La precariedad material, el desabastecimiento de alimentos y el cese de los subsidios nutricionales profundizan el deterioro cotidiano de los pacientes con VIH en Cuba, quienes enfrentan el desabastecimiento de alimentos y medicamentos tras la suspensión de las ayudas estatales. Entre los afectados se encuentra Yoel Morales, diagnosticado con el virus en 2005 y residente en la provincia de Cienfuegos, quien habita desde hace 47 años en una vivienda precaria sin títulos de propiedad que le permitan gestionar reparaciones oficiales ante los organismos gubernamentales. Morales relató que el cuarto donde pernocta se mantiene a resguardo únicamente por unas planchas de techo que compró con recursos propios hace una década. Sin embargo, carece del respaldo legal para solicitar materiales de construcción a la Dirección de la Vivienda y a los Comités de Defensa de la Revolución (CDR). Su vida diaria transcurre entre la búsqueda de ingresos informales y severas limitaciones para alimentarse. “A veces no como un plato fuerte; como arroz, lo que consiga”, señaló Morales, quien también explicó que la falta de electricidad y el alto costo del carbón lo obligan a recolectar leña para cocinar sus alimentos en un fogón improvisado. A las penurias habitacionales se suma la marginación laboral y el estigma social. Morales denunció que, pese a desempeñarse como promotor de salud, ha sufrido el rechazo al intentar obtener empleo en labores de limpieza dentro de viviendas particulares. En el ámbito sanitario, el paciente afirmó que, fuera del personal especializado de su sala habitual, varios médicos manifiestan actitudes discriminatorias: “Tratan a uno como si uno tuviera la peste bubónica. No sé dónde está la ética médica en Cuba”, afirmó. El fin de las dietas alimentarias y la falta de suministros asistenciales Las dificultades de subsistencia para los pacientes con VIH empeoraron a partir del recorte de las dietas médicas normadas. Históricamente, las personas diagnosticadas recibían una canasta complementaria que incluía: Para compensar el desgaste físico ocasionado por la infección. Morales confirmó que estas asignaciones desaparecieron de las bodegas estatales: “Se lo quitaron porque dicen que no había presupuesto para pagar eso a todos los pacientes”. La supresión de estos programas responde a la profunda crisis económica que atraviesa la isla, caracterizada por la escasez de divisas y el colapso productivo. Aunque las autoridades del régimen cubano afirman que mantienen la cobertura social, diversos colectivos y activistas independientes han denunciado la falta constante de suplementos vitamínicos, reactivos para análisis de carga viral y linfocitos CD4, e interrupciones en el suministro de fármacos antirretrovirales en las farmacias hospitalarias, factores que comprometen el control clínico de la enfermedad. La situación de vulnerabilidad coexiste con un escenario estadístico que muestra contrastes en el plano demográfico y de salud pública. Según los registros más recientes del Ministerio de Salud Pública (Minsap), Cuba contabilizó un total de 35,373 personas viviendo con VIH en 2025. Esta cifra sitúa la prevalencia del virus en un 0.4% de la población insular, un registro que se posiciona por debajo del promedio de América Latina, estimado en 0.7%. Sin embargo, el ritmo de contagios aumentó con el paso de los años. En 1990 se registraban diez nuevas infecciones anuales por cada 100 mil habitantes sanos, mientras que para 2025 la cifra subió a 15. Aunque los datos muestran un leve alivio desde 2022 y la isla presenta mejores números que el promedio del continente americano, el nivel de transmisiones en Cuba se mantiene por encima de la media mundial. A este escenario se suman la falta de comida y la escasez de insumos médicos, dos factores que ponen en riesgo el control del virus alcanzado en décadas anteriores.
