El anteproyecto de Ley de Educación incorpora enfoques de género, derechos e inclusión, en articulación con el Código de la Niñez, Adolescencias y Juventudes.
Foto: Jorge Luis Baños/IPS
La Habana, 13 nov.- ¿Cómo regular un sistema educativo que atraviesa cambios demográficos, nuevas formas de aprendizaje fuera de las aulas y los desafíos de la transformación digital? Esas son interrogantes que busca responder el anteproyecto de Ley de Educación para Cuba.
Actualmente en consulta pública, la propuesta legal fue concebida para actualizar el marco jurídico que organiza uno de los principales servicios sociales del país.
El anteproyecto, que será sometido a consideración de la Asamblea Nacional del Poder Popular (parlamento unicameral) en diciembre próximo, pretende integrar en un único cuerpo legal principios, derechos y mecanismos de funcionamiento del sistema educativo, en consonancia con la Constitución de 2019 y otras normas aprobadas posteriormente.
De acuerdo con el capítulo de Educación del Anuario Estadístico de Cuba, (edición 2024 y publicado en 2025), el curso escolar 2023-2024 cerró con una matrícula total de 1 840 228 estudiantes, en un contexto de descenso sostenido respecto a los cursos anteriores, cuando la cifra superaba los dos millones.
Esa dinámica demográfica, que combina muy baja fecundidad con una migración creciente y envejecimiento acelerado de la población, es precisamente uno de los factores que la nueva norma jurídica aspira a atender.
Una ley para unificar y actualizar
La fundamentación del anteproyecto reconoce que, aunque la educación cubana ha estado respaldada por numerosas disposiciones jurídicas desde 1959, no existía una ley que integrara de manera articulada todos los componentes del Sistema Nacional de Educación.
Entre las modificaciones más relevantes se encuentra la definición de la escolarización obligatoria. Según explicó al diario oficial Granma la viceministra de Educación, Marlen Triana, la norma establece que «será obligatoria la educación en Cuba desde el sexto año de vida de la primera infancia, que es el grado preescolar, hasta el noveno grado».
El texto también prevé mecanismos para reconocer y certificar conocimientos adquiridos mediante experiencias laborales o aprendizajes no formales. La viceministra ejemplificó que una persona que haya aprendido un oficio de manera autodidacta y pueda demostrar sus habilidades podrá recibir una titulación que lo certifique.
Género y derechos
El anteproyecto de Ley de Educación no solo ordena el sistema educativo, sino que incorpora de manera explícita un enfoque de género y de derechos. La propia fundamentación de la normativa menciona explícitamente su coherencia con los artículos 40, 41 y 42 de la Constitución, que consagran la dignidad humana, la igualdad y la no discriminación como valores supremos
El cambio, de concretarse, no sería menor.
Investigaciones académicas cubanas previas han valorado que el sistema educativo «ha heredado, y reproduce, los prejuicios, estereotipos y construcciones sociales que legitiman desde la cotidianidad la subordinación de la mujer», refiere el artículo Crecer sin miedo: la urgencia de educación con enfoque de género en Cuba, publicado en 2025 por la revista mexicana Desafíos Educativos.
Igualmente, el texto, firmado por Aliuska Brizuela, asevera que la educación cubana «carece de un enfoque de género real».
En línea con ese análisis, la investigadora Danay Puisseaux, del Centro de Estudios sobre la Juventud de Cuba, señala que «es necesario incluir los debates sobre género en los espacios educacionales» y que «no existe una iniciativa exclusiva de las universidades cubanas» en materia de igualdad de género según el artículo Empoderamiento de la mujer e igualdad de género en la Cuba revolucionaria: una radiografía contemporánea, publicado por la revista Universidad de La Habana en 2026.
La articulación del anteproyecto de Ley de Educación con el Código de la Niñez, Adolescencias y Juventudes (Ley 178/2025) es igualmente explícita.
El primero «desarrolla las disposiciones del Código de la Niñez, Adolescencias y Juventudes relativas al derecho a la educación y a la protección de derechos en el ámbito educativo, y establece los mecanismos para su aplicación por las autoridades, los organismos formadores y las instituciones educativas», indica la argumentación de la propuesta de ley.
Triana lo confirmó: la norma busca «armonizar los derechos, deberes y responsabilidades relacionados con la educación con lo establecido en el Código de las Familias y el Código de la Niñez, Adolescencias y Juventudes», e incorpora cuestiones como «la participación, el interés superior del menor y la protección frente a la violencia».
Los nudos del debate
Criterios recogidos durante el proceso de consulta especializada con organismos e instituciones han puesto sobre la mesa varios asuntos sensibles. Entre ellos, figura la necesidad de regular y supervisar las actividades educativas desarrolladas por las formas de gestión no estatal, así como la atención a los llamados repasadores.
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Fuente: Ministerio de Educación. |
Otro tema recurrente ha sido la inclusión educativa. Quienes participan de las consultas han insistido en la importancia de garantizar recursos, apoyos, accesibilidad y ajustes razonables para estudiantes con diferentes necesidades.
Asimismo, se ha planteado la importancia de fortalecer la preparación para el empleo y los vínculos entre la formación y las demandas de cada territorio.
Más allá de ordenar el marco legal, el anteproyecto intenta responder a desafíos que apenas existían cuando fueron concebidas muchas de las regulaciones vigentes. Entre ellos aparecen la transformación digital, la ciberseguridad y el uso crítico y ético de la inteligencia artificial en los procesos de enseñanza y aprendizaje.
En materia de financiamiento, la norma refrenda la Transformación Económica y Social 67, de las medidas economicas aprobadas en junio de 2026 en la nación caribeña, que permite diversificar servicios educativos de posgrado, capacitación y cuidados.
«Seguimos siendo presupuestados, pero vamos a poder hacer uso de financiamiento complementario para continuar favoreciendo los procesos educativos», afirmó Triana.
Un proceso de consulta amplio
La elaboración de la propuesta involucró a más de 25 organismos, organizaciones e instituciones académicas, entre ellas el Instituto Central de Ciencias Pedagógicas, el Centro de Estudios de la Juventud y la Universidad de La Habana. El grupo de trabajo sesionó entre 2023 y 2025 y realizó una consulta especializada con organismos formadores.
Como parte del proceso, se ha concebido un recorrido por todas las provincias con plenarias de representantes. El Ministerio de Educación mantiene abiertos canales para recibir opiniones antes de la presentación definitiva del proyecto ante el parlamento. (2026)
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