El Gobierno cubano comenzó a trazar el procedimiento para entregar mediante licitación la gestión de establecimientos gastronómicos del Sistema de Atención a la Familia (SAF) a otros actores económicos, incluido el sector no estatal, en medio de las crecientes dificultades del Estado para sostener por sí solo este programa destinado a personas vulnerables.

El Ministerio del Comercio Interior (Mincin) detalló este viernes los pasos que deberán seguir las empresas municipales de Comercio cuando decidan modificar la gestión administrativa de los establecimientos que prestan servicios al SAF.

El primer paso será divulgar públicamente la «posibilidad de gestión por otros actores económicos», junto con la relación y ubicación de los establecimientos disponibles en cada municipio. Los interesados tendrán 7 días hábiles para presentar sus proyectos.

Una vez recibidas las propuestas, la empresa municipal deberá evaluarlas y decidir si convoca una licitación pública o restringida. Posteriormente se elaborará el pliego con las condiciones y requisitos para gestionar el establecimiento y se abrirá formalmente el proceso.

Según el procedimiento divulgado por el Mincin, la recepción de las ofertas y la selección de los oferentes con mejores proyectos deberá realizarse en un plazo de 10 días hábiles contados desde el inicio de la convocatoria, con participación de la Dirección Municipal de Comercio.

La adjudicación no será automática. La propuesta seleccionada tendrá que ser presentada al Grupo de Atención a las Políticas Sociales de la demarcación del Consejo Popular y posteriormente al Consejo de Administración Municipal para su aprobación.

Una vez escogido el nuevo gestor, las autoridades deberán definir qué ocurrirá con los insumos y activos fijos existentes, el estatus de los trabajadores y los contratos de suministros y servicios, que podrán ser cancelados para actualizarlos a nombre del actor económico que resulte adjudicatario.

El paso final será la firma de un contrato que obligará al nuevo gestor a mantener la prestación del servicio del SAF y establecerá, entre otros aspectos, las condiciones para utilizar el inmueble, un plan de mantenimiento y recuperación del equipamiento, el tratamiento de los activos existentes y la relación con los organismos y factores comunitarios vinculados al programa.

El contrato también contempla el uso del Manual de Identidad del SAF y de fuentes de energía renovable para la gestión del servicio, según la información divulgada por Comercio Interior.

En las zonas rurales y de difícil acceso donde no existan establecimientos gastronómicos, incluso se contempla que el servicio pueda prestarse mediante hogares de alimentación comunitaria o por personas naturales en sus viviendas.

La apertura supone un nuevo paso en la entrega de la gestión de los comedores sociales a mipymes, trabajadores por cuenta propia y otros actores, mientras el Estado conserva el control sobre quiénes pueden recibir el beneficio y el financiamiento de los subsidios aprobados.

El procedimiento desarrolla el marco jurídico aprobado a comienzos de agosto. La Resolución 14/2026 del Ministerio del Comercio Interior, emitida el 24 de julio y publicada el 4 de agosto en la Gaceta Oficial Extraordinaria No. 85, permite que el servicio sea prestado no solo por establecimientos estatales de Comercio, sino también por entidades estatales con comedores obreros, formas de gestión no estatal e instituciones o asociaciones sin fines de lucro.

La norma se apoya además en el Acuerdo 10418 del Consejo de Ministros, aprobado el 23 de julio, que amplió expresamente la participación de los prestadores del SAF.

El Acuerdo 10418 establece que las direcciones provinciales y municipales de Finanzas y Precios deben otorgar el financiamiento destinado al subsidio de los beneficiarios.

También señala que el sistema tendrá como fuentes fundamentales de abastecimiento las producciones locales y la autogestión, mientras que productos procedentes del balance central y donaciones solo se distribuirán cuando exista disponibilidad.

Los nuevos gestores no podrán operar como restaurantes privados convencionales sin obligaciones sociales. La Resolución 14/2026 exige que los prestadores garanticen dos ingestas diarias, inocuidad e higiene de los alimentos, licencias sanitaria y comercial, disponibilidad de agua, capacidad para cocinar, condiciones adecuadas del inmueble y servicio a domicilio para beneficiarios que por su estado de salud no puedan trasladarse.

El SAF está destinado, según el nuevo marco legal, a personas mayores que vivan solas o con otros adultos mayores sin apoyo familiar; personas en situación de discapacidad que vivan solas y carezcan de ese apoyo; adultos pertenecientes a familias en situación de vulnerabilidad social sin condiciones para elaborar alimentos en sus viviendas; y, de manera excepcional, embarazadas de hogares vulnerables que necesiten refuerzo alimentario.

La decisión de buscar gestores fuera de las empresas estatales llega después de años de deterioro de estos servicios y de una creciente dependencia de aportes externos y del sector privado.

Negocios particulares y donaciones internacionales ya habían sido utilizados para sostener comedores del SAF ante las dificultades para garantizar alimentos y otros recursos.