El Gobierno de Cuba acusó este miércoles a Estados Unidos de "intimidar con amenazas" a Estados y empresas si exportan o transportan combustibles a la isla y denunció como "ilegal" acciones que calificó de "piratería y pillaje". Así reaccionó el viceministro de Relaciones Exteriores cubano Carlos Fernández de Cossío al anuncio realizado hoy por autoridades estadounidenses de la confiscación de más de 600.000 galones (22 millones de litros) de biodiésel que iban hacia Cuba valorados en alrededor de 28 millones de dólares. "La importación de combustibles por entidades estatales y privadas en Cuba desde cualquier país es legal conforme a la legislación nacional y el Derecho Internacional" afirmó el vicecanciller insular en una declaración publicada en las redes sociales. Asimismo sostuvo que "lo que resulta ilegal es intimidar a Estados soberanos con amenazas de represalias del gobierno de EEUU si exportan combustible a Cuba o a empresas exportadoras o transportistas de cualquier país por participar en operaciones comerciales de esa naturaleza".También calificó de "ilegal" el hecho de "hostigar e interceptar en aguas internacionales buquesque transporten combustibles a Cuba como es ilegal la piratería y el pillaje"."Disponer almacenar distribuir y comercializar ese combustible dentro del territorio cubano también es legal como lo es transportarlo en aguas internacionales" recalcó Fernández de Cossío. Además denunció que es "ilegal inmoral y criminal someter a un pueblo entero a la asfixia económica como castigo colectivo con fines políticos". Agencias del Departamento de Seguridad Nacional (DHS en inglés) estadounidense anunciaron en una conferencia de prensa este miércoles que confiscaron noventa cargamentos del combustible 71 de ellos desde el Puerto Everglades en Florida y 19 del Puerto Houston en Texas que se dirigían a Enetec una compañía cubana sancionada por Estados Unidos. "Es un intento deliberado para socavar las sanciones de EE.UU. y todo eso está en este momento bajo investigación" apuntó José R. Figueroa agente especial a cargo de la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI) en Miami. El decomiso del combustible se produce en el contexto de la profunda crisis energética que padece Cuba desde mediados de 2024 agravada desde enero por el asedio petrolero de EE.UU. una medida calificada por Naciones Unidas como contraria al derecho internacional. Esa situación ha paralizado casi totalmente la economía de la isla que arrastra su peor crisis en décadas con escasez de alimentos medicinas y otros recursos básicos a lo que se suman los apagones diarios por las frecuentes averías en sus centrales de generación eléctrica ya obsoletas y el déficit de combustibles. A ello se suman las rondas de sanciones de Washington contra sectores vitales de la economía de la isla que además amenazan a las empresas que mantienen negocios o que han apoyado financiera material o tecnológicamente al Gobierno de La Habana.
