Las familias de presos políticos en Cuba gastan entre 20,000 y 60,000 pesos cubanos por cada entrega de alimentos y medicinas a sus seres queridos encarcelados, una carga económica que ha llevado a algunos hogares a endeudarse, vender pertenencias y reducir su propia alimentación, según una investigación publicada este lunes 12 de octubre por Cubalex.

El informe, titulado «El castigo extendido: necesidades de las personas presas políticas en Cuba y de sus familias», recoge 28 entrevistas a familiares de personas encarceladas por motivos políticos, 25 de ellas mujeres.

El informe deja clara la idea de que las autoridades penitenciarias trasladan a los familiares responsabilidades básicas que deberían garantizar dentro de las prisiones, como la alimentación suficiente, los medicamentos, los artículos de higiene, la ropa de cama e incluso el agua potable.

La organización documentó gastos que oscilan entre 20,000 y 60,000 pesos por entrega, aunque la cantidad mencionada con mayor frecuencia se sitúa entre 30,000 y 40,000 pesos.

Estos desembolsos corresponden a cada saco o jaba de suministros que las familias preparan para llevar a prisión y no representan un gasto mensual fijo ni una cantidad uniforme para todos los hogares.

El dinero destinado a alimentos y medicinas constituye solo una parte del esfuerzo económico. Los traslados para visitar a los reclusos cuestan entre 400 y 15,000 pesos, dependiendo de la distancia, con gastos habituales de entre 3,000 y 8,000 pesos, según los testimonios recogidos.

Cuando los familiares no pueden viajar, algunos deben pagar entre 5,000 y 6,000 pesos a terceras personas para que transporten los paquetes. A esto se añaden recargas telefónicas de entre 100 y 1,000 pesos mensuales para mantener la comunicación con los presos.

La investigación señala que las familias también asumen la compra de medicamentos, frecuentemente en el mercado informal. Entre los ejemplos documentados figura un frasco de carbamazepina, cuyo precio alcanzó los 5,000 pesos cubanos.

Para dimensionar estos gastos, Cubalex utiliza como referencia el salario medio mensual del sector estatal civil, que fue de 6,930 pesos en 2025.

Una entrega de alimentos y medicinas de 30,000 a 40,000 pesos equivale aproximadamente a entre 4,3 y 5,8 meses de ese salario, sin contar los gastos de subsistencia del hogar.

Las consecuencias son especialmente difíciles para las familias que no reciben remesas ni cuentan con ayuda económica constante. El 60% de las personas entrevistadas identificó la necesidad económica como su preocupación más urgente.

Algunos testimonios describen hogares donde apenas se garantiza una comida diaria. Una de las personas entrevistadas resumió el sacrificio que realiza para ayudar a su familiar preso: «Aunque nosotros no comamos, lo mejor es para él».

Cubalex también documentó casos de familias que han tenido que vender pertenencias, incluida la cuna de un niño, para afrontar los gastos asociados al encarcelamiento. Otras dejaron de llevar alimentos durante meses después de perder las ayudas económicas de las que dependían.

Además, los testimonios recopilados describen raciones insuficientes, dificultades para recibir atención médica y problemas de acceso al agua en distintos establecimientos penitenciarios. En algunos casos, las familias aseguran que también deben conseguir materiales necesarios para procedimientos médicos.

La distancia hasta las prisiones representa otra dificultad. El informe recoge experiencias de familiares que salen de sus hogares a las 3:00 de la madrugada y recorren a pie entre 12 y 13 kilómetros, incluso acompañados de niños pequeños, para poder realizar visitas que duran apenas dos horas.

La carga recae especialmente sobre madres, esposas, hermanas e hijas, quienes deben conseguir alimentos, medicamentos y dinero para los traslados, mientras mantienen sus responsabilidades domésticas y el cuidado de otros familiares.

Según Cubalex, algunas mujeres también enfrentan dificultades laborales y situaciones de vigilancia o amenazas que atribuyen a la Seguridad del Estado. La organización denuncia que estas prácticas agravan la precariedad económica de los hogares precisamente cuando necesitan mayores ingresos.

Las dificultades alcanzan igualmente a los menores. El estudio recoge testimonios sobre afectaciones emocionales, problemas escolares y carencias materiales en hogares donde uno o varios integrantes permanecen encarcelados.

La investigación identifica además obstáculos para acceder a información sobre la situación penitenciaria de los presos y sobre los beneficios legales a los que podrían tener derecho, lo que incrementa la incertidumbre de sus familiares.

En sus conclusiones, la organización sostiene que el encarcelamiento por motivos políticos tiene consecuencias que van más allá de la persona privada de libertad y afecta directamente la economía, la salud y la estabilidad de su entorno familiar.

El nuevo estudio aborda una dimensión económica de las condiciones penitenciarias que Cubalex ha investigado anteriormente. En otro informe, la organización documentó 115 muertes bajo custodia en Cuba entre febrero de 2024 y junio de 2026, con denuncias sobre falta de atención médica y condiciones de reclusión.