«Nos enfrentamos a realidades nada agradables, pero no cerramos los ojos ante ellas.» La frase del General de Ejército Raúl Castro Ruz, pronunciada en 2010, llega hoy con una vigencia que pocos podían anticipar entonces.
Aquella actualización del modelo económico, que en su momento pareció audaz, palidece ante la magnitud de las 176 Transformaciones Económicas y Sociales aprobadas por la Asamblea Nacional del Poder Popular el 18 de junio de 2026. No es una medida más. Es, como lo ha reconocido el propio gobierno, «el proceso de mayor profundidad emprendido en la modernización del Modelo Económico y Social cubano». Y no podía ser de otra manera, ya que cuando el enemigo aprieta el cerco hasta la asfixia, la única respuesta posible es la transformación radical.
Para entender la magnitud de lo que está ocurriendo, hay que comenzar por el escenario en el que se inscriben estas transformaciones. Durante el primer semestre de 2026, Cuba ha estado bajo el impacto de una agresión reforzada del gobierno de Estados Unidos, materializada en órdenes que integran un sistema de sanciones secundarias que apuntan no solo a Cuba, sino a cualquier persona o entidad extranjera que haga negocios con nuestro país.
El comercio exterior ha sido uno de los sectores más golpeados, con la paralización de las operaciones de las principales navieras y miles de contenedores con alimentos, medicamentos y sistemas solares retenidos en puertos cercanos. El sector del turismo ha visto cerrado el 73% de sus instalaciones hoteleras, con unos 25 000 trabajadores en situación de disponibilidad, y siete cadenas hoteleras internacionales han abandonado el país.
¿Cómo se llama esto en cualquier otro lugar del mundo? Bloqueo. Agresión económica. Guerra.
El secretario de Estado Marco Rubio, en un acto de cinismo que ya no sorprende, esgrime argumentos falsos sobre una supuesta amenaza cubana a la seguridad nacional de Estados Unidos, a pesar de que Cuba ha aportado todas las pruebas que refutan esa imputación. No hay amenaza. Nunca la hubo. Lo que hay es un imperio que no soporta la existencia de un proyecto alternativo a noventa millas de sus costas, y que ha decidido usar todo su poderío para asfixiarlo. En esas condiciones, las transformaciones económicas no son un lujo ni una concesión a la ideología neoliberal: son una cuestión de supervivencia.
El paquete de 176 medidas, agrupadas en 23 ejes temáticos, abarca prácticamente todos los ámbitos de la vida económica y social del país. Detrás de la aridez de los términos técnicos se esconden cambios que, hace apenas una década, habrían parecido impensables.
Quizás la transformación más significativa sea la que afecta al sistema empresarial estatal, el corazón del modelo económico cubano. Las 17 medidas agrupadas en el primer eje temático dotan a las empresas de una autonomía sin precedentes. Podrán aprobar su propia organización salarial, definir precios mayoristas y minoristas, realizar inversiones financieras, y determinar los trabajadores que cesan el vínculo laboral. El fondo de salarios ya no estará condicionado a indicadores aprobados centralmente, sino a la capacidad económica y financiera de cada entidad. Las empresas se integrarán en grupos empresariales para generar sinergias, y se eliminarán los subsidios del Presupuesto del Estado.
¿Riesgos? Por supuesto. La autonomía sin control puede llevar a la improvisación. La descentralización sin capacidades puede generar caos. Pero también es cierto que el modelo anterior, con su excesiva centralización, había demostrado ser insuficiente para responder a las exigencias de un entorno hostil. Como señala un análisis publicado en el blog Cuba y Economía, «la ampliación de autonomía para la empresa estatal socialista y la eliminación del límite de 100 trabajadores para el sector privado son avances sustanciales». El desafío ahora es garantizar que esa autonomía vaya acompañada de controles efectivos y de una cultura de gestión que no se construye de la noche a la mañana.
El segundo gran eje de transformación afecta a los actores económicos no estatales. La cifra ya supera las quince mil mipymes y cooperativas, y con las nuevas medidas se flexibilizan las actividades autorizadas, eliminando 46 prohibiciones totales y 36 de manera parcial. El decreto 160, publicado el 28 de julio, facilita la inserción de estos actores en el desarrollo económico del país.
