Un acto que es sabotaje y peligro para la vida
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Un acto que es sabotaje y peligro para la vida

Cuba

Incluso, cuando un transformador al que le han sustraído el aceite continúa funcionando, puede terminar averiándose días después.
Foto: Juvenal Balán

SANTIAGO DE CUBA.–Ya no son hechos aislados como en 2023 y 2024, porque conforme pasa el tiempo se han incrementado, tanto como los apagones. La sustracción del aceite dieléctrico de los transformadores no solo ha privado del servicio a comunidades enteras, sino que ha segado la vida de varios de los ejecutores de estos delitos que tipifican como sabotaje.

Las denuncias pululan, porque tan reprochables actos dejan sin corriente a miles de personas y a centros vitales como el de Medicina Molecular de la Ciudad Héroe, que en agosto pasado fue gravemente afectado por el robo del mencionado lubricante, lo cual tuvo como consecuencia que las muestras de un paciente en estado grave tuviesen que ser trasladadas hacia la provincia de Granma, implicando consumo de combustible y movilización de recursos, además del tiempo perdido para un diagnóstico urgente, precisó la Empresa Eléctrica de Santiago de Cuba.

Junto a Matanzas, Ciego de Ávila, Artemisa y Mayabeque, Santiago es de las provincias con mayor incidencia en el robo del aceite dieléctrico de los transformadores, algo que ha provocado varias muertes entre los propios comisores, principalmente en el municipio cabecera y en los de Contramaestre, Palma Soriano y San Luis.

En el mes de abril, por ejemplo, «una persona perdió la vida y otra sufrió graves quemaduras que condujeron a su hospitalización, mientras intentaban sustraer el aceite de un banco de transformadores en el municipio de Songo-La Maya», dijo a Granma el ingeniero Andy Williams Martínez Pavó, director de Operaciones de la Empresa Eléctrica aquí.

En esa ocasión se recuperaron 70 litros, pero las consecuencias fueron fatales para los implicados. El hecho, además, causó un disparo en la línea de 33kV, que dejó sin servicio a este municipio y al de Segundo Frente.

En la madrugada del 19 de julio sucedió algo similar: un joven de 22 años intentaba extraer el lubricante de un transformador en la barriada santiaguera de Versalles y, al restablecerse el servicio, tuvo severas quemaduras, que requirieron su traslado al Hospital General Juan Bruno Zayas.

Sin embargo, esta peligrosa conducta continúa repitiéndose, casi siempre entre jóvenes dominados por el afán de ganar dinero fácil y sin pensar en las consecuencias.

Hace algunas semanas, el Tribunal Popular Municipal de Contramaestre condenó a 12 años de privación de libertad al responsable de la sustracción, en una subestación eléctrica ubicada en la zona de Bungo, hecho que provocó una afectación prolongada del servicio eléctrico en esa localidad.

Según las informaciones divulgadas sobre el proceso, el acusado fue sorprendido durante la madrugada, mientras transportaba el aceite robado. También fueron ocupadas herramientas utilizadas para cometer el hecho.

La extracción del aceite provocó una avería que también mantuvo varias zonas cercanas sin servicio.

En mayo se produjo otro incidente en El Cobre, donde tres personas intentaron sustraer aceite de un banco de transformadores situado cerca de una fábrica de pienso. Uno de los implicados murió electrocutado cuando regresó inesperadamente el fluido eléctrico, mientras se encontraba sobre el poste.

Directivos del sector eléctrico santiaguero han advertido que retirar este líquido puede provocar la destrucción de los transformadores, pues el aceite cumple funciones esenciales de aislamiento eléctrico y refrigeración. Incluso, cuando el equipo continúa funcionando después de la extracción, puede terminar averiándose días después.

Casos como estos demuestran que las acciones contra las instalaciones del Sistema Eléctrico Nacional (SEN) se han incrementado, pero no quedan impunes y reciben todo el peso de la ley, especialmente cuando provocan daños y afectan durante horas o días a comunidades enteras.

A tenor de lo anterior, la Fiscalía General de la República (FGR) recientemente advirtió que el Código Penal establece sanciones entre siete y 30 años de privación de libertad, privación perpetua de libertad o muerte, para el delito de sabotaje.

No obstante, el enfrentamiento tiene, necesariamente, que estar precedido por las acciones de prevención. Causas y condiciones persisten y su contención dependerá de la efectividad con la que, integralmente, se actúe. A la complejísima situación del SEN se suma este mal que más de una vez ha tenido un desenlace fatal.

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