La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, afirmó este martes que 1.046 venezolanos han recuperado la libertad desde enero de 2026, cuando el régimen chavista inició un proceso de excarcelaciones tras la captura de Nicolás Maduro por fuerzas estadounidenses, según informó la agencia EFE.

El anuncio lo realizó en un mensaje a la nación con motivo de cumplirse dos meses de los devastadores terremotos que sacudieron Venezuela en junio pasado, y en él también precisó que otras 12.000 personas han recibido beneficios procesales.

«Como resultado del Programa de Convivencia Democrática y Paz, a esta fecha 1.046 venezolanos han sido liberados, 12.000 personas han recibido beneficios procesales y continuaremos avanzando con responsabilidad», declaró Rodríguez.

Las excarcelaciones arrancaron pocos días después del 3 de enero, cuando tropas estadounidenses capturaron a Maduro en Caracas. Desde entonces, el gobierno venezolano ha anunciado oleadas sucesivas de liberaciones a lo largo del año, aunque las cifras oficiales han sido cuestionadas de forma sistemática por organizaciones independientes.

Foro Penal, la principal organización de defensa legal de presos políticos en el país, ha verificado consistentemente números inferiores a los proclamados por el gobierno. De las 131 excarcelaciones que las autoridades anunciaron a mediados de agosto —vinculadas al cierre del primer ciclo de diálogo entre el chavismo y la oposición—, la ONG solo pudo confirmar 81. La Plataforma Unitaria Democrática (PUD), la mayor coalición opositora, contabilizó por su parte 105 de ese mismo lote.

Hasta junio pasado, Foro Penal había verificado la liberación de 894 presos políticos desde enero, una brecha con las cifras oficiales que se ha mantenido durante todo el proceso. Al 10 de agosto, la organización registraba aún 391 personas en condición de presas políticas activas.

En el plano institucional, Rodríguez reiteró que su gobierno trabaja en cooperación con el Comité Internacional de la Cruz Roja para revisar las condiciones de los centros de reclusión, un anuncio que la Cancillería había hecho la semana anterior ante la presión de organizaciones de derechos humanos y familiares de detenidos que llevan meses exigiendo el acceso de ese organismo a las cárceles venezolanas.

Las últimas excarcelaciones de agosto se produjeron en el contexto del primer ciclo de diálogo entre el chavismo y la oposición, representada por la exdiputada Dinorah Figuera con el respaldo de Washington. Ese proceso negociador, instalado en la base aérea de La Carlota en Caracas, cerró su primera ronda el 13 de agosto con acuerdos sobre la renovación del Tribunal Supremo de Justicia y la atención a las víctimas de los terremotos.

El Parlamento de mayoría chavista también había aprobado en febrero una ley de amnistía que benefició a más de 8.000 personas, aunque la mayoría ya se encontraba en libertad restringida. En abril, Rodríguez declaró concluida la aplicación de esa norma.

Al margen de las excarcelaciones, la presidenta encargada prometió eliminar los controles policiales en las ciudades, señalados reiteradamente como focos de extorsión, y reforzar el patrullaje con mecanismos que, según sus palabras, sean «respetuosos» de los derechos humanos.

El telón de fondo del anuncio son los terremotos del 24 de junio, de magnitudes 7,2 y 7,5, que al inicio de agosto habían dejado más de 6.125 muertos confirmados y se han convertido en la mayor catástrofe natural reciente de Venezuela.