En la década de 1960, el Estado cubano utilizó el ejercito para perseguir y aplicar una política de encierro y trabajo forzado contra hombres homosexuales, a quienes consideraba portadores de una “desviación capitalista” incompatible con la Revolución. Parte de esa política se ejecutó a través de las Unidades Militares de Ayuda a la Producción (UMAP), centros a los que fueron enviados ciudadanos señalados por su orientación sexual, sus creencias religiosas o sus posiciones políticas. Años después, Fidel Castro reconoció su responsabilidad por la persecución contra las personas homosexuales durante los primeros años de su gobierno. “Si alguien es responsable, soy yo”, afirmó en una entrevista con el diario mexicano La Jornada. Las declaraciones de Castro se produjeron hace más de una década, cuando admitió que la discriminación alcanzó a homosexuales durante las décadas de 1960 y 1970; sin embargo, el daño que causó a la población sigue presente en la memoria colectiva. El entonces expresidente cubano atribuyó su falta de atención sobre el tema a la situación política y militar que enfrentaba el país en esos años. “No me podía ocupar de ese asunto… Me encontraba inmerso en la crisis de octubre, la guerra, las cuestiones políticas”, sostuvo Castro, en referencia a la crisis de los misiles de 1962 y a otros conflictos de aquel período. Las UMAP reunieron a personas consideradas ajenas al modelo oficial Las UMAP funcionaron en la segunda mitad de los años 60 como centros de trabajo agrícola. El Estado las presentó como unidades de producción y servicio, pero allí fueron enviados jóvenes que no habían cometido delitos y que eran considerados apartados de los parámetros sociales, políticos o culturales defendidos por el gobierno. Entre los recluidos hubo hombres homosexuales, religiosos, opositores y personas acusadas de conductas antisociales. El trabajo se concentraba en actividades agrícolas y se desarrollaba bajo control militar. El traslado a estos centros podía producirse sin una sentencia judicial previa. La política contra la homosexualidad se insertó en un contexto en el que el gobierno cubano vinculaba determinadas identidades y comportamientos con la influencia del capitalismo, la falta de disciplina o la oposición a la Revolución. Los hombres homosexuales podían ser considerados contrarrevolucionarios, una calificación que facilitaba su marginación y el envío a las UMAP. Castro calificó ese período como una injusticia Al revisar esos hechos, Castro afirmó que fueron “momentos de una gran injusticia”. También señaló: “Estoy tratando de delimitar mi responsabilidad en todo eso porque, desde luego, personalmente, yo no tengo ese tipo de prejuicios”. La persecución no terminó de inmediato tras el cierre de las UMAP. Durante años, artistas, intelectuales y trabajadores homosexuales enfrentaron restricciones laborales, marginación pública y presiones que, en algunos casos, derivaron en el exilio. Desde la década de 1990, la homosexualidad tuvo una mayor visibilidad en Cuba y surgieron iniciativas públicas contra la discriminación. Mariela Castro, directora del Centro Nacional de Educación Sexual, impulsó campañas de educación sexual y defendió el reconocimiento de derechos para las personas LGTB. En 2010, sin embargo, continuaban las denuncias sobre detenciones y presiones contra activistas. El artículo citado mencionaba la aplicación de la figura de “peligrosidad social predelictiva”, que permitía detener a personas bajo la presunción de que podían cometer delitos. Ese marco mostró que el reconocimiento de responsabilidad de Castro convivía con reclamos por prácticas discriminatorias que todavía afectaban a las minorías sexuales en la isla.
