Un campesino cubano llamado Andrés Manuel Sosa Ramírez denunció públicamente haber recibido una multa de 200,000 pesos por tener su ganado en tierras ociosas, en un video en Facebook que se viralizó y acumuló más de 13 millones de vistas.

«200,000 pesos de multa porque el ganado mío está creciendo en tierras ociosas. ¿Es malo o es bueno?, no tengo ningún  otro delito», afirmó Sosa Ramírez, una frase que resume con crudeza la lógica del sistema agropecuario cubano: sancionar a un productor no por destruir o robar ganado, sino por tenerlo vivo y en crecimiento.

«Es abusivo, y hay más de 200 caballerías de tierra perdidas donde yo vivo», lamentó.

Según dijo, la intención de la Delegación de la Agricultura es quitarle el ganado. «Hasta cuándo la injusticia en este país», expresó.

No es la primera vez que este mismo productor enfrenta una sanción de este tipo. En mayo de 2026, Sosa Ramírez ya había denunciado una multa de 60,000 pesos impuesta por el CENCOP (Centro Nacional de Control Pecuario) por una supuesta «diferencia de edad» en sus animales.

El marco legal que habilita estas sanciones es el Decreto 70/2022 del Consejo de Ministros, aprobado en agosto de 2022, que actualizó el régimen sancionador sobre el control y registro del ganado mayor.

Bajo esa norma, no declarar nacimientos, muertes o faltantes de ganado cuesta 10,000 pesos por cada animal; no actualizar los datos del registro implica una multa de 20,000 pesos; y poseer ganado no inscrito puede costar hasta 20,000 pesos por cabeza más el decomiso del animal.

A esa presión se suma la Resolución 20/2025 del Ministerio de Finanzas y Precios, que establece un impuesto por ociosidad de tierras agrícolas y forestales: si el campesino no usa la tierra, paga impuesto; si la usa con ganado sin los registros perfectamente actualizados, también paga multa.

La paradoja se vuelve más evidente al comparar las cifras. El gobierno fijó en marzo de 2026, mediante el Acuerdo 9845 del Consejo de Ministros, un precio máximo de 75 pesos por kilogramo para toros de primera categoría, lo que equivale a apenas 37,500 pesos brutos por un animal de 500 kilogramos -una fracción de los 200,000 pesos de multa que enfrenta Sosa Ramírez.

Este caso no ocurre en el vacío. Cuba ha perdido más de 900,000 cabezas de ganado vacuno desde 2019, y al cierre de 2024 el hato nacional era de apenas unos tres millones de animales, casi 400,000 menos que el año anterior.

En 2024 se registraron 58,963 muertes de reses y 7,143 sacrificios clandestinos en todo el país. En Villa Clara, más de 15,000 reses murieron solo en agosto de 2025.

Una fiscalización nacional realizada entre marzo de 2024 y enero de 2025 detectó 181,854 irregularidades en el control de la masa vacuna cubana, lo que revela la magnitud del descontrol estructural que el propio régimen reconoce.

Ante ese colapso productivo, la respuesta del gobierno no ha sido incentivar a quienes logran mantener y hacer crecer su ganado, sino aplicar más controles, más burocracia y más multas.

Otro campesino cubano resumió en abril de 2026 la situación con una frase que también circuló ampliamente: «Me roban y ellos son los dueños», en referencia a la posición de las autoridades cuando un productor pierde animales por robo y el Estado le exige responder por ellos de todas formas.