El régimen cubano anunció una redefinición de su política de protección social con el propósito de concentrar la asistencia estatal en las personas identificadas como «en situación de vulnerabilidad», una decisión que llega en medio de la peor crisis económica que ha enfrentado la isla en décadas y cuando el deterioro del poder adquisitivo afecta a una parte creciente de la población.

La medida fue explicada por funcionarios del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS) durante el programa oficialista «Cuadrando la Caja», cuyos principales planteamientos fueron recogidos por Cubadebate.

Según el viceministro Ariel Fonseca Quezada «antes de las económicas tenemos que tener las transformaciones sociales que permitan proteger a las personas».

El Gobierno apuesta por focalizar la ayuda

Fonseca aseguró que el nuevo modelo busca dirigir los recursos públicos hacia quienes más los necesitan.

«Tenemos que identificar a las personas que necesitan de un mayor apoyo, de una mayor atención, que están en esa situación de vulnerabilidad», afirmó durante la emisión.

El funcionario insistió en que la protección social «tiene que llegar a quien realmente la necesita» y defendió que, en un contexto de recursos limitados, el Estado debe concentrar sus esfuerzos en quienes presentan mayores necesidades.

Durante el programa, también marcó una diferencia conceptual al afirmar que «no estamos hablando de personas vulnerables, estamos hablando de personas en situación de vulnerabilidad», al considerar que esa condición puede ser temporal y susceptible de superarse mediante políticas públicas.

Según explicó, el propósito es acompañar a esas personas para que puedan salir de esa situación.

Una realidad donde la vulnerabilidad alcanza a millones

El anuncio llega, sin embargo, en un momento en que la vulnerabilidad económica ha dejado de ser una realidad limitada a determinados sectores.

La inflación acumulada desde la fallida Tarea Ordenamiento, la pérdida del valor real de salarios y pensiones, la dolarización parcial del comercio, la escasez de alimentos y medicamentos y los constantes apagones han deteriorado las condiciones de vida de millones de cubanos.

En ese escenario, la principal incógnita es cómo definirá el Gobierno quién merece recibir ayuda y quién no.

Aunque las autoridades defendieron que el objetivo es actuar con mayor eficiencia, no detallaron cuáles serán los indicadores para clasificar a una persona como vulnerable, cómo se evaluarán los casos o qué mecanismos existirán para revisar posibles exclusiones.

La amplitud de la crisis hace que esa definición resulte especialmente compleja.

Hoy no solo enfrentan dificultades los desempleados o las familias tradicionalmente consideradas de bajos ingresos.

También miles de trabajadores estatales, jubilados, profesionales y hogares con más de un salario tienen serias dificultades para cubrir gastos básicos debido al constante aumento del costo de la vida.

Del subsidio universal a las ayudas selectivas

Los funcionarios defendieron además que el nuevo modelo busca garantizar la «equidad» y no el «igualitarismo», un argumento que el Gobierno ha utilizado en los últimos años para justificar la eliminación progresiva de subsidios universales y la concentración de los recursos en sectores específicos.

La medida también refleja las limitaciones financieras del Estado. Durante décadas, el régimen presentó el sistema de protección social universal como uno de los principales logros de la Revolución.

Sin embargo, la crisis económica, la caída de la producción nacional y la falta de liquidez han reducido la capacidad gubernamental para sostener ese modelo.

La pérdida de peso de la libreta de abastecimiento, la expansión de las tiendas que venden en divisas y el traslado de numerosos productos al mercado informal son algunos de los cambios que han incrementado la carga económica sobre las familias cubanas.

Especialistas alertan sobre los desafíos

Diversos economistas han advertido que una política de focalización solo puede funcionar si existen criterios transparentes, suficientes recursos presupuestarios y mecanismos eficaces de supervisión.

De lo contrario, existe el riesgo de que familias con necesidades reales queden fuera de los programas de asistencia por decisiones administrativas o por la falta de capacidad financiera del Estado.

A ello se suma la dificultad de establecer una frontera clara entre quienes califican y quienes no, cuando buena parte de la población ha visto deteriorarse su nivel de vida en los últimos años.

La precariedad económica ya no responde únicamente a circunstancias personales, sino también a factores estructurales como la inflación, la escasez y el desplome del poder adquisitivo.

Un cambio que pone a prueba el modelo social cubano

Más allá del discurso oficial, el anuncio constituye un reconocimiento implícito de que el Estado ya no está en condiciones de sostener el nivel de protección social que durante décadas presentó como una de sus principales conquistas.

Mientras el Gobierno asegura que nadie quedará desprotegido, la aplicación práctica del nuevo sistema será observada con atención por una ciudadanía que enfrenta una inflación persistente, desabastecimiento y servicios públicos cada vez más deteriorados.

La gran incógnita será si la nueva definición de «situación de vulnerabilidad» logra responder a una realidad en la que, para muchos cubanos, la precariedad ha dejado de ser una excepción para convertirse en la norma.