Aproximadamente 980,000 personas fueron deportadas durante los primeros 18 meses del segundo mandato de Donald Trump, y el 80% de ellas no tenía ningún antecedente penal, según un análisis publicado este jueves por el Migration Policy Institute (MPI), un grupo de investigación apartidista.

El hallazgo contradice directamente la promesa central de la campaña de Trump: que las deportaciones masivas estarían dirigidas contra «lo peor de lo peor», es decir, asesinos, violadores y miembros de pandillas.

El estudio fue elaborado por Marc Rosenblum, quien antes de incorporarse al MPI dirigió la Oficina para Estadísticas de Seguridad Nacional (OHSS) del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), el organismo encargado precisamente de recopilar esas cifras.

Del 20% que sí tenía algún historial criminal, aproximadamente la mitad de los cargos reportados corresponden a infracciones de tránsito o al cruce irregular de la frontera, no a delitos violentos o graves.

«No es el caso que la mayoría de las condenas son por delitos violentos o graves», señaló Rosenblum, y añadió: «Creo que al enfocarse tan ampliamente en deportar a cuanta gente sea posible, eso dificulta enfocarse en deportar a cuantos criminales sea posible».

El análisis cubre el periodo comprendido entre el 20 de enero de 2025 y el 31 de julio de 2026, y fue posible gracias a datos obtenidos mediante solicitudes de acceso a la información pública (FOIA), ya que el DHS dejó de publicar estadísticas detalladas sobre deportaciones desde el inicio del mandato.

La cifra de 980,000 expulsiones también queda por debajo de la meta de un millón de deportaciones anuales que prometió la Casa Blanca, y es inferior al 1.1 millones que el propio gobierno ha presumido públicamente.

Un dato que agrava el contraste: incluso contando únicamente las deportaciones de personas con antecedentes penales, los números del segundo mandato de Trump son más bajos que los registrados durante las administraciones de Bush y Obama.

«Incluso con todos los recursos que la actual Administración ha dedicado a arrestar y deportar a gente, si vemos los números en comparativos anuales están por debajo de los niveles altos que llegamos a ver durante los Gobiernos de Bush y de Obama», reconoció Rosenblum.

Otro cambio significativo documentado por el análisis del MPI es el perfil de los deportados: la campaña de Trump ha desplazado el foco desde personas recién llegadas a la frontera hacia inmigrantes con años de arraigo en el país.

Entre mayo y julio de 2026, el número mensual de deportados que llevaban al menos dos años en Estados Unidos creció un 77%, pasando de 10,000 a 18,000 casos mensuales respecto al inicio del mandato.

El aumento fue aún más pronunciado entre quienes llevaban una década o más viviendo en el país: esos casos se dispararon un 147%, de 2,400 a 6,000 casos mensuales, entre el primer trimestre de 2025 y el verano de 2026.

En total, un 15% de los 980,000 deportados llevaba al menos diez años en Estados Unidos, y un 61% había residido en el país durante al menos dos años.

El informe también cuestiona las cifras de autodeportaciones que maneja el gobierno. El DHS ha afirmado que otros 2.2 millones de personas salieron «voluntariamente», pero el análisis de Rosenblum estima que esa cifra real se sitúa entre 790,000 y 1.9 millones de casos.

En el caso específico de los cubanos, cerca de 12,000 habían sido deportados durante el segundo mandato de Trump hasta octubre de 2026, según estimaciones recientes.

El presupuesto destinado a las agencias de control migratorio ICE y CBP bajo la administración Trump supera actualmente al de las principales agencias federales de policía y seguridad pública del país, lo que hace aún más llamativo que los resultados en materia de deportación de criminales queden por debajo de los de administraciones anteriores con menos recursos.