El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, anunció este martes la existencia de una comisión gubernamental que evalúa la posible liberación condicional de cerca de la mitad de las más de 92,000 personas detenidas bajo el régimen de excepción.

El anuncio se produjo horas después de una conversación telefónica entre Bukele y el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, en la que ambos abordaron cómo combatir la «influencia extranjera maligna» en la región, la seguridad de puertos e infraestructura crítica y la coordinación en Naciones Unidas, según confirmó el Departamento de Estado.

Según una investigación de El País, la decisión del presidente salvadoreño constituye un giro que contrasta con cuatro años de discurso oficial sobre la política antipandillas.

La relación entre Washington y San Salvador es estrecha: Rubio visitó El Salvador en febrero de 2025 y elogió el modelo de seguridad de Bukele, y en marzo de ese mismo año EE.UU. transfirió al Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT) 238 presuntos integrantes del Tren de Aragua y líderes de la MS-13.

Bukele describió la comisión como una «tercera forma» de justicia que opera al margen del sistema de jueces y de la Fiscalía General de la República, en aparente contradicción con la Constitución salvadoreña.

El mandatario precisó que el mecanismo busca beneficiar a quienes tuvieron una «colaboración mínima» con las pandillas, un grupo que podría representar «más o menos el 50%» de los detenidos, lo que equivaldría a unas 46,000 personas.

«Estamos evaluando los casos para ofrecer una liberación anticipada a una gran cantidad de reos que sí son culpables, que sí merecen estar en la cárcel, pero que en las condiciones que vive nuestro país tal vez se puede hacer una excepción con una gran cantidad de ellos», declaró el presidente.

La existencia de la comisión había sido revelada en abril de 2026 por Ibrahim Bukele, hermano del presidente y figura sin cargo oficial pero con notable poder de facto, quien publicó en redes sociales que el organismo revisa «uno por uno» los casos de los privados de libertad. Según Ibrahim, la comisión incluye a jueces, fiscales, personal del Ejecutivo y a la primera dama, Gabriela de Bukele.

El anuncio choca frontalmente con el discurso que Bukele sostuvo durante más de cuatro años, en el que aseguró que el «margen de error» de su política represiva era de apenas el 1% y llegó a afirmar que los detenidos «nunca más van a salir».

El régimen de excepción fue decretado el 27 de marzo de 2022 tras una ola de violencia que dejó 87 muertos en 72 horas, atribuida a la MS-13 y el Barrio 18, y ha sido prorrogado ininterrumpidamente desde entonces. Organizaciones de derechos humanos han documentado más de 500 muertes bajo custodia estatal y miles de detenciones arbitrarias durante ese período.

En marzo de 2026, un grupo internacional de expertos presentó ante la ONU un informe que concluye que existen motivos razonables para creer que se cometen crímenes de lesa humanidad en El Salvador, incluyendo torturas, desapariciones forzadas y violencia sexual.

Desde enero pasado, los juzgados salvadoreños iniciaron juicios masivos sin garantías de defensa en los que miles de detenidos son procesados simultáneamente. «Los están condenando a todos», señaló uno de los abogados consultados por El País.

Bukele no precisó plazos para la evaluación de los casos, mientras miles de detenidos acumulan ya más de cuatro años en prisión.

«Nosotros teníamos un paciente con cáncer metastásico, con un 85% del cuerpo tomado por el cáncer. Y aplicamos una quimioterapia. Funcionó. Ahorita el cáncer está en remisión. No hay homicidios, asaltos, robos. El cáncer no está afectando al cuerpo. Pero a la vez todavía existen células cancerígenas. Todos los días atrapamos pandilleros», afirmó el mandatario para defender su política de seguridad, que llevó a El Salvador de una tasa de 103 homicidios por cada 100,000 habitantes en 2015 a apenas 1,3 en 2025, la más baja de América.