Seis de la mañana. En la calle B, entre Madre Vieja y Zamorana, reparto Zamorana, Santiago de Cuba, varios agentes de la policía política llegan antes del amanecer con un propósito: detener a Michael Mediaceja Ramos, miembro de la Unión Patriótica de Cuba (UNPACU) y prisionero político en dos ocasiones. ¿Su delito? Alimentar a personas que sufren hambre extrema.

La solidaridad de los vecinos frustró el arresto. Michael subió al techo de su vivienda y desde allí enfrentó con valor y decoro a los represores. 

«Yo no estoy haciendo nada malo. Yo lo que estoy es dándole de comer a las personas que tienen hambre», les dijo. Los agentes, conscientes de que estaban siendo filmados, guardaron silencio. Intentaron perseguirlo, pero Michael consiguió escapar por los techos.

En su hogar ya estaba todo dispuesto para la comida del mediodía. Cada jornada llegan allí ancianos desnutridos, enfermos y familias desesperadas. Que puedan recibir un plato de comida depende del sacrificio de Michael, su esposa, su madre y varias vecinas que cocinan y sirven aun en medio de carencias y dificultades extremas.

Cuando Michael me comunicó lo sucedido, le pedí que no regresara de inmediato a su hogar. Había que demostrar que la solidaridad no depende de un solo hombre y que, aunque él estuviera ausente, su familia y sus vecinos continuarían alimentando a quienes lo necesitan.

Al mediodía, mientras se congregaban decenas de personas, regresaron los agentes de la policía política. Amenazaron con intervenir mediante fuerzas policiales porque, según afirmaron, la distribución de comida carecía de autorización legal. ¡Qué aberración! En un país donde tantos no tienen qué comer, el aparato represivo pretende convertir un plato de alimentos en un asunto de seguridad nacional.

A lo largo de la jornada acudieron cerca de trescientas personas en busca de comida. Y muchas de ellas, lejos de dejarse intimidar, defendieron con valentía la continuidad de esta obra humanitaria. Nuestros activistas cumplen las medidas de higiene y seguridad alimentaria. También solicitarán la autorización a las autoridades competentes, aunque tenemos sobradas razones para temer que se la negarán. 

Una exigencia administrativa no debería utilizarse como instrumento de castigo político ni como pretexto para dejar sin comida a los hambrientos. Nuestra determinación es continuar esta labor pacífica, procurando la seguridad de todos.

En Estados Unidos funcionan bancos de alimentos y comedores comunitarios apoyados por ciudadanos, iglesias y organizaciones. En España, las leyes promueven la donación de alimentos. En Reino Unido, las autoridades ofrecen orientación sanitaria para que grupos comunitarios preparen y distribuyan comida. Existen normas de salud pública y, según el caso, requisitos de registro; lo que no debería existir es una policía política persiguiendo a quien alimenta a una anciana enferma.

Para la UNPACU, esta persecución no es nueva. 

Durante años nuestras cocinas sociales y nuestra asistencia médica han sido blanco de amenazas, asaltos, detenciones y confiscaciones. En Santiago de Cuba llegamos a alimentar diariamente a más de 1.200 personas. ¿Cómo respondió el régimen? Con cercos policiales, obstáculos a proveedores y operativos contra viviendas y sedes de nuestra organización.

Se llevaban alimentos y medicamentos; fogones, ollas, calderos, cucharas, tenedores, cuchillos, refrigeradores y cuanto encontraban a su paso. En mi propia vivienda llegaron a llevarse hasta los juguetes de mis pequeños hijos. Entre los hogares y locales afectados estuvieron los de Carlos Amel Oliva Torres, Carlos Oliva Rivera, Ovidio Martín Castellano, Miraida Martín y quien suscribe, José Daniel Ferrer García, además de otros activistas.

Hoy continuamos, con necesaria discreción ante la represión, en tres puntos de Santiago de Cuba y también en Guantánamo, Bayamo, Holguín y La Habana. Más de 800 personas están recibiendo diariamente alimentos gracias a ese esfuerzo. En La Habana, Bayamo y Holguín, parte de la ayuda llega directamente a las viviendas y otra se entrega individualmente en las calles, incluso a quienes hurgan en la basura y a personas con trastornos mentales que sobreviven pidiendo limosna.

Ni siquiera esa discreción ha impedido los abusos. El activista Reynier Calderón Socarrás ha sufrido varias detenciones y golpizas por entregar alimentos a los necesitados.

Mientras tanto, ancianos mueren sin alimentación suficiente, atención médica adecuada ni medicinas esenciales. Miles de niños, madres y familias enteras padecen privaciones alimentarias gravísimas. Ante semejante tragedia, la respuesta de las autoridades debería ser abrir todas las puertas posibles a la ayuda, incluida la que llega desde el exilio. En lugar de ello persiguen a quienes tratan de salvar vidas.

A la pregunta de qué clase de poder teme a una olla de comida, la respuesta es dolorosamente clara: uno que considera peligrosa la solidaridad independiente.

Que nadie tenga dudas: la UNPACU continuará alimentando a los más vulnerables. Lo hacemos gracias a dos cubanos generosos que comparten, con enorme sacrificio, lo que pueden. A ellos debemos gratitud; a nuestros activistas, admiración; a quienes tienen hambre, solidaridad sin condiciones. Porque alimentar al hambriento no es un crimen: es un deber humano. Y ninguna dictadura podrá impedir que cumplamos con nuestro deber como cristianos.

Además, mantenemos nuestra tesis de que sin un sólido compromiso humanitario con nuestros compatriotas más necesitados, la lucha por la libertad carece de bases firmes.