Entran sin identificarse, como un cliente más. Husmean, preguntan, intentan comprar algo. Cuando ya tienen lo que buscaban, mandan a llamar al titular. Entonces aparece el carné que lo acredita como inspector, y con él la lista de regulaciones, artículos y cifras que crecen a medida que el dueño del negocio se encoge: 5 mil pesos por esto, 80 mil por aquello y otra cifra mayor si el producto, dicen, está vencido. Luego llega el giro. Un aparte, un rincón lejos de la cámara de vigilancia, y la propuesta: “Lo podemos arreglar”.
En Cuba, multar se ha convertido, literalmente, en un oficio mejor pagado. El problema no es que el Estado fiscalice. Es que convirtió la multa en indicador de éxito y puso encima de la cadena a inspectores con una capacitación —o compromiso— insuficiente, salarios bajos y cuotas de recaudación que transforma al contribuyente en una fuente de ingresos fiscales por la vía de la multa arbitraria.
Un modus operandi que se perfecciona
Jorge Gutiés Sánchez, trabajador por cuenta propia (TCP) en el municipio de Marianao y miembro del Consejo Nacional de la Central de Trabajadores de Cuba (CTC), lleva casi 30 años en el sector no estatal. Asegura haber visto cómo el método se afina. Según su testimonio y los que recoge el sindicato, hay inspectores de la Dirección Integral de Supervisión (DIS) que piden la documentación, el proyecto de trabajo y el contrato, y luego “dimensionan” una violación menor hasta convertirla en una multa descomunal.
“Muchas veces usan el chantaje emocional de retirarte del proyecto”, explica. La multa de 72 mil pesos, por ejemplo, existe para negociarla y sacar 10 mil o 15 mil. La amenaza se refuerza con el decomiso, y el TCP cede al chantaje. Ahí radica la trampa jurídica. La multa es legal y el negocio está en una inspección. “¿Cómo vas a decir que te están extorsionando si te ponen una multa por una violación?”, cuestiona. Los inspectores, añade, “buscan alternativas que no puedas grabar”, porque sería una prueba convincente.
Los entrevistados para este reportaje coinciden en que el proceso carece de transparencia. Javier, también cuentapropista en el municipio de Plaza de la Revolución, advierte que hay quienes se presentan con la orden de inspección en blanco, entran al establecimiento y, si detectan algo, rellenan los datos afuera. Leanet Hidalgo Pérez, del Bazar Toño, en Playa, relata que los inspectores llegan sin identificación y “engordan el problema” que hallan citando artículos y resoluciones que el dueño no tiene manera de verificar en ese momento.
Chayanne Ledesma, administrador del establecimiento Chanchos, también en Playa, describe otra táctica. Los inspectores no señalan todo en una visita, sino que dosifican los hallazgos para volver otras veces en el mismo mes, aunque la norma (Decreto 100, Reglamento de la Inspección Estatal) limita las visitas a una mensual. Vienen en pareja y se nota “la dinámica del bueno y el malo”.
“Uno no sabe cómo enfrentarlos”. Así resume su experiencia Gabriel, un espirituano que ejerce como TCP hace cuatro años. Según su testimonio, las multas pueden ser varias en un mismo mes, muchas veces por problemas relacionados con el justificante de la procedencia de los productos.
La otra cara, el control
Yalili Sánchez Romero, jefa de grupo de la Dirección de Inspección Provincial (DIP) de La Habana, defiende la importancia de la labor de ese cuerpo para el enfrentamiento a las ilegalidades y la protección de los consumidores.
Sobre el procedimiento de trabajo, explica que los inspectores deben salir de las oficinas municipales o provinciales con una orden que contenga la dirección exacta del establecimiento que visitarán. Aclara que el documento no necesariamente incluye el nombre del titular, pues las redes de establecimientos que utilizan para organizar las inspecciones requieren una actualización constante.
Respecto a la frecuencia de las inspecciones, en el caso de los TCP, precisa que pueden ser verificados nuevamente si reinciden en una infracción, aunque la norma establece una visita al mes.
Al valorar la función de la DIP, Sánchez Romero considera que este trabajo tiene importancia para la economía, pues contribuye a la recaudación de ingresos para el presupuesto estatal mediante el cobro de multas. Sin embargo, lamenta que la percepción social sobre los inspectores haya cambiado y que existan numerosas opiniones negativas sobre su desempeño.
Lorena del Pilar Pérez López, inspectora integral de la DIP en Sancti Spíritus, reconoce que ejerce una labor compleja y no siempre bien recibida por la población.
“Las sanciones responden a la gravedad de las infracciones y no todas las inspecciones terminan con una multa. En determinados casos se advierte al infractor y se realiza una labor de concientización, especialmente si se trata de la primera violación. Cuando llegamos a un TCP con una conducta reincidente, sí hay que multar”, sostiene. La inspectora defiende el cumplimiento del Código de Ética y asegura que hasta la fecha no ha chocado con el soborno.
