La evaluación de 36 proyectos de farmacias comunitarias y la labor de las redes solidarias de distribución de medicamentos muestran las alternativas que Cuba impulsa para enfrentar el desabastecimiento farmacéutico, agravado por las restricciones económicas y financieras de Estados Unidos.
La estrategia combina el fortalecimiento del sistema nacional de salud, la participación comunitaria y nuevas modalidades de gestión, bajo controles sanitarios destinados a proteger a la población.
El anuncio, divulgado por la Agencia Cubana de Noticias (ACN) el 9 de septiembre de 2026, confirma que el país busca ampliar las vías de acceso a medicamentos e insumos sanitarios sin renunciar a la regulación estatal de una actividad directamente vinculada con la vida humana.
Según Cristina Lara Bastanzuri, directora nacional de Medicamentos y Tecnologías Médicas del Ministerio de Salud Pública (Minsap), tres de las propuestas se encuentran en proceso de constitución y otras 14 disponen del aval para continuar los trámites. Ninguna había comenzado a prestar servicios al público hasta la fecha del reporte.
La medida se inscribe en una realidad compleja: garantizar los tratamientos de millones de cubanos cuando la falta de divisas, las dificultades para importar materias primas y las limitaciones del transporte comprometen la producción y distribución de medicamentos. Ante ese escenario, las farmacias comunitarias y el esfuerzo de las instituciones sanitarias constituyen expresiones complementarias de una misma necesidad nacional: preservar el acceso a la salud.
Una respuesta que nace en los barrios
En diferentes comunidades cubanas, la solidaridad se ha convertido en un respaldo concreto para pacientes que necesitan medicamentos y no logran encontrarlos en los establecimientos habituales. Vecinos, voluntarios, familiares y organizaciones humanitarias organizan donaciones, identifican necesidades y coordinan entregas, con especial atención a las personas mayores, los enfermos crónicos y quienes tienen dificultades para desplazarse.
Una de las experiencias descritas por la prensa internacional es el proyecto «La medicina no se vende», impulsado por Laura Mendoza en el Vedado, La Habana. De acuerdo con un reportaje de The Associated Press, la iniciativa distribuye gratuitamente medicamentos recibidos mediante donaciones, viajeros y aportes de la población. La organización también mantiene vínculos con grupos solidarios del exterior y con Cáritas.
El trabajo de estas redes trasciende la entrega de un producto. La identificación de pacientes, la comunicación mediante grupos digitales y el traslado de medicamentos hasta domicilios u hospitales ayudan a conectar necesidades individuales con recursos disponibles en la comunidad.
Allí donde un tratamiento no aparece en los anaqueles, la cooperación puede contribuir a localizarlo y evitar que una persona quede completamente desamparada.
Estas experiencias no sustituyen las responsabilidades del sistema sanitario ni resuelven por sí solas el déficit nacional. Su importancia reside en que movilizan recursos, promueven la ayuda mutua y sostienen vínculos de protección social en un período especialmente difícil. También ponen de relieve el valor de la participación popular, una práctica arraigada en la sociedad cubana y coherente con la concepción de la salud como derecho social.
El bloqueo y sus efectos sobre la cadena farmacéutica
La escasez de medicamentos no puede analizarse al margen de las condiciones económicas en que Cuba debe producir, comprar y distribuir sus recursos sanitarios. La industria farmacéutica nacional posee capacidades productivas y científicas, pero depende de suministros externos para obtener materias primas, determinados componentes, materiales de envase y tecnologías indispensables.
Las restricciones financieras y comerciales estadounidenses añaden obstáculos a esas operaciones. Las dificultades para acceder a determinados servicios bancarios, tramitar pagos internacionales y contratar transportistas dispuestos a asumir los riesgos derivados de las sanciones pueden encarecer o retrasar las compras cubanas. El impacto se extiende a proveedores de terceros países y a operaciones que requieren intermediarios financieros o logísticos.
El informe del secretario general de las Naciones Unidas sobre la necesidad de poner fin al bloqueo, publicado en 2025, recoge información de gobiernos y organismos del sistema de la ONU sobre sus consecuencias económicas y sociales.
La existencia de excepciones legales para determinadas ventas humanitarias o de productos médicos no elimina todos esos obstáculos. Las condiciones de financiación, los procedimientos de pago, el transporte y la incertidumbre sobre el cumplimiento normativo pueden dificultar operaciones que, en otras circunstancias, serían más sencillas.
Producir en Cuba, aún cuando faltan los insumos
La industria biofarmacéutica cubana es un componente estratégico de la soberanía sanitaria. Su desarrollo ha permitido producir medicamentos y vacunas, sostener investigaciones y crear capacidades científicas que distinguen al país dentro de la región. Sin embargo, la capacidad técnica de los laboratorios no basta cuando faltan los componentes necesarios para completar la fabricación.
La dependencia de materias primas importadas convierte las dificultades de financiación y suministro en un problema que recorre toda la cadena productiva. No se trata únicamente de disponer de instalaciones o profesionales preparados: también hacen falta ingredientes farmacéuticos, reactivos, materiales de envase y otros insumos que deben adquirirse en el mercado internacional.
