El régimen de Cuba actualizó este lunes su normativa sobre petróleo y gas, una ley que regula toda la cadena de valor de los hidrocarburos y habilita la participación de inversores nacionales y extranjeros. La medida llega mientras la isla atraviesa una crisis energética que se prolonga desde hace 2 años y que se agravó en 2026 por la reducción de las importaciones de crudo. La norma fue publicada en la Gaceta Oficial y entrará en vigor dentro de siete días. Según informó la agencia EFE, el texto fija el régimen jurídico para las actividades de exploración, extracción, refinación, transporte y comercialización de petróleo, gas y sus derivados. El marco legal abarca las operaciones en tierra y en aguas profundas. Cuba busca aprovechar las reservas disponibles para reducir la dependencia de los combustibles importados, en un escenario marcado por apagones y limitaciones para sostener la generación eléctrica. Contratos de producción compartida y concesiones de hasta 40 años La legislación cubana establece que las personas naturales y jurídicas, tanto locales como extranjeras, podrán intervenir en las actividades petroleras bajo distintas modalidades. Entre ellas figuran los contratos de producción compartida, las concesiones petroleras y los contratos de servicios petroleros. Los contratos de producción compartida podrán tener una duración de hasta 40 años, con una eventual extensión de 10 años adicionales. La prórroga requerirá la autorización de la autoridad competente y estará sujeta a la existencia de recursos de petróleo y gas que no se hayan agotado durante el período original. Las concesiones administrativas tendrán un plazo máximo de 30 años. También podrán extenderse por otros 10 años, de acuerdo con las condiciones previstas en el nuevo marco normativo. Para la asignación de áreas de exploración y explotación, la ley establece como criterio general la convocatoria a licitaciones públicas abiertas. El texto también contempla que determinados bienes vinculados a la actividad sean inembargables y que solo puedan transmitirse en propiedad en situaciones excepcionales. Propiedad estatal sobre los yacimientos, sin cambios La apertura a capitales privados no modifica el estatus de los recursos del subsuelo, indica la normativa, y señala que los yacimientos de petróleo, gas y sustancias asociadas ubicados en el territorio nacional son de “propiedad socialista de todo el pueblo”. El texto aprobado por el régimen añade que esos recursos están sujetos a los principios de inalienabilidad, imprescriptibilidad e inembargabilidad. La nueva legislación también establece el principio de responsabilidad objetiva para quienes intervengan en el sector. Los operadores de instalaciones, consumidores y usuarios de petróleo, gas y productos derivados asumirán responsabilidades por la seguridad tecnológica de las operaciones y por los riesgos que puedan afectar la salud laboral y el medio ambiente, dice la nota de EFE. Además, las empresas cubanas proveedoras de bienes y servicios tendrán “derecho de primera opción” en las contrataciones relacionadas con la industria petrolera. Esa preferencia dependerá del cumplimiento de requisitos de calidad, plazos de entrega y precios competitivos. Sanciones de Estados Unidos y retiro de inversores extranjeros La actualización legal coincide con un contexto de mayores dificultades para asegurar suministros energéticos. Desde enero, el bloqueo petrolero de Estados Unidos redujo las importaciones de crudo hacia Cuba, según EFE. Washington también impuso en mayo sanciones contra quienes mantengan negocios con la isla. Esas medidas afectaron el interés de compañías extranjeras. La minera canadiense Sherritt International, que operó durante tres décadas en Cuba, suspendió su participación directa en las empresas mixtas Moa Nickel y Energas.