Pero más allá de las cifras, lo relevante es el cambio de enfoque. Ya no se trata de tolerar al sector privado como un mal menor, sino de reconocerlo como un actor clave en la generación de riqueza y empleo. Como ha señalado Yovana Vega Matos, directora del Sistema Empresarial del Ministerio de Economía y Planificación (MEP), el propósito es «consolidar un tejido empresarial más denso, diverso y articulado». La eliminación del requisito de autorización previa del MEP para la creación de empresas en cualquiera de sus modalidades es un paso en esa dirección.
Aquí los riesgos son igualmente evidentes. La proliferación de actores privados sin una cultura empresarial sólida puede derivar en prácticas especulativas, evasión fiscal y distorsión de precios. El propio Primer Ministro ha reconocido que «sabemos que este es un tema no resuelto» y que «la descentralización irá acompañada del fortalecimiento de la inspección y el control».
Uno de los ejes más polémicos —y también más necesarios— es el relativo a la modernización del sistema bancario y financiero. Se elimina todo trámite administrativo para la apertura de cuentas en divisas, se permite el depósito de efectivo a los actores no estatales en esas cuentas, y se autorizan los pagos al exterior por importaciones y financiamientos. Se ha aprobado el marco regulatorio para casas de cambio privadas, y la primera de ellas está lista para iniciar operaciones como proyecto piloto. El límite mensual de transacciones se incrementa de 120 000 a 2 500 000 pesos, y se elimina la comisión por depósito en efectivo.
Estas medidas buscan resolver uno de los problemas más acuciantes de la economía cubana: la falta de liquidez y la dificultad para realizar transacciones en un contexto de escasez de efectivo. Como ha señalado el Primer Ministro, «hay un tema que, con estas transformaciones, tenemos que seguir incrementando las medidas y las exigencias para resolver de una vez por todas: los problemas asociados al efectivo que afecta sobre todo a personas más vulnerables».
El incremento salarial en el sector presupuestado, con un costo estimado anual de 42 500 millones de pesos y un salario mínimo de 3 210 pesos, es una medida necesaria pero insuficiente, como el propio gobierno reconoce. Es «una decisión que, si bien resulta insuficiente, es necesaria para un sector que garantiza la mayoría de los servicios sociales básicos». La pregunta que queda en el aire es cómo se va a financiar este incremento sin generar más inflación, en un contexto donde la oferta de bienes y servicios sigue siendo limitada.
Llegados a este punto, es inevitable plantearse una pregunta que muchos se hacen en Cuba y en el extranjero: ¿estas transformaciones ponen en riesgo el modelo socialista? ¿No estamos, acaso, asistiendo a una «restauración capitalista» disfrazada de reformas?
La respuesta, en mi opinión, es más compleja que un sí o un no. Por un lado, es innegable que muchas de estas medidas —la apertura a la banca privada, la flexibilización de los precios, la dolarización parcial, la eliminación de subsidios— son herramientas típicas del capitalismo. Por otro lado, el objetivo declarado no es abandonar el socialismo, sino «sentar las bases de la irreversibilidad y el desarrollo del socialismo cubano», como recordó Raúl Castro en 2010.
El propio Primer Ministro lo ha ratificado: «Ratificamos que no nos estamos desviando de nuestro modelo socialista, por el contrario, lo defenderemos y se adoptan las decisiones necesarias para su consolidación».
La clave está en la distinción entre medios y fines. El socialismo no es un conjunto de recetas económicas —planificación centralizada, propiedad estatal de los medios de producción, etc.— sino un proyecto de sociedad basado en la justicia social, la solidaridad y la participación popular. Si para preservar ese proyecto en medio de una agresión externa sin precedentes es necesario recurrir a instrumentos que tradicionalmente han sido asociados al capitalismo, ¿eso significa que estamos abandonando el socialismo o que estamos siendo pragmáticos?
El marxismo nos enseña que las formas económicas son históricas y contingentes. Lo que en un contexto puede ser un instrumento de dominación capitalista, en otro puede ser una herramienta para fortalecer un proyecto socialista. La pregunta no es si estas medidas son «puras» o no, sino si contribuyen a fortalecer la soberanía nacional, a mejorar las condiciones de vida de la población, y a preservar los logros sociales de la Revolución.