Por esa razón, la recuperación del abastecimiento requiere una acción articulada entre la industria, las entidades importadoras, los servicios farmacéuticos y las estructuras de distribución. Cada interrupción repercute en la disponibilidad final y puede comprometer tratamientos que necesitan continuidad, como los destinados a enfermedades crónicas, oncológicas y otras afecciones de elevada complejidad.
La prioridad debe ser proteger los medicamentos esenciales, asegurar su distribución según las necesidades sanitarias y evitar que las dificultades de suministro se traduzcan en desigualdades mayores entre territorios y grupos sociales. En esa tarea, la experiencia acumulada por la industria cubana constituye una fortaleza, aunque su aprovechamiento depende también de resolver los problemas materiales que limitan su funcionamiento.
Nuevas formas de gestión, con control sanitario
La incorporación de modalidades no estatales a los servicios farmacéuticos constituye otra de las vías que examina el país para ampliar las opciones de abastecimiento. De acuerdo con la información publicada por ACN, las propuestas en evaluación contemplan la administración de farmacias comunitarias, la prestación de servicios farmacéuticos y la comercialización de medicamentos e insumos de salud.
El procedimiento establece que las solicitudes deben canalizarse mediante Medicuba y Farmacuba, entidades autorizadas para estas operaciones. A su vez, Emcomed brindará apoyo a las micro, pequeñas y medianas empresas en actividades de comercialización, almacenamiento y transporte.
La apertura, sin embargo, no equivale a una liberalización sin reglas. Los establecimientos deberán cumplir los requisitos técnicos y sanitarios establecidos, mientras que la comercialización de medicamentos permanecerá sujeta a las disposiciones vigentes. El propósito es ampliar las posibilidades de gestión y suministro sin perder de vista la calidad, la seguridad y el uso racional de los productos farmacéuticos.
El marco normativo también debe leerse junto con la Ley 165 de Salud Pública y su reglamento, publicados en la Gaceta Oficial en enero de 2026, que ratifican la responsabilidad estatal en la organización del sistema sanitario y el acceso de la población a los servicios de salud.
La cifra de 36 proyectos en evaluación refleja un proceso todavía en desarrollo, no una red privada ya operativa. Las tres propuestas en constitución y las 14 con aval para continuar los trámites representan etapas administrativas distintas; ninguna de ellas debe confundirse con una farmacia abierta y dispensando medicamentos.
El reto será conseguir que las nuevas modalidades contribuyan efectivamente al abastecimiento, respeten los controles requeridos y respondan a las necesidades de los pacientes. La incorporación de otros actores económicos puede aportar recursos y capacidad de gestión, pero su impacto dependerá de la disponibilidad real de medicamentos, de la organización logística y de las condiciones de acceso para la población.
El acceso debe seguir siendo la prioridad
La disponibilidad de un medicamento no garantiza, por sí sola, que el paciente pueda adquirirlo. Cuando la oferta se desplaza hacia circuitos informales, los precios pueden convertirse en una barrera adicional para personas que dependen de salarios o pensiones limitados. Por ello, cualquier ampliación de las vías de comercialización debe valorar no solo cuántos productos llegan al país, sino también quiénes pueden acceder a ellos y en qué condiciones.
Las redes comunitarias que entregan donaciones gratuitamente ofrecen una respuesta solidaria a necesidades inmediatas. Las farmacias estatales, por su parte, continúan siendo parte esencial de la infraestructura sanitaria. Las nuevas formas de gestión deberán integrarse a ese panorama con controles efectivos y una contribución comprobable al abastecimiento.
La política farmacéutica necesita, además, fortalecer la producción nacional, diversificar proveedores, mejorar los mecanismos de adquisición y perfeccionar la distribución territorial. Son tareas que requieren recursos y decisiones económicas, pero también coordinación entre las instituciones, los trabajadores sanitarios y las comunidades.
Defender la salud exige soluciones concretas
El esfuerzo de las farmacias comunitarias demuestra que, incluso bajo condiciones materiales adversas, la organización colectiva puede aliviar necesidades urgentes. Cada donación clasificada, cada tratamiento localizado y cada entrega a una persona que no puede trasladarse representan una ayuda tangible para las familias.
El bloqueo económico, comercial y financiero de Estados Unidos constituye un obstáculo que Cuba denuncia desde hace décadas y cuyos efectos alcanzan sectores sensibles como la salud. Su eliminación ampliaría las posibilidades de intercambio, financiación y adquisición de recursos esenciales. Mientras persistan esas restricciones, el país necesita defender sus capacidades productivas, buscar alternativas de cooperación y perfeccionar los mecanismos de distribución.
La defensa de la Revolución en el ámbito sanitario se expresa, ante todo, en la protección de la vida y en la voluntad de sostener la salud como un derecho. Para que ese principio se traduzca en resultados cotidianos, la solidaridad comunitaria, la eficiencia institucional y la recuperación del abastecimiento deben avanzar de manera conjunta, con el paciente como centro de cada decisión. Y por supuesto, el bloqueo ilegal impuesto a la isla debe desaparecer para siempre.
