El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) enfrenta una demanda federal presentada por siete inmigrantes que denuncian que la agencia les ha retenido pasaportes, permisos de trabajo y otras pertenencias personales durante meses después de haber sido liberados de centros de detención.

La querella, presentada el martes ante el Tribunal de Distrito de Estados Unidos para el Distrito de Columbia, acusa a ICE de mantener documentos esenciales sin justificación legal, una práctica que, según The Wall Street Journal, ha provocado que algunos afectados pierdan sus empleos, sus viviendas y la posibilidad de desenvolverse con normalidad.

El procedimiento, identificado como Gonzalez v. Department of Homeland Security, busca obtener la certificación de demanda colectiva para representar también a otras personas que se encuentren en circunstancias similares.

Los demandantes aseguran que ICE conserva documentos y objetos confiscados durante sus detenciones, incluso cuando ya no existe una razón legal para mantenerlos bajo custodia.

Entre las pertenencias mencionadas figuran pasaportes, licencias de conducir, permisos de trabajo, tarjetas del Seguro Social, teléfonos celulares, dinero y llaves de vehículos.

La Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU), una de las organizaciones que representan a los demandantes, sostiene que la retención de estos documentos ha generado pérdidas económicas, dificultades para conseguir empleo y temor a nuevas detenciones.

El problema resulta especialmente grave para quienes mantienen procesos migratorios pendientes y necesitan demostrar su identidad, su situación ante las autoridades o su autorización para trabajar legalmente en Estados Unidos.

Según los abogados, algunos de los afectados llevan más de cinco meses esperando la devolución de sus pertenencias.

Uno de los casos descritos en la demanda es el de Vladimir Izmailov, un ciudadano ruso con una solicitud de asilo pendiente, quien asegura que ICE todavía conserva sus documentos de autorización laboral y otros objetos personales.

Izmailov afirma que, desde su liberación, no ha podido conseguir un empleo que le permita mantener a su familia porque no dispone de los documentos necesarios para demostrar que está autorizado a trabajar.

La situación lo ha obligado a pedir dinero prestado para pagar el alquiler de la vivienda que comparte con su esposa y sus dos hijos.

Entre las pertenencias que reclama se encuentra también su anillo de matrimonio, al que atribuye un importante valor sentimental.

«La negativa de ICE a devolverme mis pertenencias ha empeorado aún más una experiencia horrible», declaró Izmailov en el comunicado difundido por la ACLU.

El inmigrante relató que pasó meses detenido en condiciones que calificó de terribles, con alimentación y atención médica inadecuadas, y que ahora enfrenta nuevas dificultades para mantener a su familia.

La demanda sostiene que la retención injustificada de pertenencias vulnera la Cuarta Enmienda de la Constitución estadounidense, que protege contra registros e incautaciones irrazonables.

Los abogados argumentan que, aunque las autoridades pueden confiscar determinados objetos durante una detención, esa facultad no les permite conservarlos indefinidamente cuando desaparece la justificación legal.

También acusan a ICE de incumplir sus propias normas internas, que exigen una necesidad operativa claramente identificada para continuar reteniendo documentos, por ejemplo, cuando están relacionados con una investigación penal o existen sospechas de falsificación.

En su cobertura publicada este miércoles, Democracy Now! recogió las declaraciones de Craig Martin, abogado de los demandantes, quien insistió en que la agencia debe explicar por qué necesita conservar esas pertenencias.

«Si ICE tiene una razón operativa legítima para conservar la propiedad de alguien, debe identificarla», señaló Martin.

El abogado añadió que, cuando esa justificación no existe, tanto la Constitución como las normas de la propia agencia apuntan a la obligación de devolver los documentos sin demora.

Los demandantes también invocan la Ley de Procedimiento Administrativo, que limita las actuaciones arbitrarias de las agencias federales.

La demanda busca que un juez federal ordene a ICE devolver los documentos y pertenencias que mantiene sin una justificación legal válida.

Los representantes legales también solicitan medidas que obliguen a la agencia a modificar sus procedimientos para garantizar que los objetos confiscados sean devueltos cuando ya no exista una razón legítima para retenerlos.

La acción judicial está dirigida contra ICE y el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), así como contra responsables de ambas instituciones.

Los abogados sostienen que la situación no constituye una serie de errores aislados, sino una práctica extendida que afecta a personas que ya recuperaron su libertad después de permanecer bajo custodia migratoria.

Al momento de las primeras informaciones sobre la demanda, ICE y el DHS no habían ofrecido una respuesta pública a las acusaciones.

La nueva acción judicial aparece en un momento en que ICE también enfrenta cuestionamientos legales por las condiciones de detención de inmigrantes en distintas instalaciones de Estados Unidos.

A inicios de octubre trascendió una demanda colectiva federal contra ICE por las condiciones de su Oficina de Campo de Miramar, en Florida, una instalación por la que pasan miles de cubanos con formulario I-220A para cumplir con sus citas migratorias.

La querella, promovida por el Southern Poverty Law Center (SPLC) y Americans for Immigrant Justice, denuncia que personas detenidas en ese lugar han permanecido durante días en condiciones de hacinamiento, sin camas adecuadas, con acceso limitado a alimentos, agua y atención médica.

Los abogados también cuestionan que una oficina concebida para trámites administrativos sea utilizada como centro de detención durante períodos prolongados.