El régimen cubano acumula cargos penales contra Javier Ernesto Martín Gutiérrez, el deportista conocido como el «Spiderman» cubano, mientras lo mantiene en prisión provisional sin fecha de juicio desde abril.

Según informó su pareja a Martí Noticias, las autoridades le sumaron dos nuevas acusaciones —desacato y propaganda contra el orden constitucional— al cargo original de desórdenes públicos.

Lo que agrava la situación es que el cargo de desacato había sido retirado al inicio del proceso por falta de elementos para sostenerlo. «Se comprobó que él no había cometido ningún desacato y resulta que ahora se lo vuelven a poner», denunció Lisandra Cuza, pareja del atleta.

La defensa conoció las nuevas imputaciones a mediados de septiembre, a través de un documento del tribunal que rechazaba una solicitud de control judicial. «El control judicial obviamente lo negaron, pero nos alarmó porque le habían imputado dos delitos más», explicó Cuza.

El abogado defensor tampoco ha podido acceder al expediente. Cuando acudió a Villa Marista —sede de la Seguridad del Estado— para consultarlo, le respondieron que «todavía no lo habían mandado, que estaba en el tribunal».

Martín Gutiérrez, de 34 años y campeón de artes marciales mixtas, fue detenido el 24 de abril tras protestar pacíficamente desde el balcón de su vivienda en el municipio habanero de Marianao, donde criticó los prolongados apagones y la crisis social.

Durante el arresto, denunció que unos diez oficiales de la Seguridad del Estado lo golpearon antes de trasladarlo sucesivamente por la sexta unidad policial de Marianao, Villa Marista y finalmente el Combinado del Este, prisión de máxima seguridad donde permanece recluido.

En agosto, según una investigación de Diario de Cuba, el deportista envió una carta al fiscal denunciando que las pruebas toxicológicas, las evaluaciones de salud mental y las pesquisas sobre un supuesto financiamiento extranjero resultaron negativas durante los 22 días de investigación, pese a lo cual fue enviado a prisión provisional.

En julio había advertido que se declararía en huelga de hambre si en seis meses no se fijaba fecha para su juicio.

MC K-Libre: enfermo, preso y sin juicio a la vista

En paralelo, el rapero Andrés Matos Alcántara, conocido como MC K-Libre, permanece en el penal 1580 de La Habana sin fecha de juicio y con graves problemas de salud: padece enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC) y diabetes tipo 1, y en septiembre se reportaron episodios de hipertensión durante su reclusión.

Las autoridades denegaron una nueva solicitud de cambio de medida cautelar —la segunda rechazada, tras otra en julio— y notificaron la decisión a la familia el martes.

El músico Raudel Collazo, conocido como Escuadrón Patriota, lo denunció públicamente: «Están siendo especialmente crueles con su caso por ser muy crítico con la dictadura desde Cuba, ese es su principal delito, porque el régimen no tiene nada más contra él».

Matos fue detenido el 25 de junio cuando acudió a una citación policial en la unidad de Siboney, en el municipio de Playa, donde fue esposado y trasladado sin que se le mostrara orden de arresto. Las autoridades lo vinculan con cacerolazos y protestas en el reparto Barbosa, desencadenados por apagones de más de 30 horas. Su esposa, Ariacna Garcés Gómez, negó que hubiera organizado o incitado esas manifestaciones.

Ambos casos se inscriben en una escalada represiva documentada a lo largo de 2026.

El régimen cubano mantiene un récord histórico de 1,372 presos políticos, incluyendo 40 menores y 158 mujeres, según Prisoners Defenders.

Entre los casos más recientes figuran Anna Bensi y su madre, condenadas a dos años de limitación de libertad por grabar a un agente del MININT, y los fundadores de El4tico, contra quienes la Fiscalía solicitó hasta 10 años de prisión por propaganda contra el orden constitucional.

Fuentes anónimas del sistema penal cubano consultadas por Diario de Cuba revelaron que en los casos que el régimen clasifica como «sensibles» —cuando el imputado ha cuestionado públicamente al gobierno o participado en protestas— «la prisión provisional desborda con creces la función cautelar que le asigna la ley para convertirse en un mecanismo de neutralización, control procesal y castigo anticipado».