El ministro de Relaciones Exteriores de Cuba, Bruno Rodríguez Parrilla, evitó responder directamente si el régimen cubano teme que la orden de arresto emitida en Estados Unidos contra Raúl Castro pueda convertirse en el punto de partida de un escenario semejante al vivido en Venezuela, tras la captura de Nicolás Maduro por fuerzas estadounidenses en enero de 2026.

La pregunta fue formulada por Andrea Rodríguez, corresponsal de Associated Press (AP), durante una conferencia de prensa celebrada en La Habana, en vísperas de la votación anual de Naciones Unidas sobre el embargo estadounidense.

La periodista vinculó la reciente actuación judicial contra el exgobernante cubano con el precedente venezolano y preguntó expresamente: «¿Teme de alguna forma Cuba que esto pueda convertirse en un antecedente de lo que fue Venezuela?».

La interrogante planteaba una cuestión particularmente sensible para las autoridades de La Habana: hasta qué punto las acciones judiciales y la creciente presión de Washington podrían representar una amenaza para la cúpula del poder cubano, después de la operación militar estadounidense que terminó con la captura de Maduro.

Rodríguez Parrilla no respondió a esa posibilidad. En lugar de referirse al precedente venezolano, defendió la figura de Raúl Castro y descalificó la orden judicial estadounidense.

«La orden de detención contra el líder de la Revolución cubana, general de Ejército Raúl Castro Ruz, personalidad histórica reconocida internacionalmente, es un acto infame y estéril», declaró.

Añadió que la medida «no tiene ningún valor legal, no tiene ningún valor ético» y, como había afirmado previamente Miguel Díaz-Canel, tampoco «ningún valor práctico».

El canciller no explicó si las autoridades cubanas consideran posible una escalada de las actuaciones estadounidenses ni qué diferencias encuentran entre la situación actual de Cuba y los acontecimientos que condujeron a la captura del gobernante venezolano.

Una orden de arresto por el derribo de Hermanos al Rescate

Las declaraciones de Rodríguez Parrilla se producen después de que el fiscal general de Florida, James Uthmeier, anunciara una orden de arresto contra Raúl Castro relacionada con el derribo de dos avionetas de la organización Hermanos al Rescate, ocurrido el 24 de febrero de 1996.

El ataque, ejecutado por aviones de combate cubanos sobre aguas internacionales, causó la muerte de cuatro miembros de la organización: Armando Alejandre Jr., Carlos Costa, Mario de la Peña y Pablo Morales.

La nueva actuación judicial busca establecer responsabilidades penales por la operación, que continúa siendo uno de los episodios más graves de violencia del régimen cubano contra ciudadanos y residentes vinculados al exilio.

La orden estatal se suma a las actuaciones federales anunciadas anteriormente por las autoridades estadounidenses contra Castro y otros antiguos mandos militares cubanos.

Aunque su ejecución depende de circunstancias jurisdiccionales y de cooperación internacional, la medida incorpora otra vía judicial contra el exgobernante, que sigue siendo una figura central del sistema político cubano pese a haber abandonado formalmente sus principales cargos.

La Habana ha rechazado estas actuaciones y las presenta como parte de una campaña de hostilidad política promovida desde Estados Unidos.

Venezuela, un precedente que el canciller no quiso comentar

La referencia a Venezuela introduce una dimensión que trasciende el procedimiento judicial contra Raúl Castro.

El 3 de enero de 2026, una operación militar estadounidense culminó con la captura de Nicolás Maduro y su traslado a Estados Unidos para enfrentar cargos penales. El acontecimiento alteró el escenario político venezolano y puso de relieve la disposición de Washington a emplear medios militares para ejecutar una operación contra un gobernante extranjero.

Sin embargo, la situación jurídica de Raúl Castro y la de Maduro no son equivalentes, ni una orden de arresto estatal constituye por sí misma un indicio de que Estados Unidos prepare una operación semejante contra Cuba.

La pregunta de AP apuntaba precisamente a las posibles consecuencias políticas y estratégicas de ese precedente para un régimen estrechamente vinculado al chavismo y que también enfrenta una creciente presión estadounidense.

Rodríguez Parrilla no ofreció una valoración de ese riesgo. En cambio, aseguró que la política de Washington contra Cuba terminará cambiando, ya sea bajo la actual administración o bajo gobiernos posteriores.

«Tengo la convicción de que la política del Gobierno de los Estados Unidos contra Cuba tendrá que cambiar. Tendrá que cambiar o con este gobierno o con el siguiente o con el próximo», afirmó.

El ministro atribuyó la supervivencia del sistema político cubano a la resistencia de la población y a lo que describió como la «gestión eficaz del gobierno, del partido», además de los cambios introducidos en el modelo económico.

También advirtió de que podrían producirse nuevas sanciones y actuaciones contra Cuba durante las próximas semanas.

La respuesta dejó sin resolver la cuestión central planteada por la corresponsal de AP: si La Habana considera que el precedente venezolano representa una amenaza real para sus dirigentes o si descarta que Washington pueda trasladar a Cuba una estrategia semejante.