De acuerdo con las autoridades, la apuesta es la creación de condiciones para que mayor cantidad de tierra entre en producción y que trabajadores del campo, cooperativas, mipymes y empresas dispongan de mayores márgenes de gestión.En este sentido, entre los cambios más relevantes figura la ampliación de las posibilidades de entrega de tierras a personas naturales y jurídicas —estatales, privadas, mixtas o cooperativas— para actividades agropecuarias, forestales y proyectos asociados al sector.Asimismo, la nueva legislación también modifica reglas sobre el usufructo y reconoce la necesidad de vincular la tierra con quienes puedan ponerla a producir, en un contexto donde la baja disponibilidad de alimentos y el deterioro de los rendimientos agrícolas continúan entre los principales problemas de la economía en la isla.Entre el surco y la ciudadPara José Javier Mosquera Guerra, director de la mipyme Los Productos de la Tierra, que opera la marca comercial Petricor, las transformaciones anunciadas el pasado mes de junio pueden reforzar modelos de negocio basados en la articulación entre productores cercanos, la comercialización especializada y la entrega directa al consumidor.»Nosotros trabajamos fundamentalmente con productores que están cerca de la ciudad o dentro de la misma, que poseen huertos similares al que tenemos aquí y logran un cultivo orgánico y único, y se especializan en ese tipo de alimentos», explicó a Sputnik.Petricor vende mercancía agrícola obtenida con prácticas ecológicas y mantiene, además, una parcela urbana donde cultiva hierbas aromáticas y hortalizas como culantro, orégano, albahaca, hierbabuena, menta, espinaca y rúcula. Para su director, el valor añadido de ese espacio no se limita al productor en sí, sino a la posibilidad de reducir el tiempo entre cosecha y consumo.Mayor comercialización y autonomíaUna de las disposiciones con mayor impacto es la reforma de la comercialización agropecuaria. El nuevo marco reconoce la posibilidad de que los productores vendan sin intermediarios estatales obligatorios; además, permite que cooperativas y mipymes se inserten con mayor autonomía en las operaciones comerciales, incluida la formación de precios según la oferta y la demanda.En efecto, la medida busca acortar la cadena entre el campo y el mercado, reducir costos de intermediación y crear incentivos para elevar la producción.Para Petricor este cambio está asociado de manera directa con el esquema que ya desarrolla: conectar a trabajadores del campo con clientes urbanos, restaurantes y negocios particulares sin depender exclusivamente de los canales tradicionales de distribución.Sin embargo, la experiencia revela que una mayor libertad de comercialización no resuelve por sí sola los obstáculos materiales. La transportación continúa como una de las limitaciones más visibles, sobre todo para emprendimientos que requieren mover alimentos perecederos con rapidez y mantener su calidad.La posibilidad de acceder a los insumos de forma más directa puede favorecer la disponibilidad de alimentos en barrios y zonas urbanas, si bien sus resultados dependerán de que existan combustible, medios de transporte, refrigeración, envases, equipos y redes logísticas que permitan llevar los cultivos desde las fincas hasta los usuarios sin elevar excesivamente los precios.Acceso a financiamiento en divisasIgualmente, el paquete legal amplía las facultades de las cooperativas agropecuarias para realizar las operaciones de comercio exterior, importar insumos y acceder a financiamiento bancario. También contempla la creación de un Banco Agrícola y el fortalecimiento del Fondo de Fomento Agrícola con el propósito de facilitar créditos y recursos para la actividad productiva.También se prevén incentivos para la venta de insumos en divisas, nuevos mercados especializados y mecanismos que permitan a distintos actores económicos la gestión de importaciones y el acceso a recursos productivos.De acuerdo con las autoridades, las nuevas normas pretenden abarcar la cadena completa: tierra, genética, sanidad vegetal y animal, tecnología, insumos, producción y comercialización.Mosquera Guerra identificó el acceso a moneda libremente convertible como una de las posibilidades más concretas para las mipymes que necesitan adquirir materias, envases, equipamiento o materias primas no disponibles en el mercado nacional.»Tenemos que, a veces, emplear respaldos de energía que se están fomentando en el país para poder conservar nuestras mercancías», apuntó. «La posibilidad de que la empresa pueda crear una cuenta en dólares también facilita la adquisición de distintas herramientas e insumos en esa moneda».Según el director de Petricor, esa opción ya ha permitido incorporar a la cartera algunos alimentos importados hoy de difícil acceso en la mayor de las Antillas, entre ellos, manzanas y naranjas dulces. No obstante, el mayor impacto de las medidas, a su juicio, debería medirse por su capacidad para respaldar la producción nacional y reducir la dependencia de las importaciones.»Sin la disponibilidad de divisas es imposible participar en el comercio externo», dijo. Pero agregó que el objetivo radica en la inserción «mucho más en las posibilidades que dan las transformaciones desde el punto de vista económico y legal» para beneficiar a los productores que laboran con la empresa y los consumidores.Alianzas entre estatales y privadosLa Ley 185 y las normas complementarias también reconocen alianzas entre personas naturales y jurídicas, actores estatales, privados y mixtos. En la práctica, ello podría abrir espacios para que los diferentes actores compartan infraestructura, tecnologías, capacidades de transformación y redes de distribución.Precisamente, Petricor prevé explorar esa vía. «Tenemos la posibilidad de encadenarnos con empresas estatales que ya tienen infraestructuras creadas», expuso Mosquera Guerra y añadió que la aspiración es aprovechar esas capacidades para procesar frutas, elaborar conservas y deshidratar hierbas aromáticas, para que puedan venderse también fuera de sus temporadas.Si bien el esquema actual incorpora incentivos, el efecto real dependerá de la ejecución administrativa, el acceso efectivo a recursos y el logro de un retorno económico suficiente para reinvertir. En su opinión, una mayor capacidad de operar con moneda fuerte y obtener ganancias puede contribuir al incremento de las cosechas.Aunque la flexibilización de las reglas puede dinamizar iniciativas privadas, cooperativas y estatales, la agricultura en la isla enfrenta otras problemáticas como la disponibilidad de fertilizantes, combustible, maquinaria, semillas, transporte, electricidad e infraestructura de riego y conservación, derivados de la política de sanciones estadounidenses.Pese a la apertura de una etapa de mayores posibilidades para el sector, el alcance de la reforma se medirá no por la cantidad de normas aprobadas, sino por indicadores como más tierras cultivadas y rendimiento, menos pérdida de cosechas, acceso real a insumos y financiamiento, cadenas logísticas más eficientes y una oferta más amplia, estable y asequible para la población.
