Mercedes Roque volvió a alzar la voz en un video publicado en Facebook para denunciar las trabas de las autoridades militares y judiciales para ejercer su derecho a apelar el archivo del caso de su hijo, Antonio Alejandro Rassi Roque, recluta fallecido el 18 de agosto de 2025 en la Unidad Militar 5050 «El Calvario», en La Habana.

El testimonio llega apenas dos semanas después de que la propia madre denunciara públicamente el sobreseimiento del caso el 2 de julio, cuando el fiscal Velázquez, de la Fiscalía Regional, le comunicó que no había más causa para investigar.

Según relata Mercedes Roque, ese día le concedieron solo tres días para apelar la resolución, plazo que vencía el martes 7 de julio.

Al presentarse con su documentación, el fiscal la derivó a la Fiscalía Territorial del Calvario, donde la teniente coronel Aysel le informó que allí no constaba ningún documento relacionado con el caso.

«No hay por donde defender la muerte de un hijo muerto en el servicio militar», afirmó la madre en el video.

Mercedes Roque denuncia que el fiscal la envió al lugar equivocado, privándola de la única vía legal disponible para recurrir el archivo: «Ustedes todos son un tapete fijo donde se cubren unos con otros. El mecanismo de mortificar y de cansar a los familiares lo sabemos ya, estamos adaptados a que funcione así».

En el video, la madre señala directamente al Primer Teniente Político Aldo Fabregas Ardiles, de la Unidad 5050, como responsable de la muerte de su hijo, acusación que repitió cinco veces ante el jefe del Ejército Occidental el 19 de junio sin que nadie la refutara.

También menciona al Mayor Ricardo Martínez como parte del entorno de oficiales implicados. Ninguno de los dos ha sido procesado.

«Todo suicidio tiene un responsable. El responsable del suicidio de Antonio Alejandro Rassi Roque es el político de la 5050, Aldo Fabregas Ardiles. Cinco veces, el 19 de junio, lo dije ante el jefe del ejército occidental y nadie me refutó lo que yo estaba diciendo», declaró.

La madre describe además un patrón de hostigamiento previo a la muerte de su hijo: amenazas, burlas, apodos, desorientación progresiva, abandono del aseo personal y episodios de dormirse en guardia, sin que nadie alertara a la familia.

«Un niño que se desorientó, se dejó de bañar, se dormía en la guardia, que es una violación, y nadie, nadie, nunca me llamó», denunció.

Mercedes Roque lleva casi once meses exigiendo respuestas sin obtenerlas: intentó acudir a la unidad en agosto de 2025 sin ser atendida, en noviembre de ese año las autoridades prometieron «total transparencia», y en mayo de 2026 denunció que llevaba más de tres meses sin que nadie la contactara.

El caso se inscribe en un patrón documentado por Cubalex, que registra al menos 78 muertes de reclutas desde 2019 en circunstancias opacas o negligentes, con al menos 19 fallecimientos solo en 2025, siete de ellos entre julio y agosto de ese año.

Lejos de reformar la institución, el régimen aprobó en octubre de 2024 el Decreto 103/2024, que endureció las sanciones por incumplimiento del Servicio Militar Obligatorio con multas de entre 2,500 y 7,000 pesos y consecuencias penales para jóvenes mayores de 16 años.

Mercedes Roque cerró su denuncia con un llamado directo a otras madres cubanas: «Abajo el sangriento servicio militar obligatorio en Cuba. No más servicio militar obligatorio en Cuba. No más inocentes muriendo».