Diario de Cuba
En los últimos meses, la prensa oficial de Cuba ha informado sobre varios juicios en los que los acusados han sido hallados culpables de sabotaje y condenados a penas de hasta 12 años de cárcel.
Sin embargo, cuando miramos los delitos cometidos por los acusados, se trata de robos de combustible, específicamente, aceite dieléctrico de transformadores, en la mayoría de los casos.
La propia prensa estatal ha reconocido que ese aceite se ha convertido en «mercancía codiciada» en el mercado informal, en un contexto de crisis profunda, como el de Cuba.
En abril, el portal oficial Cubadebate destalló que un litro puede venderse por más de 1.000 pesos cubanos y apuntó que «ese incentivo económico explica la recurrencia de hechos similares en distintos territorios del país».
O sea, el móvil de esos actos ha sido el lucro. Sin embargo, varios tuvieron como consecuencia que miles de personas se quedaron sin servicio eléctrico, según los reportes de la prensa estatal y de perfiles oficialistas.
¿Pero qué diferencia un robo de un sabotaje? ¿Cómo se determina el delito cometido? ¿La clave está en la intención o en el resultado?
El jurista Edel González Jiménez, experto de DIARIO DE CUBA, puntualiza que «para que se califique el delito de sabotaje no puede haber ánimo de lucro».
«Es decir, la persona no quiere robar para enriquecerse ni sobrevivir», recalca.
«Ese delito implica que la persona quiere hacer un daño de manera directa, provocar destrucción. Por ejemplo, si voy a una empresa donde se fabrica aceite comestible, rompo las puertas, me llevo 50 latas de aceite y las vierto en el río, mi objetivo es el sabotaje. Pero si me llevo las latas para consumir y vender el aceite en el mercado negro, y prendo fuego a la instalación para ocultar mis huellas, ahí no hay delito de sabotaje», ilustra.
Para el experto cubano resulta obvio que lo que buscan los autores de los hechos delictivos mencionados era ganar dinero «en un país, donde el trabajo no vale y las condiciones materiales de vida y la falta de libertades están empujando a la población obtener recursos por estas vías para hacer frente a la situación del país».
«Donde quiera que exista ánimo de lucro y esa sea la primera intención, lo que existe es un delito de robo con fuerza, de hurto, de apropiación indebida o de malversación, pero no un delito político de sabotaje», explica el jurista y subraya que «el delito político de sabotaje lleva una organización, una preparación y un dolo o una intención política. Por ejemplo, darle candela a un campo de caña o cerrar las llaves de los diques de unos arrozales para que el arroz se quede sin agua y se seque por el calor».
«El delito de sabotaje requiere un plan e incluso una evaluación de los resultados», añade González Jiménez.
«Se está usando un delito de sabotaje, que en el Código Penal se sanciona con más rigor, y se está informando a la población con el propósito evidente de frenar la delincuencia, porque no tienen estructura policial que enfrente esa situación, ni tienen infraestructura carcelaria para recluir a más personas, ni tienen recursos para reponer lo que roban las personas para sobrevivir», sostiene.
En ninguno de los casos reseñados por la prensa oficial cubana se ha hecho alusión a evidencias de que los acusados buscaban provocar daños al servicio eléctrico. La posibilidad de que ocurriera no fue un freno para su ánimo de lucrar, pero no era el objetivo.
Para González Jiménez resulta evidente que existe la indicación, desde el Tribunal Supremo Popular (TSP), que dirige Oscar Martínez Silvera, de que los robos de combustible se califiquen como sabotaje «con el propósito de agravar la figura penal» y de que la difusión en los medios oficiales infunda miedo.
«Si los tribunales fueran técnicos y obviaran la cuestión política, y juzgaran los hechos en base a la intención, como establece el delito de sabotaje, el delito en esos casos sería robo con fuerza en las cosas. La pena sería de tres a ocho años de privación de libertad», explica.
«La situación de crisis nacional puede considerarse como una agravante para quien
delinca. Pero, ojo, esto no se puede confundir con un imputar delito político como el de sabotaje», destaca el jurista.
Es obvio que una condena que no supere los ocho años de cárcel no surtirá el mismo efecto disuasorio en potenciales autores de estos robos que una que podría alcanzar los 15 años. El Código Penal cubano prevé entre siete y 15 años de prisión para el delito de sabotaje, en su modalidad básica.
El marco sancionador es de diez a 30 años de cárcel o incluso pena de muerte en la modalidad agravada, que se aplica, por ejemplo, cuando se ocasionan lesiones graves o la muerte de una persona; se emplean fuego, explosivos, agentes químicos o biológicos, u otros medios capaces de producir consecuencias graves.
Otro caso en el que el sabotaje puede castigarse incluso con la pena máxima es cuando los bienes afectados pertenecen a las reservas del Estado.
Además de intimidar a personas que estén pensando en incursionar en el robo de aceite dieléctrico, la imputación del delito de sabotaje también aporta otra ganancia significativa al régimen cubano: los autores sirven como chivo expiatorio por lo menos para una parte de los apagones que diarios que sufre la población y que en algunos territorios superan las 24 horas consecutivas.
En un contexto de creciente descontento popular con las autoridades, en el que las protestas empiezan a ser tan cotidianas como los prolongados cortes de electricidad, el régimen busca desviar la rabia de los cubanos hacia los autores de robos de combustible. Y le funciona, a juzgar por las reacciones en Facebook a un post de la emisora estatal santiaguera CMKC Radio Revolución sobre la condena de 12 años de cárcel impuesta a un cubano que robó aceite de un transformador. Sus acciones dejaron sin electricidad a la comunidad de Bungo, en el municipio Contramaestre, durante más de 48 horas, según la publicación.
Los usuarios consideraron que la sanción era insuficiente y pidieron un castigo más severo para el delincuente.
Ninguno se preguntó quién tiene la culpa de los restantes apagones de 24 horas o más que se sufren en Cuba, ni señaló la responsabilidad de las autoridades por haber relegado el sistema eléctrico en su esquema de inversiones frente a la construcción de hoteles durante años, a pesar de la obsolescencia de las termoeléctricas.
La intención del régimen cubano de convertir a delincuentes comunes en chivos expiatorios y blancos de la ira popular por la crisis que ha provocado en el país con sus políticas fallidas quedó en mayor evidencia en abril, cuando fueron acusados de sabotaje dos trabajadores de una empresa estatal tunera que adulteraron leche de vaca destinada a niños.
El Gobierno provincial informó en Facebook que fueron detenidos e instruidos de cargos por el presunto delito de sabotaje, tras la detección de «irregularidades» en la leche de vaca que habían transportado.
Las autoridades incluso los acusaron de atentar «contra los derechos de la población, en especial de la infancia».
Así, el régimen responsabilizó a los dos infractores por la crónica escasez de leche, que convierte ese alimento en un lujo en Cuba y demuestra la inviabilidad del modo de producción socialista impuesto en el país.
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