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Una vecina me preguntó en fechas recientes: “¿Viste las medidas del banco? Dicen que, a partir del primero de agosto, podremos sacar el dinero que queramos”. Esto me puso a pensar sobre la percepción que tenemos de las medidas que se adoptan. Muchos creen que, desde ese momento, todo quedará resuelto. Por supuesto, me pondría muy contento si así fuera, pero pienso que ninguna medida es una varita mágica, sobre todo cuando se han acumulado incumplimientos de la ley e impunidad por parte de muchos actores económicos. Otros me manifestaron que las medidas son necesarias, porque debe dejarse que sea el mercado el que funcione, pues tenemos demasiados controles. ¿Perdón? ¿Exceso de qué y libertad para quién? Esta última afirmación es la que más me ha hecho reflexionar.
Primero, las recientes medidas del Banco Central de Cuba (BCC), anunciadas el 17 de julio mediante la Resolución 74/2026, no son una ocurrencia aislada, sino un engranaje más del nuevo modelo y forman parte de las 176 transformaciones económicas y sociales aprobadas recientemente. Ahora bien, insisto en una pregunta que no admite respuestas fáciles: ¿estamos realmente preparados para gestionar las contradicciones que inevitablemente emergerán? No lo creo de manera absoluta.
Estas medidas del BCC tienen antecedentes ineludibles. Hoy, los salarios de los trabajadores y las pensiones de los jubilados están bancarizados. El dinero está en las tarjetas. Sin embargo, cientos de miles de personas no pueden comprar porque los comercios privados se niegan a aceptar pagos digitales. Por eso mi vecina se puso tan contenta cuando le dijeron —aunque no lo leyó— que ya podía extraer su salario completo del banco, pues la ley no se cumple de forma general y notoria. Y no es un problema técnico; es un pulso de los privados al Estado, una situación que provoca angustia en la mayoría de la población, que al no poder usar su salario padece una grave restricción de necesidades vitales. ¿De qué sirve bancarizar los ingresos si no se puede gastar?
Precisamente para enfrentar esa situación, la medida central del BCC es la eliminación del tope rígido de 5,000 CUP para pagos en efectivo entre actores económicos, sustituido por un esquema de flexibilidad negociada con cada banco. La lógica es impecable: que el monto de efectivo disponible para un negocio se base en sus ingresos digitales registrados, su actividad y su territorio. Se elimina la comisión por depósito de efectivo, se reduce la del Pago en Línea del 1.5 % al 0.8 %, y se bonifica con un 2 % a los comercios que acepten pagos digitales. La acreditación de fondos será en tiempo real a partir del 1 de agosto. El mensaje es claro: el sistema bancario se está reconfigurando para ser más flexible, más eficiente y más digital.
Todo esto converge con las Transformaciones. El Eje 11 habla de un sistema financiero moderno; el Eje 12, del sistema tributario, la facturación electrónica y las bonificaciones por bancarización; el Eje 13, de precios descentralizados; el Eje 20, de digitalización. La eliminación del tope de efectivo es la aplicación práctica de esa filosofía: pasar de la prohibición a la regulación inteligente. Pero aquí surge la primera pregunta incómoda: ¿regulación inteligente para quién?
Por otra parte, estas medidas reconocen y utilizan las leyes del mercado como herramientas para lograr un objetivo de Estado. La eliminación del tope responde a la demanda real de efectivo; las comisiones y bonificaciones funcionan como señales de precio para modificar el comportamiento; la acreditación en tiempo real busca hacer el pago digital más competitivo. Pero esta adaptación a la lógica del mercado no es absoluta. No se trata de dejar al libre albedrío. No es el laissez-faire ni el “dejar hacer” la solución. Debe estar la mano reguladora del Estado. El propio hecho de que el BCC esté estableciendo un nuevo marco regulatorio muestra que el Estado sigue siendo el actor central que define las reglas del juego. Sin embargo, la vinculación con las leyes del mercado es estratégica y subordinada: usar la lógica de mercado para corregir una falla y fortalecer el control estatal.
Pero, ¿es suficiente esa intervención? Los riesgos de informalidad, de resistencia a la bancarización y de evasión fiscal siguen latentes, por lo que se requiere control. ¿De quién? Del Estado. Entonces aparece la primera gran contradicción: la apertura se adelantó al control. ¿Pero cómo es eso? Veamos tres puntos clave: 1) la Resolución 74/2026 elimina una restricción y establece incentivos, pero no aborda la obligatoriedad de la facturación electrónica, que sigue siendo voluntaria; 2) la ley que exige aceptar pagos digitales ya existe, pero se incumple de manera generalizada, y la nueva medida no establece mecanismos para hacerla cumplir; 3) no se crean mecanismos de supervisión efectivos que negocien con los activos digitales declarados.
La factura electrónica, prevista entre las 176 medidas, no es un simple mecanismo de control; es la herramienta que garantiza la calidad de todo el proceso, al automatizar el vínculo entre lo que un comercio cobra y lo que declara. Sin ella, el incentivo al comercio no es un estímulo a la transparencia, sino un privilegio y un subsidio a la opacidad. Se flexibiliza el uso del efectivo sin exigir el instrumento que permite rastrear su origen y destino. No exigir las facturas electrónicas tampoco permitiría el análisis de datos y perfiles de riesgos por parte de los bancos para identificar, mediante herramientas de análisis, patrones de comportamiento anómalo en el universo de actores no estatales.
Algunos economistas han advertido que el problema es más profundo. Señalan que la eliminación del tope, al dejar el monto abierto a negociación, incrementará el efectivo en caja de las empresas —es decir, aumentará su liquidez—, con lo que quedará menos efectivo disponible para la población. También sostienen que esa mayor liquidez les da mayores posibilidades de maniobra ante sus suministradores para pagos al contado, compra de mercancías e insumos; pero también para la especulación con la venta de efectivo, la interceptación de remesas, la compra de divisas y oro, y la acumulación de reservas de valor para protegerse de la inflación. Sin embargo, la causa última —la necesidad de comprar divisas en el mercado informal— ni siquiera se aborda.
Las medidas son un paso necesario, pero no exento de riesgos. La historia reciente muestra que, al corregir una distorsión, a veces se abre la puerta a otra nueva. Entonces, la pregunta es: ¿hemos logrado anticiparnos, ser proactivos, no ser utópicos con el comportamiento de la moral del mercado y del capital? Pero más importante aún: ¿sin el control oportuno, podrá mi vecina sacar sus ingresos del banco en el corto plazo o tendrá que esperar a que se vuelvan a adoptar nuevas medidas a petición del mercado?
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