Martha está embarazada. La noticia llega de golpe, luego de un test positivo. Confirma lo que su cuerpo delgado ya gritaba, con un malestar general poco frecuente.
Martha tiene solamente 14 años y la cuerda floja se rompe con ella encima. Una amiga es su cómplice; contarles a sus padres es un reto que debe enfrentar. Martha tiene miedo. Su futuro ahora es un sueño que puede cambiar para siempre.
Esta es la historia de muchas niñas; de muchas familias.
El embarazo en la adolescencia es una preocupación social y sanitaria que no admite indiferencia. Según las estadísticas del Programa de Atención Materno Infantil en Sancti Spíritus, al cierre de la segunda semana del mes de octubre el índice alcanza el 15.8 por ciento, con 236 gestantes menores de 18 años.
La cifra, por sí sola, debería movilizar a familias, escuelas, comunidades e instituciones, especialmente en los municipios de Taguasco, Yaguajay, Sancti Spíritus, La Sierpe y Jatibonico, donde se concentra la mayor incidencia; los dos últimos, por encima de la media del territorio.
No se trata sólo de un indicador estadístico. Detrás de cada caso existe una muchacha que enfrenta cambios físicos, emocionales y sociales para los cuales, en muchas ocasiones, todavía no está preparada.
La maternidad temprana puede interrumpir los estudios, limitar proyectos personales y aumentar los riesgos para su salud y la del bebé. También implica situaciones de dependencia económica, desigualdad y vulnerabilidad familiar.
Sin embargo, sería injusto reducir el problema a la responsabilidad individual de las jóvenes. El embarazo adolescente suele estar relacionado con la falta de información adecuada, el acceso insuficiente a métodos anticonceptivos, la comunicación limitada en el hogar y la ausencia de espacios seguros para hablar sobre sexualidad. En algunos casos, también intervienen la presión de la pareja, la violencia y las relaciones desiguales.
Por eso, la prevención no puede basarse en regaños, silencios ni prejuicios. Los adolescentes necesitan educación sexual integral, clara y responsable, que les permita conocer su cuerpo, identificar riesgos, ejercer sus derechos y tomar decisiones coherentes.
La escuela debe desempeñar un papel esencial, pero no puede actuar sola. Las familias tienen que escuchar sin juzgar; los servicios de salud deben garantizar que las familias conozcan que pueden acudir a los espacios creados con el fin de orientar de manera confidencial; y debería contar con métodos anticonceptivos, hoy muy escasos.
Los municipios con peor situación requieren una atención priorizada. No basta con registrar los casos; es necesario investigar sus causas, identificar las comunidades más afectadas y diseñar acciones concretas de acuerdo con cada realidad.
Las campañas de prevención deben alejarse de los mensajes generales y llegar a los barrios, centros educativos y hogares con lenguaje comprensible, cercano y respetuoso.
Resulta pertinente también acompañar a las adolescentes que ya están embarazadas. Prevenir nuevos casos no significa abandonar a quienes necesitan atención. El seguimiento médico, el apoyo psicológico, la continuidad de los estudios y la protección frente a cualquier forma de violencia hoy son garantías, y no es casual. La máxima dirección del país presta especial atención al asunto e insta contantemente a la participación activa de las instituciones.
El índice de embarazo adolescente en la provincia constituye una señal de alarma por lo que significa para la sociedad, las muchachas y quienes les rodean.
Asegurar una oportunidad de cambio depende de la voluntad colectiva.
Cada embarazo adolescente que se prevenga mediante información y apoyo será una posibilidad para que sean menos las jóvenes que, como Martha, rompen sus sueños. Ellas merecen la posibilidad de construir su proyecto de vida y decidir cuándo y cómo formar una familia.
