Las redadas migratorias en el sur de Florida están golpeando los ingresos de pequeños negocios en Miami-Dade, donde las ventas han caído entre un 40% y un 45% en zonas como Doral, Miami y Homestead, según estimaciones de la Cámara de Comercio Hispana del Sur de Florida, que ha pedido la intervención del presidente Donald Trump y del Congreso ante las consecuencias económicas de los operativos.

La presidenta de la organización empresarial, Liliam López, confirmó a Univision 23 Miami que el temor provocado por las operaciones del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) y otras agencias federales está reduciendo tanto la llegada de clientes como la disponibilidad de trabajadores en distintos establecimientos.

«La economía y las ventas han bajado un 40 a 45 por ciento», afirmó López, quien identificó a Miami, Doral y Homestead entre las ciudades donde los comerciantes están reportando las mayores afectaciones.

Restaurantes, hoteles, agricultura y construcción figuran entre los sectores más perjudicados, de acuerdo con la Cámara, que advierte sobre las dificultades para mantener abiertos los negocios y conservar sus plantillas.

La preocupación ha llevado a la organización a enviar una carta al presidente Trump y a miembros del Congreso, firmada por alrededor de 200 líderes locales, en la que solicitan medidas para proteger a los establecimientos y garantizar que sus trabajadores puedan continuar desempeñando sus labores.

La petición refleja una preocupación que va más allá de las detenciones migratorias: los empresarios aseguran que el miedo está modificando los hábitos de consumo, reduciendo la actividad comercial y dificultando la contratación de empleados.

«La economía, si no se facilitan todos estos permisos, va a colapsar», advirtió López al referirse a las dificultades que enfrentan las empresas para mantener su fuerza laboral.

Los efectos ya son visibles en Doral. Los propietarios de Al Pastel, un negocio de comida venezolana, anunciaron que dejarán de operar a finales de octubre después de varios años de actividad en la ciudad y sus alrededores.

«Un negocio no se puede mantener con sillas vacías», expresaron los dueños del establecimiento al comunicar su decisión.

Otro comerciante, Mhanna El Keis Badaoiu, propietario de Shawarmas Beirut Miami, explicó que muchos clientes han dejado de acudir a los establecimientos por temor a encontrarse con agentes migratorios.

«La situación que estamos viviendo no es fácil y lamentablemente la gente no quiere salir por temor, todos lo estamos viviendo», declaró.

Las dificultades también afectan directamente al empleo. Angelimar Bonilla, dueña de Boni Bakery, aseguró que su negocio ha registrado jornadas con ventas excepcionalmente bajas y que, además, enfrenta problemas para conseguir personal.

En otro testimonio recogido por Univision, Marco Vannezo, propietario de un negocio de automóviles usados, explicó que la falta de ingresos lo ha obligado a reducir las jornadas laborales.

«Al no haber ventas no se puede costear nóminas», afirmó. Como ejemplo, señaló que algunos empleados estaban trabajando únicamente dos días a la semana y que había tenido que enviar a dos trabajadores a sus casas.

El impacto no se limita a los comerciantes que pierden clientes. También afecta a quienes dependen de esos establecimientos para obtener ingresos, incluidos trabajadores inmigrantes que temen desplazarse a sus empleos ante la posibilidad de una detención.

En Miami-Dade, donde reside una numerosa comunidad cubana, la situación resulta especialmente sensible para familias y trabajadores con trámites migratorios pendientes o situaciones legales complejas, entre ellos beneficiarios de permisos humanitarios y personas que recibieron documentos I-220A. 

Las nuevas estimaciones de la Cámara de Comercio Hispana aportan una dimensión más amplia a una situación que ya había sido denunciada por comerciantes de distintas zonas del condado.

A finales de septiembre, propietarios de pequeños negocios de Miami-Dade describieron una caída considerable en sus ventas y la pérdida de trabajadores asociadas al temor a las operaciones migratorias.

Entre los testimonios publicados entonces figuró el de Katia Ríos, de Pipo Burgers, quien aseguró que sus ventas habían disminuido alrededor de un 70%. Otros comerciantes relataron jornadas con escasos clientes y dificultades para mantener sus establecimientos funcionando.

También se documentaron casos de empleados que abandonaron sus puestos por miedo a ser detenidos, incluso cuando tenían solicitudes de asilo pendientes u otros procedimientos migratorios en curso.

La preocupación tiene un componente particularmente importante para la comunidad cubana. En abril, datos publicados sobre las detenciones de inmigrantes cubanos por ICE revelaron un incremento del 463% entre octubre de 2024 y enero de 2026, una tendencia que ayuda a explicar la inquietud existente entre sectores de esa comunidad.

En Doral, la alcaldesa Christi Fraga también ha reconocido las consecuencias del temor migratorio sobre la economía local, aunque ha señalado que las autoridades municipales no tienen facultades para impedir las operaciones de una agencia federal.

La ciudad ha sido escenario, además, de cuestionamientos al acuerdo 287(g), un mecanismo que permite determinadas formas de colaboración entre las autoridades policiales locales y las agencias federales de inmigración.