El Observatorio Cubano de Derechos Humanos (OCDH) emplazó al Tribunal Supremo Popular (TSP) y a la Fiscalía General de la República (FGR) para que asuman sus responsabilidades institucionales en el caso del periodista independiente Henry Constantin, quien cumplió un mes de encarcelamiento arbitrario el 16 de octubre, según informó el Diario de Cuba. El periodista permanece detenido mientras las autoridades penales intentan abrirle una nueva causa y ordenaron su traslado a una celda de castigo. Según el medio, el OCDH presentó una queja formal ante la Fiscalía Provincial de Camagüey, con copia a la Fiscalía Militar competente, por las “graves irregularidades” que, a juicio de la organización, rodean el proceso. La denuncia solicita investigar un posible montaje destinado a imputar a Constantin un nuevo delito, después del supuesto hallazgo de un cuchillo entre sus pertenencias durante una requisa penitenciaria. El OCDH también señaló que no ha sido confirmada la localización de su expediente penal. De acuerdo con la información publicada por Diario de Cuba, el Tribunal Municipal de Camagüey comunicó inicialmente la devolución del expediente a la Fiscalía y posteriormente aseguró que lo había remitido el 9 de octubre. Sin embargo, ninguna de las instituciones judiciales y fiscales consultadas habría confirmado la recepción del documento. La falta de confirmación, advirtió el OCDH, obstaculiza el ejercicio efectivo de la defensa y prolonga la incertidumbre procesal. La organización consideró que esa situación genera sospechas sobre posibles interferencias jerárquicas o políticas en las decisiones judiciales. El Observatorio reclamó a la Fiscalía General de la República una investigación objetiva, exhaustiva y libre de interferencias, además de la preservación de las pruebas y la identificación de los posibles responsables. Al Tribunal Supremo Popular le exigió aclarar las irregularidades en la tramitación judicial y garantizar la independencia de los jueces. La organización también pidió medidas inmediatas de protección y garantías contra cualquier represalia, amenaza o intimidación dirigida a la persona que presentó la queja, los familiares y allegados de Constantin, sus abogados y los posibles testigos. Asimismo, solicitó que se mantenga la estricta confidencialidad de sus identidades. “El OCDH reclama que se detenga cualquier intento de utilizar el sistema penal para fabricar acusaciones contra un periodista independiente”, señaló la entidad en la denuncia citada por Diario de Cuba. La organización sostuvo que “la independencia judicial no admite autorizaciones políticas” y que una investigación penal no puede basarse en pruebas fabricadas. El abogado de Diario de Cuba, Edel González Jiménez, consideró que las autoridades podrían estar intentando demostrar que mantienen el control sobre Constantin. Según su análisis, el posible castigo buscaría aumentar la presión sobre el periodista, intimidarlo y desalentar a quienes denuncian injusticias, violaciones y abusos. González Jiménez también advirtió que la dilación del proceso podría estar relacionada con la construcción de una nueva imputación que desacredite la conducta y la imagen pública del periodista, justifique su permanencia en prisión y debilite las exigencias de libertad. Aunque el traslado a una celda de castigo no modifica por sí mismo los plazos legales ni justifica una petición fiscal más severa, el jurista alertó que el supuesto hallazgo del arma blanca podría ser utilizado para imputar a Constantin un delito nuevo, potencialmente más grave y aparentemente más fácil de probar que la acusación original.
