Instituir un procurador para cada área de turismo, está entre las transformaciones aprobadas en junio por el Parlamento. Nos aproximamos a cómo debería organizarse esa gobernanza colegiada y por qué conviene tomárselo en serio desde el primer día.
Por *ALEJANDRO DELGADO CASTRO, RAMÓN MARTÍN FERNÁNDEZ y LISANDRA TORRES HECHEVARRÍA
En una entrega anterior prometimos volver sobre cómo debería organizarse, en la práctica, la gestión de cada destino turístico cubano. Ya hay una señal concreta: entre las 176 transformaciones económicas y sociales aprobadas en junio por la Asamblea Nacional está la orden de crear, en cada territorio turístico, un gestor capaz de integrar a todos los actores locales.
La normativa que debe llevar esa medida a la práctica está en proceso de elaboración-revisión-aprobación. Conviene examinar con precisión como consideramos se organizaría esa gestión y por qué el verdadero punto de partida no es el gestor, sino el consejo que lo nombra y ante el que responde: de su diseño depende que la gobernanza mixta que propone la medida sea una realidad y no solo una declaración de intenciones.
La normativa debería crear la figura de una Organización de Gestión de Destino para cada uno de ellos: una entidad con personalidad jurídica y patrimonio independiente, con autonomía regulada por la ley. Su forma jurídica podría variar según el territorio, fundación, sociedad mercantil mixta, consorcio u otras figuras, pero su carácter de gobernanza colectiva no debería variar nunca.
Tendría también su propia marca, al estilo de “TurViñales” o “Destino La Habana”, y en ella tendrían participación el gobierno local, el empresariado estatal y privado, las cooperativas, la academia y las comunidades del territorio, entre otros.
La máxima autoridad de esa organización recaería en un consejo integrado por esos mismos actores, cada uno representado según su propio mecanismo de elección o designación. El consejo estaría encargado de aprobar la planificación turística del destino, su estrategia de promoción y comercialización, la coordinación entre los distintos actores del territorio, el fomento del emprendimiento y la capacitación del sector, y la sostenibilidad del conjunto de los atractivos como responsabilidad principal. Su presidencia sería rotativa y de carácter honorífico, precisamente para que ningún actor se apropie de la instancia: sería, en el fondo, solamente una posición formal encargada de conducir los procedimientos del consejo, moderar los encuentros, velar por el registro de los acuerdos, etc.
Para ejecutar lo que el consejo decide existiría una oficina ejecutiva, llamada Oficina de Gestión Turística, pequeña y sin personalidad jurídica propia, con un gestor de destino al frente: la oficina lleva a cabo en el diario lo acordado en el consejo, representa a la organización ante terceros, coordina las mesas de trabajo que convoque el consejo, y actúa como ventanilla única para los inversionistas y operadores que quieran desarrollar el destino. El gestor rinde cuentas periódicamente ante el consejo, que lo nombra por un periodo de tiempo fijo por acuerdo de sus miembros.
Ahí está lo que más importa de todo este diseño. La normativa debe sustituir a la figura del Delegado del titular del MINTUR, vigente desde 2009, respondiendo a lo que apunta la transformación aprobada: una gestión más colegiada, con mayor protagonismo de los actores del territorio. Para que ese cambio sea real, y no solo nominal, el consejo necesita decidir, no únicamente asesorar, sobre el presupuesto, la estrategia y el nombramiento del propio gestor.
La experiencia internacional lo confirma: en los destinos donde esta fórmula funciona bien, desde Europa hasta América Latina, el consejo tiene autoridad vinculante sobre esas tres cuestiones; cuando se queda en un papel meramente consultivo, sin capacidad real de decisión, termina perdiendo peso frente a la administración central, sin importar cómo se le llame.
El territorio y su financiamiento
Hay un segundo asunto que la normativa debe resolver: estos destinos no siempre coinciden con la división político-administrativa. El destino Santiago de Cuba se extiende más allá de los límites de su municipio y algo similar ocurre al norte de Holguín o en la propia Habana. La norma debería reconocer esa realidad y permitir que cada organización defina su ámbito territorial según el producto turístico que gestiona —una zona, un destino que agrupa varias zonas, o una región que agrupa varios destinos—, y no según los límites administrativos existentes.
También se necesita que estas organizaciones cuenten con fuentes de financiamiento propias, en vez de depender del presupuesto central. Una tasa de sostenibilidad cobrada de forma integrada en las plataformas de reserva y transferida directamente al territorio, permitiría que cada destino percibiera el cuidado de su playa o su centro histórico como una inversión con retorno propio. A eso podrían sumarse otras fuentes ya extendidas en la región, como los impuestos de estandía o el cofinanciamiento con el sector privado.
El tiempo apremia
Esta es la medida más trascendental de todo el conjunto de transformaciones aprobadas para el sector. El resto de las medidas abre a la participación cooperativa, privada e individual, fuera de la empresa estatal, actividades de viajes, de gestión hotelera, de marinas, etc. Unas amplían las garantías y los espacios para inversiones que soporten desarrollos de menor o mayor cuantía, mientras que otras proyectan apoyo financiero y fiscal a las operaciones. Son, en su conjunto, reflejo de recomendaciones y reclamos de varios sectores en las últimas décadas, incluida la academia.
La transformación analizada aquí, en cambio, versa sobre la gestión del escenario donde todo lo anterior se materializa. Apunta a quién velará por los atractivos del territorio, sin los cuales no hay turismo alguno, ni inversiones, ni emprendimientos. Es una medida de Gobierno que transforma la gobernanza misma de la actividad turística y permite empoderar a los actores locales, incluyendo uno apenas mencionado a lo largo del conjunto de las transformaciones: las comunidades. De esta manera, está -por su carácter, alcance e impacto- en el centro del Eje y se reviste de la mayor importancia.
La medida ya fue aprobada por la Asamblea, lo que falta es la normativa que la haga realidad. De cómo se resuelvan estos detalles —el carácter vinculante del consejo, la definición del territorio, las fuentes de financiamiento— dependerá que cada destino cubano cuente, por fin, con una gobernanza a la altura de lo que el turismo necesita, y que el cambio que propone la medida sea, en la práctica, tan profundo como en el papel.
*Alejandro Delgado Castro es Profesor Titular, Facultad de Turismo, Universidad de La Habana. Ramón Martín Fernández es Profesor Emérito, Facultad de Turismo, Universidad de La Habana. Lisandra Torres Hechevarría es Profesora Titular, Decana, Facultad de Turismo, Universidad de La Habana.
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