Sara Luna Triana, quien acumula 30 años de experiencia en el cuerpo de inspectores espirituano y es su actual jefa de grupo, aclara que existe un plan de inspecciones y un índice de detección, pero no un plan de multas. Hasta el cierre de septiembre ejecutaron 28 mil 298 acciones de control en esa provincia central. Como resultado se aplicaron 29 mil 959 multas con un importe de 56 millones 775 mil 135 pesos.
Para Eduardo Rodríguez Marín, director de la DIP en dicho territorio, la actividad ha ganado complejidad dado el crecimiento de los nuevos actores económicos y la disminución de los inspectores. “Es complicado completar la plantilla. Nadie quiere buscarse problemas. Hacemos el mayor esfuerzo para que lleguen a nosotros con capacitación, que tengan buena conducta social y sin antecedentes penales. Funciona una comisión que hace verificaciones en el barrio y realiza los exámenes de ingreso a la institución”.
El entrevistado rechaza el criterio de que existe corrupción institucionalizada. “En la provincia sí tuvimos este año un hecho de indisciplina. No conllevó un proceso judicial. El inspector fue separado de su puesto a raíz de una conducta impropia. Un mal comportamiento en el lugar de la inspección derivó en una queja. Se actuó en consecuencia con el Código de Ética”.
Pagar para trabajar tranquilo
Para algunos, ceder es una decisión de cálculo. Luisa, cuentapropista del municipio de Plaza de la Revolución, lo dice sin rodeos: “Yo sí les doy mi dinero porque necesito de alguna manera tener tranquilidad para trabajar”. Incluye ese gasto en su ficha de costos. Según su testimonio, el cobro puede ser mensual y organizado, con un jefe de grupo que envía a alguien a recoger el dinero.
Jorge Gutiés describe el círculo vicioso: quien paga una vez queda marcado. “Los inspectores la cogieron con los TCP que trabajan en La Cuevita, en el Puente de 100, en la Güinera” en La Habana. Advierte que si en una semana se llevan 10 mil pesos por cada 10 quioscos, “¿cómo no van a volver a la siguiente?”.
Asegura que los que tienen esa conducta cuando se van de la DIS, dejan el mapa de los negocios dispuestos a pagar. “Es una cadena. Es cíclico”.
En su opinión, el segundo círculo es la selección de las víctimas. El inspector corrupto prefiere al cuentapropista con contrato de arrendamiento y local fijo, porque cualquier incidencia grave pone en riesgo su estancia. Mientras, el vendedor ilegal de pollo, huevo o aceite, etc. trabaja a la vista de todos.
Los entrevistados también coinciden en que los cuerpos de inspección no operan igual. Los de Higiene y Epidemiología, la Oficina Nacional de Administración Tributaria (Onat) y los de Finanzas y Precios reciben elogios. Chayanne Ledesma subraya que los inspectores de esas áreas le muestran dónde está la incidencia para que la corrija. El señalamiento se concentra en la DIS.
Inspeccionar al inspector
Cristina Ramos, en Santiago de Cuba, lleva más de dos decenios inscrita como TCP, y sus experiencias en materia de inspecciones e inspectores suman más hojas que los libros de registros de los huéspedes a los que les ha alquilado habitaciones.
“Cuando comenzamos en este negocio no éramos muchos los arrendatarios. Recibí inspectores hasta en horas de la madrugada. Llegué a sentirme acosada. Era una suerte de persecución, casi obsesiva. Viví momentos muy desagradables porque la gran mayoría de ellos eran agresivos, groseros, con total falta de ética. Formulé quejas al respecto a diferentes instancias y organismos, incluida la Fiscalía, pero siempre tuve la callada por respuesta”, cuenta.
Cristina reconoce que al principio algunos arrendadores cometieron no pocas violaciones, incluso con implicaciones legales, “pero eso nunca justificó que nos supervisaran asumiendo de antemano que todos éramos harina del mismo costal”.
Otros cuentapropistas santiagueros coincidieron en que “los inspectores llegan con portafolios grandes, prestos a llenarlos. Antes eran más de cargar mercancías; ahora la tendencia es tomar dinero en efectivo”.
Según los TCP el primer fallo que detectan es el punto de partida para desatar la extorsión: “esto podemos arreglarlo de otro modo”. Es el pie forzado y sabemos lo que significa.
Cobrar poco, multar mucho
El diseño salarial alimenta el fenómeno. Según la Resolución 7/2022 del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, publicada en la Gaceta Oficial Extraordinaria no. 26, del 2022, los inspectores municipales percibían 5 mil 60 pesos mensuales y los provinciales 250 pesos más. En la actividad de supervisión los salarios iban desde 5 mil 810 pesos para un supervisor municipal hasta 7 mil 830 pesos para un jefe de grupo en La Habana.
El 18 de diciembre del 2024 se anunció en la Asamblea Nacional del Poder Popular la aprobación de “un sistema de pago por la eficacia del trabajo de los inspectores, de las direcciones de inspecciones y de los trabajadores de las oficinas de control y cobros de multas”, según Cubadebate.
