Holguín tiene 90,148 personas en situación de vulnerabilidad, una cifra equivalente a aproximadamente uno de cada 10 habitantes de la provincia, según datos expuestos durante un intercambio entre autoridades de los 14 municipios y presidentes de tres comisiones permanentes de la Asamblea Nacional del Poder Popular (ANPP).

El oriental territorio cerró 2025 con una población de 888,187 habitantes, de acuerdo con cifras de la Oficina Nacional de Estadística e Información (ONEI). Frente a ese total, las 90,148 personas en situación de vulnerabilidad representan aproximadamente 10,1 % de sus habitantes.

El encuentro es resultado de un recorrido nacional para dar seguimiento a la implementación del paquete de 176 medidas económicas aprobado por la ANPP en junio, y que colocó la situación de vulnerabilidad entre los principales desafíos que deberán enfrentar los gobiernos municipales, destacó este viernes el periódico oficial ¡Ahora!

Durante el intercambio, Félix Martínez Suárez, presidente de la Comisión de Asuntos Económicos del órgano legislativo, llamó a los gobiernos locales a «aprender a hacer negocios pero con las lógicas y principios del socialismo, bajo criterios de responsabilidad social». También vinculó la recuperación de la empresa estatal con la capacidad de enfrentar los problemas sociales del país.

El gobierno anunció en julio una redefinición de su modelo de protección social para concentrar la asistencia en las personas «en situación de vulnerabilidad», después de décadas en las que presentó los subsidios universales como uno de los componentes de su sistema social.

Al respecto, el viceministro de Trabajo y Seguridad Social Ariel Fonseca Quezada insistió a fines de julio, en la televisión oficial, en que la protección social «tiene que llegar a quien realmente la necesita» y defendió que, en un contexto de recursos limitados, el Estado debe concentrar sus esfuerzos en quienes presentan mayores necesidades.

El anuncio llegó, sin embargo, en un momento en que la vulnerabilidad económica ha dejado de ser una realidad limitada a determinados sectores.

La inflación acumulada desde la fallida Tarea Ordenamiento, la pérdida del valor real de salarios y pensiones, la dolarización parcial del comercio, la escasez de alimentos y medicamentos y los constantes apagones han deteriorado las condiciones de vida de millones de cubanos.

En ese escenario, la principal incógnita es cómo definirá el Gobierno quién merece recibir ayuda y quién no.

En julio de 2025, el primer ministro Manuel Marrero Cruz aseguró ante la ANPP que 182,000 familias y más de 310,000 personas se encontraban en situación de pobreza o vulnerabilidad social en el país, si bien admitió que no se trataba de todas las que realmente existían.

El economista Pedro Monreal advirtió en agosto último que extender la cobertura a toda la población vulnerable reconocida oficialmente exigiría multiplicar por 4,5 el gasto actual, hasta unos 24,300 millones de pesos, una cifra que, según su análisis, el gobierno no tiene capacidad para financiar.

Por su parte, el Observatorio Cubano de Derechos Humanos estimó que la pobreza extrema alcanzaba a 94 % de los cubanos y señaló que ocho de cada 10 habían dejado de desayunar, almorzar o cenar al menos una vez durante los seis meses anteriores por falta de dinero o alimentos.

Entre los casos documentados en Holguín sobre personas viviendo en la pobreza se encuentra el de una madre que en julio vivía con sus tres hijos en una vivienda de cartón detrás de la Loma de la Cruz, sin electricidad y sin recibir ayuda estatal.

Semanas atrás, la historiadora Ivette García González advirtió que los vulnerables en Cuba «ya no son segmentos», sino que constituyen, a su juicio, la mayoría de la población y abarcan al ciudadano común.