Una jueza federal de Nueva York ordenó suspender durante 14 días una campaña de anuncios televisivos favorables al presidente Donald Trump, financiada con recursos del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos (DHS), al considerar que existen fundamentos sólidos para cuestionar la legalidad del uso de esos fondos públicos.

La decisión fue adoptada el domingo por Jennifer L. Rochon, jueza del Tribunal Federal del Distrito Sur de Nueva York, mediante una orden judicial temporal de cuatro páginas.

Este lunes, la magistrada publicó una fundamentación de 40 páginas en la que explicó las razones de su intervención.

La medida obliga al Gobierno a cancelar los espacios publicitarios pendientes de los anuncios cuestionados, suspende la orden de compra utilizada para su difusión e impide realizar nuevos pagos bajo ese contrato mientras permanezca vigente la restricción.

También prohíbe utilizar, transferir o desembolsar fondos asignados al DHS para producir, distribuir o transmitir esos anuncios, así como establecer, renovar o ampliar acuerdos destinados a su difusión.

La orden entró en vigor a las 6:45 p. m. del domingo 11 de octubre, hora de Nueva York, y tiene una duración inicial de 14 días, aunque la jueza puede prorrogarla.

Rochon exigió además que la administración notificara inmediatamente la decisión a la empresa contratista y presentara un informe de cumplimiento dentro de las 24 horas siguientes.

La prohibición se refiere específicamente a los anuncios identificados en el litigio y no constituye una suspensión general de la publicidad del Gobierno estadounidense.

El expediente judicial señala que la Oficina de Administración y Presupuesto de la Casa Blanca (OMB) había asignado 20 millones de dólares para financiar la campaña mediante recursos vinculados al DHS y a la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP).

La orden de compra, fechada alrededor del 20 de septiembre, fue suscrita con Lepugh Inc., que opera como LMD Agency, para contratar espacios y distribuir los anuncios. El contrato examinado por el tribunal corresponde a la colocación publicitaria, no a la producción original de los videos.

Según una declaración presentada por el propio DHS ante el tribunal, la empresa había contratado espacios publicitarios hasta el 11 de octubre por un costo aproximado de 19 millones de dólares.

Sin embargo, esa cantidad corresponde al valor aproximado de las compras de publicidad, no necesariamente a dinero ya pagado. La agencia reconoció que esperaba recibir posteriormente la factura final por los servicios prestados.

La campaña comenzó a difundirse a finales de septiembre e incluía anuncios que destacaban logros atribuidos a la administración Trump, mensajes sobre sus adversarios políticos y otros relacionados con asuntos internacionales.

Uno de los anuncios, titulado «Final Battle» («Batalla final»), recuperaba imágenes y declaraciones utilizadas durante la campaña presidencial de Trump en 2024, aunque en esta versión identificaba al Gobierno estadounidense como responsable de su financiamiento.

Otros anuncios abordaban la política exterior hacia Irán y Venezuela. Los cinco materiales identificados en el expediente aparecían acompañados de una indicación de que habían sido pagados por el Gobierno de Estados Unidos.

La demanda fue presentada por una coalición que incluye a la organización de vigilancia gubernamental Common Cause, el sindicato SEIU Local 32BJ, su comité de acción política Empire State 32BJ SEIU PAC y Robert Hunter, candidato demócrata a la Cámara de Representantes de Alabama.

Los demandantes sostienen que la administración utilizó recursos aprobados por el Congreso para fines diferentes a los autorizados y que los anuncios constituyen propaganda política financiada con dinero de los contribuyentes, en vísperas de las elecciones legislativas de noviembre.

En su fundamentación publicada este lunes, Rochon concluyó de manera provisional que los demandantes habían demostrado una probabilidad clara y sustancial de prevalecer en sus reclamaciones sobre el uso indebido de asignaciones presupuestarias.

La magistrada examinó especialmente la Ley de Procedimiento Administrativo (APA), la disposición federal que exige utilizar los fondos públicos únicamente para los fines autorizados por el Congreso, contenida en el artículo 1301 del título 31 del Código de Estados Unidos, y las restricciones presupuestarias sobre publicidad y propaganda.

La jueza señaló que los recursos utilizados procedían de una partida destinada a actividades relacionadas con la seguridad fronteriza, incluidos actos conmemorativos y reconocimientos vinculados a esa misión.

Según su análisis, el Congreso no había autorizado que esos fondos se emplearan para financiar la campaña publicitaria cuestionada.

Rochon también consideró que permitir la continuación de los anuncios podía ocasionar perjuicios difíciles de reparar a los demandantes durante el período electoral, lo que justificaba una intervención judicial inmediata.

Por su parte, la administración sostuvo durante el proceso que la campaña estaba terminando y que había ordenado a la empresa no contratar nuevos espacios después del 11 de octubre. También cuestionó que los demandantes tuvieran legitimación para presentar la reclamación y alegó que el litigio había perdido objeto.

La magistrada rechazó esos argumentos en esta etapa. Explicó que todavía existían obligaciones contractuales, posibles pagos pendientes y dudas sobre la continuidad de las emisiones, por lo que el anuncio de que la campaña estaba concluyendo no hacía innecesaria la intervención judicial.

La decisión no constituye una sentencia definitiva sobre la legalidad de toda la campaña, sino una medida cautelar mientras continúa el proceso identificado como Common Cause et al. v. Department of Homeland Security et al., expediente 1:26-cv-08882.

El alcance práctico de la orden dependerá de su cumplimiento y de las próximas decisiones del tribunal. La suspensión judicial, por sí sola, no permite confirmar que todos los anuncios dejaron efectivamente de transmitirse desde el momento en que entró en vigor.

La controversia por el financiamiento de la campaña había comenzado antes de la intervención judicial. El 5 de octubre, Trump anunció que utilizaría recursos recaudados por MAGA Inc., un comité de acción política que lo respalda, para financiar futuros anuncios.

Sin embargo, según informó Associated Press, el presidente no se comprometió a devolver el dinero público utilizado hasta ese momento. El cambio de financiamiento anunciado no implicaba necesariamente un reembolso de los gastos anteriores.

Por su parte, el Departamento de Justicia argumentó durante el proceso que la campaña ya estaba programada para terminar el domingo 11 de octubre, por lo que consideraba innecesaria una intervención judicial.

Según explicó CNN en su cobertura del caso, el DHS había instruido a la empresa contratista para que no adquiriera nuevos espacios publicitarios después de esa fecha y aseguró que no existían planes de continuar las compras.

La administración defendió además los materiales como anuncios de servicio público y sostuvo ante el tribunal que no estaban dirigidos contra candidatos electorales o partidos políticos específicos.

La controversia adquirió una nueva dimensión este lunes, cuando The Washington Post informó que dos de los anuncios continuaron transmitiéndose después de la hora límite establecida por la jueza.

Según el periódico, la administración alegó que no había recibido la orden judicial con tiempo suficiente para cancelar esas emisiones. Los demandantes solicitaron una audiencia para examinar el cumplimiento de la medida.