Pese a la existencia de medidas y legislaciones destinadas a proteger los derechos de las mujeres, la discriminación de género persiste en la vida cotidiana y los feminicidios continúan siendo una de sus expresiones más crueles en todo el mundo.
Las normas aprobadas en muchos países constituyen avances importantes, pues reconocen la violencia contra las mujeres como un problema social, público y de derechos humanos.
Sin embargo, su sola existencia no garantiza protección real ni transforma, por sí misma, las relaciones de desigualdad que sostienen esa violencia.
El feminicidio no debe entenderse como un hecho aislado, una tragedia familiar o un simple crimen pasional. Es la culminación de un ciclo de agresiones, amenazas, control, humillaciones y violencia física o sexual que, en demasiados casos, ocurre ante la indiferencia institucional o social.
Detrás de cada mujer asesinada suele haber señales previas: denuncias ignoradas, órdenes de protección insuficientes, falta de refugios, dependencia económica, miedo y una justicia que llega tarde.
Organismos internacionales han advertido que la discriminación, los estereotipos de género y las relaciones históricamente desiguales de poder siguen alimentando la violencia feminicida.
En América Latina y el Caribe, el fenómeno no muestra señales claras de una reducción sostenida.
En 2021, al menos 4 mil 700 mujeres fueron víctimas de feminicidio en 29 países y territorios de la región. La cifra revela que, más allá de los marcos legales existentes, las políticas de prevención y protección continúan siendo insuficientes.
La situación tampoco es exclusiva de nuestra región. De acuerdo con datos de Naciones Unidas, en 2023 unas 51 mil 100 mujeres y niñas fueron asesinadas por sus parejas u otros familiares en el mundo, lo que equivale a cerca de 140 víctimas cada día.
Estas muertes muestran que el hogar, espacio que debería significar seguridad, puede convertirse en el lugar de mayor peligro para miles de mujeres y niñas.
La brecha entre las leyes y la realidad se explica por múltiples causas. Persisten el machismo y los prejuicios que minimizan la violencia; muchas víctimas no denuncian por temor a represalias o por desconfianza en las autoridades; y los sistemas judiciales suelen enfrentar demoras, falta de recursos o actuaciones carentes de perspectiva de género.
A ello se suman la impunidad, el subregistro de casos y la insuficiente capacitación de quienes deben atender las denuncias e investigar los delitos.
Combatir el feminicidio exige mucho más que endurecer penas o promulgar nuevas leyes. Se necesitan instituciones capaces de actuar con rapidez ante una denuncia, redes de protección accesibles, refugios seguros, atención psicológica y jurídica, autonomía económica para las sobrevivientes y educación basada en la igualdad y el respeto.
También es indispensable que los agresores enfrenten consecuencias reales y que cada asesinato sea investigado con seriedad, sin prejuicios ni justificaciones.
La defensa de los derechos de las mujeres no puede quedarse en el discurso ni en el texto de una ley. Mientras una mujer sea discriminada, silenciada, golpeada o asesinada por su condición de mujer, la igualdad seguirá siendo una deuda pendiente de la sociedad.