Yalili Sánchez Romero, jefa de grupo de la DIP en La Habana, admite que existe una relación entre el sistema de pago por resultados y la cantidad de multas cobradas, no las impuestas.
“Por orientaciones de los organismos superiores tienes que ponerte un plan diario porque la imposición tiene que subir. A veces hay que salir a recuperar lo pendiente”, y por eso si en días anteriores el promedio de multas eran seis, la cifra tiene que cambiar y ser superior, explica.
Vincular el ingreso al resultado puede empujar a más multas, a multas desproporcionadas o a cobros irregulares. Javier ve esto como un problema estructural que ubica al inspector en una posición de poder, con un salario básico insuficiente. “Esa es la receta perfecta para la corrupción, no solo en Cuba, sino en cualquier lugar del mundo”.
Luisa teme que la estrategia para cubrir el déficit fiscal descanse en las multas. Las cifras oficiales sugieren la escala del esfuerzo. Según explicó a la Agencia Cubana de Noticias, Dania Rubio García, directora de Inspección del Ministerio de Finanzas y Precios (MFP), 17 mil 929 centros presentaron irregularidades o incumplimientos durante el Ejercicio Nacional de Enfrentamiento a las Violaciones de Precios, realizado del 19 al 21 de febrero último, tras más de 25 mil 100 inspecciones en toda Cuba. El mensaje oficial es de firmeza y de tolerancia cero ante lo mal hecho.
La mirada del sindicato
Niuris Cabrera Ibáñez, secretaria general del Sindicato Nacional de los Trabajadores de la Administración Pública, manifestó que han recibido numerosas quejas sobre la actuación de inspectores de la DIS, relacionadas con presuntos maltratos, sobornos y actuaciones que, según afirma, han afectado el prestigio de la institución en el país.
Explica que estas inconformidades se remontan a la etapa de los TCP, antes de la expansión de las mipymes y las cooperativas no agropecuarias. Frente a esta situación, el sindicato ha abordado el comportamiento de los inspectores en asambleas de afiliados, consejos de dirección y matutinos, en los cuales han insistido en la necesidad de actuar con disciplina, transparencia y apego a la legalidad.
Entre las quejas menciona las inspecciones reiteradas a determinados trabajadores no estatales y el trato que reciben durante esos procedimientos. Cita como uno de los reclamos el siguiente: “Me atacan a mí, que estoy bajo los basamentos legales, mientras que al que está al lado, indocumentado, no le pasa nada”.
La representante sindical considera que estas cuestiones también guardan relación con la preparación y selección del personal. A su juicio, no cualquiera puede desempeñarse como inspector integral, pues la función exige conocimientos, compromiso y lealtad.
Cabrera Ibáñez precisa que han insistido en la importancia de que los inspectores adviertan primero sobre las infracciones y, si estas persisten en visitas posteriores, apliquen las medidas establecidas.
No obstante, los intercambios y llamados de atención, continúan las insuficiencias en el desempeño de algunos trabajadores de la DIS, que han perjudicado la institución y limitado el cumplimiento de sus funciones.
Jorge Gutiés, quien es además secretario general del Buró Extraterritorial de los Nuevos Actores Económicos de la Inmobiliaria Habana, cuenta que ha entregado informes al Ministerio de Comercio Interior y al Gobierno de La Habana. “Es lo que nosotros podemos hacer: plantear este fenómeno a las máximas autoridades”. Admite que la respuesta no está a la altura de un problema tan grave como la corrupción organizada de quienes “amparados por un carné de inspector”, la practican a diario.
Sin apartarse de la ley
Una multa debería ser el resultado de una infracción comprobada, no el punto de partida de un pacto. Para que la inspección cumpla su rol, tanto quienes fiscalizan como quienes son fiscalizados tienen que conocer la ley: los primeros, para aplicarla con rigor y sin arbitrariedades; los segundos, para saber cuáles son sus derechos, sus obligaciones y cómo defenderse ante un procedimiento irregular. Sin ese conocimiento la legalidad queda expuesta a interpretaciones interesadas y el desconocimiento puede convertirse en una herramienta de abuso.
Ninguno de los entrevistados que cuestionó la actuación de algunos inspectores propone eliminar las inspecciones. Valoran que son necesarias para proteger a los consumidores, detectar ilegalidades y garantizar el cumplimiento de las normas. Lo que reclaman es que se realicen con transparencia, preparación, respeto y apego a la ley.
El desafío no consiste en renunciar al control, sino en recuperar su sentido. Si la multa se convierte en un objetivo y el inspector actúa al margen de las garantías que debe proteger, se desvirtúa la función pública y se debilita la confianza en las instituciones. La autoridad no se demuestra por la cantidad de multas impuestas, sino por la capacidad de hacer cumplir la ley sin apartarse de ella.
Algunos entrevistados prefirieron ocultar su identidad para evitarse complicaciones en su trabajo.
Acerca del autor
Periodista cubana. Máster en Ciencias de la Comunicación. Profesora Auxiliar de la Universidad de Oriente. Guionista de radio y televisión.
