Un cubano identificado como Jorge Luis Lorenzo publicó un video en Facebook dirigido a Díaz-Canel en el que le pidió enviar una comisión o un agente con facultades a la cabecera provincial de Sancti Spíritus para detener a quienes él llama «una bola de contrarrevolucionarios».

En el mensaje, Lorenzo advierte que si el gobernante no actúa, el conflicto solo se resolverá «cuando haya un problema, un muerto, o haya otra cosa ahí que puede ser que exista».

Lo llamativo del video es la paradoja que encierra: el hombre usa el lenguaje oficial del régimen para denunciar a sus propios adversarios locales, incluido el partido provincial, al que también califica de contrarrevolucionario. «Todos son contrarrevolucionarios… el partido provincial», afirma en un momento del clip.

Al mismo tiempo, Lorenzo señala que sus propios derechos han sido pisoteados: «A mí me han comido aquí los derechos humanos, no se me ha respetado en nada, y esto es un desastre, esto aquí es un verdadero desastre». También alude a que las autoridades locales no respetan al propio Díaz-Canel, y llega a advertir que «en cualquier momento van a tumbar hasta el gobierno» si no se respeta la Constitución.

El video ilustra un fenómeno recurrente en Cuba: ciudadanos que, desde una posición de lealtad declarada al sistema, recurren a las redes sociales para denunciar a vecinos o funcionarios locales como «contrarrevolucionarios», apelando directamente a la máxima dirigencia para que intervenga.

Sancti Spíritus ha sido escenario de una escalada de tensión política y social en los últimos meses. En junio de este año, la Seguridad del Estado detuvo a un pastor en Cabaiguán durante una manifestación religiosa pacífica. Este mes, se reportó que una patrulla policial vigila la casa del padre de un preso político vinculado al 11J en la provincia.

En noviembre de 2025, activistas denunciaron que el régimen intentó frustrar una donación de medicamentos destinada a unas 700 personas en la misma provincia. Y en junio de 2025, apareció un cartel de «Abajo la dictadura» en una esquina céntrica de Sancti Spíritus, retirado por agentes del Ministerio del Interior.

El término «contrarrevolucionario» es una etiqueta central en el discurso del régimen, usada históricamente para criminalizar la disidencia. Que un ciudadano la emplee para pedir represión contra sus vecinos y contra el propio partido provincial revela hasta qué punto ese lenguaje ha sido internalizado por sectores de la población, y al mismo tiempo expone las contradicciones que corroen la base social del sistema desde adentro.

En febrero de este año se conoció que un profesor cubano fue condenado a 10 años de cárcel por escribir consignas contra Díaz-Canel, en una sentencia que también involucra a Sancti Spíritus.