vox, por su parte, defiende posiciones más restrictivas en materia migratoria y cuestiona distintas políticas de igualdad y derechos sociales.
También podría modificarse la relación del Gobierno español con sus aliados europeos y sus prioridades en política exterior. Para los trabajadores, el desenlace tendrá especial importancia. La huelga del 11 de noviembre dejó claro que algunos temas, como el acceso a la vivienda y la capacidad de los salarios para sostener una vida digna reclaman respuestas inmediatas.
El próximo 29 de noviembre los españoles decidirán. El resultado trascenderá las fronteras nacionales y se sumará a la puja de fuerzas políticas que actualmente vive el mundo.
