Al informar a los diputados de la Asamblea Nacional del Poder Popular (ANPP) sobre la implementación de estas medidas, Marrero detalló que, en el eje temático relacionado con el modelo de gestión de los actores económicos, se han aprobado 28 transformaciones que otorgan mayores facultades.
Entre los principales avances en este sector destaca la aprobación del Decreto Ley “Del sistema empresarial estatal cubano”.
Como parte del proceso transformador, apuntó, se amplían las facultades para otorgar mayor autonomía a la empresa estatal, las empresas se integran en grupos empresariales y se define la responsabilidad social empresarial y la participación de los trabajadores en los procesos.
De igual manera, se actualizó la política y el Decreto “de la organización salarial en el sistema empresarial estatal cubano”, eliminando límites y restricciones.
Acotó que las empresas tendrán la posibilidad de organizar el sistema salarial, aunque las entidades con pérdidas no podrán aplicar los beneficios aprobados.
Respecto a las formas de gestión no estatal, anunció que se aprobaron las medianas y pequeñas empresas y cooperativas no agropecuarias que estaban pendientes y cumplían los requisitos establecidos, ascendiendo la cifra total a más de 15 mil.
Informó además que el 28 de julio se publicó el Decreto 160, que elimina totalmente 46 actividades prohibidas y otras 36 de manera parcial, con el objetivo de flexibilizar y lograr una mayor inserción del sector no estatal en el desarrollo económico y social del país.
En cuanto al eje relacionado con las relaciones de propiedad, el jefe de Gobierno destacó la aprobación de propuestas que garantizan la protección de los derechos laborales y sociales, como parte del proyecto de Código de Trabajo.
Sobre el sistema de planificación de la economía, mencionó que se modificó su concepción, generando un esquema más flexible de acceso a los recursos, con mayor participación de las señales del mercado y una transición hacia una planificación estratégica y financiera.
Para lograr mayor eficiencia, se impulsa la descentralización de la facultad de aprobación de inversiones hacia empresas estatales, sociedades mercantiles e inversión extranjera, en función de sus capacidades financieras y acceso a recursos.
Solo las inversiones superiores a mil millones de pesos requerirán aprobación central.
En relación con la Administración Central del Estado, explicó que las transformaciones se centran en actualizar funciones, separar las estatales de las empresariales, reducir estructuras y alcanzar una gestión gubernamental más eficiente.
En ese empeño, fueron aprobados procesos presentados por los ministerios de Salud Pública, Educación, Cultura y Deportes, con una reducción de más de 92 mil cargos, principalmente en plazas vacantes.
Se prevé concluir la fase de implementación en el resto de los ministerios en septiembre.
La autonomía municipal también fue abordada, destacando la definición de plazos para la ejecución de proyectos locales.
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