Un joven residente en La Habana denunció este lunes haber sido expulsado de su trabajo por razones exclusivamente políticas, sin que mediara ninguna falta laboral, contable ni ética de por medio.

Amel Andrés Alfaro Méndez publicó en su perfil de Facebook un mensaje directo: «Me expulsaron del trabajo. No por temas contables, ni éticos. Solo por ser anticomunista confeso».

El joven, quien se define como «liberal nacionalista por decisión propia», sostuvo que la medida respondió a que expresa públicamente su oposición al sistema comunista cubano.

«El 90% de los cubanos –según él– en este instante está en contra del sistema, razones tenemos de sobra. Pero a quienes decidimos expresarlo nos cuesta la libertad, la tranquilidad o el trabajo como fue mi caso», escribió.

Alfaro había exigido previamente, de forma pública, la disolución «absoluta e inmediata» del Partido Comunista de Cuba, según recoge el portal de noticias Árbol Invertido.

El afectado califica lo ocurrido como «acoso laboral injusto e inmoral» y lo interpreta como una maniobra para asfixiarlo económicamente hasta que abandone sus posiciones.

Sin embargo, lejos de retroceder, aseguró que el resultado fue el contrario al esperado por quienes ordenaron su despido: «El tiro les salió por la culata. Esto solo confirma que estoy del lado indicado de la historia y que pronto, más pronto que tarde pagarán quienes han hecho de Cuba un campo de concentración».

La publicación generó solidaridad y varios seguidores compartieron experiencias similares, lo que revela un patrón que se repite en distintos sectores y épocas.

Ivan Hernandez relató que, tras las protestas del 11 de julio de 2021, un conocido lo delató ante la Contrainteligencia Militar: «Todo terminó en mi expulsión del trabajo a pesar de mis aportes como trabajador. En fin, así funciona esta dictadura para chantajear a los trabajadores en empresas estatales».

Hernandez era trabajador civil de XETID, empresa de tecnologías de la información vinculada a las Fuerzas Armadas cubanas.

Oto Frometa recordó que en 1994 fue despedido de un politécnico por negarse a pagar el sindicato oficial: «Cuando hacer eso era marcarse. Pero no lo pagué… y sobreviví».

Una seguidora, Dreidy Avila, advirtió al joven habanero sobre lo que podría venir: «Ahora no te dejarán tranquilo hasta que te metan en la cárcel. Cuídate mucho».

Karelys Suarez resumió el sentir de muchos en los comentarios: «Y después se llenan la boca diciendo que aquí no hay represión, que se respeta la libertad de expresión, en fin todas sus mentiras».

El caso de Alfaro Méndez se suma a una serie de represalias laborales documentadas en Cuba durante 2025.

Además, en marzo último, por ejemplo, el comunicador Ewald Nieves Manduley fue despedido en Guáimaro, Camagüey, por cuestionar en Facebook el uso político de la figura de José Martí.

Ese mismo mes, el profesor Abel Tablada fue separado de la Universidad Tecnológica de La Habana (CUJAE) por publicaciones críticas en redes sociales, lo que desató protestas estudiantiles.

Y entre abril y mayo, directivos de empresas estatales fueron presionados bajo amenaza de despido para garantizar al menos el 80% de firmas en la campaña oficialista «Mi Firma por la Patria».

En Cuba, el empleo estatal constituye aún una importante fuente de ingresos formal para la mayoría de los trabajadores, lo que convierte el despido en una de las herramientas de represión política más efectivas del régimen.

La Central de Trabajadores de Cuba (CTC), único sindicato permitido, opera bajo control estatal y no defiende a los afectados por este tipo de represalias.