El presidente español Pedro Sánchez decidió jugarse el Gobierno. El pasado 5 de octubre anunció la disolución de las Cortes y la convocatoria a elecciones generales para el próximo 29 de noviembre, varios meses antes de lo previsto. La decisión llegó después de que el Congreso rechazara dos decretos relacionados con la vivienda, derrota que confirmó las dificultades del Ejecutivo para manejar la mayoría parlamentaria que necesita para gobernar.
¿Fue una apuesta arriesgada? Sí. ¿Era inevitable? No. Sánchez podía intentar prolongar la legislatura hasta 2027, pero para ello necesitaba seguir exponiendo su capital político en agotadoras negociaciones que frenaban cada iniciativa importante. El rechazo de los decretos de vivienda, con el voto contrario de PP, Vox y Junts, mostró hasta qué punto la mayoría parlamentaria con que contaba se había deteriorado.
El propio presidente explicó al día siguiente que, si el Parlamento daba la espalda a la ciudadanía en una cuestión que considera central, como el acceso a la vivienda, correspondía a los ciudadanos elegir un nuevo Parlamento.
Ahí está el núcleo de su apuesta: cambiar un Parlamento que ya no puede controlar por unas elecciones cuyo resultado todavía está abierto.
Una apuesta contra las encuestas
El problema para Sánchez es que no parte de una posición electoral cómoda. Los sondeos publicados antes de la convocatoria situaban al Partido Popular (PP) por delante del Partido Socialista Obrero Español (PSOE) y mostraban un crecimiento importante de Vox. Una estimación difundida por El País situaba al PP alrededor del 33 % de los votos, al PSOE en el 26 % y a Vox en el 18 %. Las simulaciones correspondientes otorgaban al bloque de derechas una ventaja considerable.
No obstante, la experiencia democrática española recomienda tener en cuenta que estos datos son de encuestas, no de resultados electorales. La campaña apenas comienza y el sistema español —en el que los votos se traducen en diputados por circunscripciones— hace que una diferencia nacional no pueda trasladarse automáticamente a una mayoría parlamentaria.
Lo que sí es evidente es que Sánchez ha convocado comicios a pesar de saber que los sondeos no le sonríen. El riesgo aumenta porque la izquierda llega dividida. PSOE, Sumar y Podemos tendrán que resolver en pocas semanas sus relaciones y candidaturas, mientras las encuestas muestran una mayor movilización y fidelidad de voto en el electorado del PP y Vox.
Por eso, la decisión puede interpretarse como una apuesta por evitar que el desgaste de una legislatura paralizada termine siendo todavía mayor. Era perder o abrazarse a la posibilidad, mínima, eso sí, de volver a controlar el Parlamento.
La vivienda como carta
Hay una razón para pensar que Sánchez no ha elegido al azar el momento. La vivienda se ha convertido en uno de los principales problemas sociales de España. El intento de desahucio de una mujer de 87 años en Madrid provocó protestas y contribuyó a colocar nuevamente los alquileres, los desahucios y el acceso a la vivienda en el centro del debate público.
Los decretos impulsados por el Gobierno incluían medidas como límites a determinados alquileres, una suspensión temporal de algunos desahucios y restricciones a determinadas compras de viviendas por parte de empresas. El Congreso los rechazó, pero el Gobierno volvió a aprobar este martes medidas similares mediante nuevos decretos, ya con las Cortes disueltas.
Sánchez pretende convertir así una derrota parlamentaria en un argumento electoral: si el Congreso bloquea medidas para afrontar la crisis de vivienda, que sean los ciudadanos quienes decidan qué mayoría debe ocuparse de ella.
No es una cuestión menor. España afronta un fuerte déficit de vivienda y una creciente dificultad para acceder a ella, especialmente entre los jóvenes. El problema afecta tanto a quienes alquilan como a quienes intentan comprar y se ha convertido en un terreno de disputa entre las propuestas de intervención del mercado defendidas por la izquierda y las soluciones basadas en aumentar la construcción y flexibilizar la regulación que plantea el PP.
La cuestión será saber si la vivienda puede movilizar al electorado suficiente para modificar el escenario que muestran actualmente los sondeos.
¿Qué se juega la derecha?
En el otro lado, la elección no será solamente una disputa entre Sánchez y Alberto Núñez Feijóo. También estará en juego el peso de Vox.
Si el PP vuelve a ser la fuerza más votada pero no alcanza por sí solo una mayoría parlamentaria, el resultado de Vox puede determinar las condiciones para formar un Gobierno de derechas. Santiago Abascal ya ha situado sobre la mesa sus propias exigencias, entre ellas políticas de “prioridad nacional”, desregulación y restricciones migratorias.
Por tanto, una eventual mayoría PP-Vox no dependería únicamente de cuántos diputados obtenga el PP, sino también de cuánto avance Vox y de qué relación establezcan ambos partidos después de las elecciones.
Eso convierte a Vox en uno de los elementos centrales de la campaña, aunque todavía no pueda saberse qué fórmula de gobierno saldría finalmente de las urnas.
¿Puede repetirse 2023?
Sánchez conoce bien el riesgo. En 2023, las encuestas previas a las elecciones también apuntaban a una posible mayoría de PP y Vox. El resultado no produjo ese Gobierno y Sánchez consiguió posteriormente una investidura mediante acuerdos con Sumar y varios partidos nacionalistas.
La situación actual, sin embargo, no es idéntica. El PSOE llega con un socio de izquierda más débil y con una relación deteriorada con algunos de los partidos territoriales de los que ha dependido durante la legislatura. Junts, en particular, ha pasado de ser un apoyo decisivo para la investidura a convertirse en un interlocutor mucho más difícil. El voto de sus diputados contra los decretos de vivienda fue el episodio que terminó precipitando la convocatoria.
Al mismo tiempo, el espacio político situado a la izquierda del PSOE se encuentra dividido y debe reorganizarse contrarreloj. Algunas fuerzas ya han comenzado a plantear fórmulas de unidad, mientras Podemos reclama sus propias primarias.
Entonces, ¿se la jugó?
Sí, en el sentido de que Sánchez ha elegido una salida electoral en un momento de incertidumbre y con datos adversos. Pero también puede verse desde el otro lado.
No convocar era otra apuesta, esta por la derrota y el desgaste Continuar hasta 2027 habría significado mantener durante meses un Gobierno obligado a negociar, no con la oposición, sino con los supuestos aliados que cada vez dejaban más claro su inconformidad. El bloqueo podía convertirse en el principal argumento de la oposición y seguir erosionando al Ejecutivo.
Sánchez ha preferido correr el riesgo ahora. Su cálculo parece apoyarse en tres elementos: que la vivienda movilice a sectores sociales preocupados por el acceso a un hogar; que la campaña permita al PSOE recuperar parte del electorado desmovilizado; y que la fragmentación de la derecha o de la izquierda impida que las actuales diferencias en intención de voto se conviertan automáticamente en una mayoría parlamentaria.
Nada de eso está garantizado. Lo único seguro es que el 29 de noviembre los españoles no decidirán solamente si Pedro Sánchez continúa en La Moncloa. Decidirán también si el próximo Gobierno será socialista, popular o una alianza entre el PP y Vox; qué peso tendrán las fuerzas situadas a la izquierda del PSOE; y qué papel conservarán los partidos nacionalistas.
Por eso la pregunta que deja la decisión de Sánchez no es solamente si se la jugó. Es también si calculó acertadmente que el riesgo de esperar era mayor que el de acudir ahora a las urnas.
La respuesta no estará en las encuestas de octubre. Estará en las papeletas del 29 de noviembre.
