La administración del presidente Donald Trump acudió este jueves de emergencia a la Corte Suprema de Estados Unidos para intentar eliminar las restricciones judiciales que están frenando las deportaciones rápidas de inmigrantes a países distintos de los suyos, después de que una orden del Primer Circuito obligara, según el gobierno, a cancelar un vuelo con 70 personas.

Según informó The Associated Press, la administración solicitó a los magistrados suspender de inmediato las órdenes de tribunales inferiores que exigen ofrecer a los inmigrantes una oportunidad efectiva de objetar antes de ser enviados a un país distinto del establecido previamente en sus procesos migratorios.

El fiscal general Todd Blanche confirmó este jueves la presentación del recurso. «Acabamos de presentar una solicitud de suspensión de emergencia ante la Corte Suprema. Como dije, buscaríamos alivio inmediatamente», escribió en su cuenta en X.

Blanche añadió que la parte contraria tendrá hasta el lunes para responder a la petición del gobierno.

La nueva intervención de la Corte Suprema fue solicitada después de que el Tribunal de Apelaciones de Estados Unidos para el Primer Circuito emitiera una orden poco antes de la medianoche del miércoles 23 de septiembre.

Según explicó la administración, esa decisión la obligó a cancelar un vuelo programado para este jueves con 70 personas con condenas penales que iban a ser enviadas a tres países.

El gobierno sostuvo además que la cancelación obligó a iniciar una nueva ronda de gestiones diplomáticas con cada una de las naciones receptoras.

La administración no identificó públicamente esos tres destinos. Sin embargo, los abogados de los inmigrantes habían solicitado horas antes una intervención urgente después de recibir información de varias fuentes sobre un vuelo previsto desde Alexandria, Louisiana, hacia Burundi, Ruanda y la República Centroafricana.

Horas después de esa solicitud, el Primer Circuito aclaró que ya no estaba vigente una orden anterior que permitía continuar con los vuelos mientras avanzaba el litigio.

Blanche criticó duramente la decisión y sostuvo que privaba a las autoridades de una herramienta que el gobierno considera legal para ejecutar su política migratoria.

La disputa tiene su origen en una decisión judicial sobre las garantías que deben recibir los inmigrantes antes de una deportación a un tercer país.

El fallo no prohíbe de manera absoluta esos traslados, pero exige que las personas afectadas reciban una notificación efectiva y una oportunidad significativa para alegar que podrían enfrentar persecución o tortura en el país al que serán enviadas.

El Primer Circuito ratificó el 18 de septiembre, en lo esencial, la decisión del juez federal de Massachusetts Brian Murphy contra la política aplicada por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS).

En su fallo de 55 páginas, el tribunal estableció que DHS debe proporcionar a los afectados aviso efectivo del tercer país al que pretende deportarlos y una oportunidad significativa de impugnar ese destino alegando un temor razonable de persecución o tortura.

La corte confirmó esas garantías procesales, aunque rechazó otra parte de la decisión del tribunal inferior que obligaba al gobierno a intentar primero deportar a los inmigrantes a determinados países antes de recurrir a terceros Estados.

Para la administración Trump, las nuevas exigencias judiciales pueden generar demoras sucesivas y obligar a modificar acuerdos alcanzados con gobiernos extranjeros.

«El gobierno ha podido deportar a miles de extranjeros a terceros países en los últimos meses, y miles más son elegibles para esas deportaciones», escribió el procurador general de Estados Unidos ante la Corte Suprema, D. John Sauer, en la solicitud presentada este jueves.

La administración sostiene que recurre a terceros países cuando no puede devolver rápidamente a determinadas personas a sus lugares de origen y afirma que los gobiernos receptores proporcionan garantías de que los deportados no serán perseguidos ni sometidos a tortura.

Según AP, la mayoría de las personas deportadas a países distintos del suyo han sido enviadas a México, aunque miles de migrantes han sido trasladados a más de dos decenas de países mediante distintos acuerdos alcanzados por Washington.

Las impugnaciones judiciales a estos procedimientos continúan. El pasado viernes, una jueza federal de Colorado ordenó a la administración devolver a Estados Unidos al hondureño Bryan Omar Sánchez, quien había sido deportado el 29 de julio a la República Centroafricana.

La jueza Regina M. Rodríguez ordenó que Sánchez fuera devuelto y liberado una vez en Estados Unidos. El hondureño mantenía una solicitud de asilo pendiente y contaba con protección bajo la Convención contra la Tortura cuando fue enviado a África.

La política también ha alcanzado a ciudadanos cubanos. A comienzos de septiembre, varios cubanos deportados por Estados Unidos a países africanos relataron meses de detención, enfermedades sin tratamiento, pérdida de peso, separación familiar e incertidumbre sobre su situación migratoria.

Entre ellos figuran cubanos enviados a Esuatini y la República Centroafricana, mientras otros nacionales de la isla también han sido trasladados a países como Liberia y Guinea Ecuatorial.

Este caso forma parte de una disputa legal más amplia sobre las deportaciones a terceros países. Sigue todos los detalles y novedades en nuestra sección de Inmigración en EE.UU.