Estados Unidos amplió las sanciones contra el Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos (ICAP) y añadió a su lista de personas y entidades sancionadas al presidente de esa organización, Fernando González Llort, así como a las funcionarias Leima Martínez Freire y Noemí Rabaza Fernández.
La nueva ronda de medidas también alcanza a varias empresas y entidades estatales cubanas vinculadas con actividades comerciales, industriales, mineras, de construcción y abastecimiento.
Entre las entidades incluidas figuran ACINOX COMERCIAL; Agencia de Contratación a Representaciones Comerciales S.A. (ACOREC S.A.); CORATUR S.A. (Corporación de Abastecimiento al Turismo S.A.); TRANSIMPORT; CONSUMIMPORT; Empresa de Níquel Comandante Ernesto Che Guevara; METALCUBA; GEOMINSAL y el Ministerio de la Construcción (MICONS), según la actualización de las medidas estadounidenses.
La incorporación de estas entidades amplía el alcance económico de la presión de Washington sobre el régimen cubano y sus estructuras estatales.
Las sanciones administradas por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) implican, en términos generales, el bloqueo de los bienes e intereses en bienes de las personas y entidades designadas que se encuentren bajo jurisdicción estadounidense, además de prohibiciones para que las personas sujetas a la jurisdicción de Estados Unidos realicen transacciones con ellas, salvo autorización.
El ICAP vuelve al centro de las sanciones
El Departamento del Tesoro ya había incluido al ICAP en junio dentro de una ronda de sanciones contra integrantes del aparato político y de control del régimen cubano.
En esa ocasión, Estados Unidos también sancionó al Ministerio de las Fuerzas Armadas Revolucionarias (MINFAR), los Comités de Defensa de la Revolución (CDR), la agencia Amistur Cuba S.A. y otras entidades, además de miembros de la familia de Miguel Díaz-Canel y de Raúl Castro.
El ICAP, creado por el régimen de Fidel Castro en 1960, se presenta oficialmente como una organización encargada de promover la solidaridad internacional con Cuba y coordinar vínculos con organizaciones extranjeras.
Sin embargo, Washington ha señalado al instituto como una herramienta de influencia internacional de La Habana. En julio, el secretario de Estado Marco Rubio acusó al ICAP de ser uno de los principales instrumentos del régimen cubano para desarrollar operaciones de influencia política, propaganda y apoyo a su estrategia exterior.
Rubio hizo esas declaraciones después de anunciar el arresto en Estados Unidos de Carlos Antonio Lloga Domínguez, identificado como un exfuncionario del ICAP que había trabajado durante más de una década para la organización.
Fernando González Llort, de la Red Avispa a la dirección del ICAP
La nueva medida alcanza directamente a Fernando González Llort, actual presidente del ICAP y uno de los cinco integrantes de la denominada Red Avispa, la red de espionaje cubana desmantelada por el FBI en Florida en 1998.
González fue condenado en Estados Unidos por delitos relacionados con espionaje y cumplió más de 15 años de prisión antes de ser liberado en 2014 como parte del acercamiento entre Washington y La Habana durante la Administración de Barack Obama.
Tras regresar a Cuba, González fue incorporado a la estructura de poder del régimen y terminó al frente del ICAP, desde donde participa en la coordinación de relaciones con organizaciones de solidaridad extranjeras.
En enero de este año, por ejemplo, González recibió en la sede del ICAP a Claudia de la Cruz, directora ejecutiva de Pastores por la Paz, y participó en actividades destinadas a fortalecer los vínculos de esa organización estadounidense con el régimen cubano. En el encuentro también estuvieron la vicepresidenta Noemí Rabaza Fernández y Leima Martínez Freire, directora en el ICAP para el área de Norteamérica.
Ambas han desempeñado durante años un papel activo en la estrategia internacional de la institución.
Rabaza Fernández ha representado al ICAP en encuentros políticos y organizaciones de solidaridad con Cuba en distintos países.
Martínez Freire, por su parte, ha participado en la coordinación de brigadas extranjeras que viajan a Cuba y en actividades de promoción de la política exterior del régimen. En abril de 2025, por ejemplo, presentó el programa de una brigada internacional del ICAP que reunió a más de 300 personas de unos 15 países para participar en actividades políticas y de solidaridad en la Isla.
La funcionaria también ha intervenido en actividades de organizaciones de solidaridad en Estados Unidos y Canadá.
Nexos del ICAP con redes pro-Hezbolá
ADN Cuba ha documentado previamente los vínculos del ICAP con redes relacionadas a Hezbolá y otras organizaciones terroristas.
Una investigación publicada por ADN Cuba documentó conexiones entre el instituto y Al-Tajammu, una coalición proiraní cuya junta directiva incluye integrantes de Hezbolá, los hutíes, la Yihad Islámica Palestina y el Frente Popular para la Liberación de Palestina (FPLP).
La investigación también señaló que el ICAP ha utilizado durante décadas sus actividades de “solidaridad” como una plataforma para establecer vínculos con activistas y organizaciones extranjeras.
En septiembre de 2025, la congresista cubanoamericana María Elvira Salazar pidió públicamente sancionar al ICAP precisamente por sus presuntos nexos con Hezbolá y otras organizaciones terroristas. La legisladora calificó entonces al instituto de “fachada de la inteligencia, la radicalización y el terrorismo cubanos”.
Golpe a empresas estatales
La nueva ronda también amplía la presión sobre sectores estratégicos de la economía cubana.
ACINOX Comercial, por ejemplo, es una empresa estatal dedicada a operaciones de importación, exportación y comercialización de productos de la industria siderúrgica. Forma parte del Grupo Empresarial de Aceros y sus Derivados.
TRANSIMPORT y CONSUMIMPORT figuran entre las entidades estatales autorizadas por el régimen para realizar operaciones de comercio exterior con actores privados cubanos. METALCUBA también aparece entre las empresas autorizadas para actividades de importación y exportación.
Por su parte, CORATUR S.A. está autorizada para actividades de importación y exportación y comercializa productos cubanos en distintos mercados internacionales.
La inclusión de estas compañías supone un nuevo obstáculo para las operaciones comerciales de entidades cubanas que necesitan relacionarse con empresas, bancos o proveedores vinculados directa o indirectamente con Estados Unidos.
La lista incluye además a GEOMINSAL, conglomerado estatal dedicado a actividades minero-geológicas y salineras, y a MICONS, el Ministerio de la Construcción.
También fue sancionada la Empresa de Níquel Comandante Ernesto Che Guevara, ubicada en Moa, Holguín, una de las principales instalaciones estatales de la industria cubana del níquel y el cobalto.
La ampliación de las sanciones llega en un momento en que el régimen cubano enfrenta una grave crisis económica, energética y de liquidez, con dificultades crecientes para importar combustible, materias primas, piezas de repuesto y otros productos esenciales.
Con esta nueva ronda, Washington no solo aumenta la presión sobre el aparato de influencia internacional de La Habana, sino que extiende el cerco a empresas del régimen.