Por supuesto, los riesgos son reales. La desigualdad puede aumentar. La especulación puede dispararse. El control social sobre los procesos económicos puede debilitarse. Pero también es cierto que el modelo anterior, con su excesivo centralismo, su burocratismo y su rigidez, había mostrado sus límites. Como señaló un análisis de The Conversation, estas reformas mantienen «la continuidad con varias medidas ya ensayadas en etapas anteriores», desde la apertura de los años 90 hasta los Lineamientos de 2011. No es un salto al vacío, sino la continuación de un proceso que lleva décadas.
Raúl Castro lo advirtió, y cito: «tan importante como la aprobación de las Transformaciones será su implementación adecuada y oportuna, con prioridades bien definidas y la participación consciente del pueblo». La implementación es, quizás, el desafío más grande. Hasta el momento, se han aprobado 110 de las 176 transformaciones, el 90,9% de lo previsto para la primera etapa. Pero aprobar una ley no es lo mismo que aplicarla en la realidad cotidiana.
El cronograma legislativo contempla 138 normas jurídicas para instrumentar las transformaciones. Eso significa que, en los próximos meses, se producirá una verdadera avalancha de decretos, resoluciones y leyes que cambiarán el marco regulatorio de la economía cubana. El riesgo de una «sobrerregulación» que termine ahogando lo que se pretende estimular es real. También lo es el riesgo de que los actores económicos, tanto estatales como privados, no estén preparados para asumir las nuevas responsabilidades.
Un análisis del blog Cuba y Economía propone medidas adicionales que podrían mitigar estos riesgos, entre ellas un registro único de actores económicos interconectado, un programa piloto de «empresas en transición», un sistema de evaluación de impacto regulatorio, y un programa de alfabetización empresarial para nuevos emprendedores. Son propuestas sensatas que creo que el gobierno debería considerar.
Imaginemos, por un momento, un escenario optimista. Supongamos que las transformaciones se implementan con la celeridad y la calidad necesarias. Supongamos que la autonomía empresarial se traduce en una gestión más eficiente y en una mayor producción de bienes y servicios. Supongamos que el sector privado, lejos de la especulación, se convierte en un motor de desarrollo y empleo. Supongamos que la banca privada y las casas de cambio contribuyen a resolver el problema de la liquidez y a dinamizar la economía.
En ese escenario, Cuba podría comenzar a salir de la crisis en la que está sumida. La oferta de bienes y servicios aumentaría, los precios tenderían a estabilizarse, y las condiciones de vida de la población mejorarían gradualmente. El socialismo cubano, lejos de debilitarse, se fortalecería al demostrar su capacidad de adaptación y su resiliencia frente a la agresión externa.
Pero incluso en el mejor de los escenarios, hay una condición sine qua non, y es el fin del bloqueo. Mientras Estados Unidos mantenga su cerco económico, cualquier transformación, por profunda que sea, tendrá un techo. Se puede reformar el sistema empresarial, se puede abrir al sector privado, se puede flexibilizar el sistema financiero, pero si no se puede comerciar libremente con el resto del mundo, si los barcos no pueden atracar en los puertos cubanos, si las transferencias bancarias son bloqueadas, entonces todas las reformas serán insuficientes.
Estas transformaciones no son un acto de fe, sino una apuesta calculada. Una apuesta a que la flexibilización del modelo económico, lejos de debilitar al socialismo, lo fortalecerá al hacerlo más resiliente y más capaz de responder a las necesidades de la población. Una apuesta a que la autonomía empresarial, la apertura al sector privado y la modernización financiera son herramientas que pueden ser utilizadas para preservar los logros sociales de la Revolución, no para destruirlos.
Los riesgos son reales. La desigualdad puede crecer. La especulación puede dispararse. El control social puede debilitarse. Pero el riesgo de no hacer nada, de quedarse quieto mientras el enemigo aprieta el cerco, es aún mayor. Como dijo Fidel, y como ha recordado el Primer Ministro, hay que «luchar con audacia, inteligencia y realismo».
Al final, el éxito de estas transformaciones no dependerá solo de los decretos y las leyes, sino de la participación consciente del pueblo. De la capacidad de los cuadros y dirigentes, de los trabajadores, los empresarios, los campesinos y los profesionales para asumir los nuevos desafíos con creatividad y responsabilidad. De la voluntad política para corregir errores y mantener el rumbo en medio de estas decisiones trascendentales. (Edición web: Miguel Márquez Díaz)
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