Una prohibición federal que entraría en vigor el 12 de noviembre próximo amenaza con eliminar aproximadamente el 95% de los productos derivados del cáñamo (hemp) que hoy se venden legalmente en Florida, incluyendo bebidas con THC, gomitas, aceites y productos de CBD.

La medida surgió en noviembre de 2025, cuando el Congreso aprobó un proyecto de ley de gasto que cambió la definición federal del cáñamo: en lugar de medirse solo por el Delta-9 THC, se aplica ahora un «estándar de THC total» con un límite máximo de 0.4 mg por envase, umbral tan bajo que dejaría fuera de la ley federal a casi toda la oferta actual del sector, según la organmización U.S. Hemp Roundtable.

Los empresarios del ramo advierten que el daño ya comenzó, meses antes de que la norma entre en vigor.

Jammie Treadwell, directora ejecutiva de Treadwell Farms en Umatilla, describe una temporada de siembra paralizada: «Los agricultores no están sembrando esta temporada porque si cosechan en septiembre u octubre y el producto se vuelve ilegal en noviembre, eso es un problema».

Treadwell, cuya familia lleva más de un siglo en la agricultura de Florida, señala que normalmente para esta época ya habría vendido insumos a unos veinte agricultores; en 2026 solo ha llegado a seis.

«No quiero sonar dramática, pero bien podría sacarnos del negocio», afirmó.

Michael Smith, dueño de Herban Flow en San Petersburgo —donde el 80% de las ventas provienen de productos derivados del hemp con THC—, lamenta que la mayoría de sus clientes desconoce lo que se avecina: «Es increíble cuánta gente todavía no sabe. Tantos están descubriéndolo ahora y no me creen cuando les digo que en tres meses todo esto desaparecerá».

La prohibición no se limitaría a los productos intoxicantes: también afectaría a los de CBD de espectro completo no intoxicantes, que muchos consumidores usan como alternativa a analgésicos de venta libre o medicamentos recetados.

David Shiffman, director ejecutivo de Amigos y Tillman Tranquils en el sur de Florida, resume la frustración del sector: «Intentar construir un negocio siguiendo las reglas y que luego te quiten el piso con nueva legislación es algo aterrador para cualquier empresa pequeña».

Aun así, Shiffman se muestra cautelosamente optimista: «La categoría es demasiado grande para caer. La demanda del consumidor existe. La infraestructura está en su lugar. Es cuestión de cuándo y cómo nos regulen».

La Casa Blanca ha intervenido en el debate.

El 23 de abril, el presidente Donald Trump publicó en Truth Social un llamado al Congreso para que actualizara la ley y garantizara el acceso a los productos de CBD de espectro completo, señalando que la medida también beneficiaría a los agricultores.

El 24 de junio, Russell Vought, director de la Oficina de Gestión y Presupuesto, envió una carta al presidente de la Cámara Mike Johnson respaldando la «Ley de Protección del Cáñamo Legal», una enmienda del representante republicano Andy Barr de Kentucky que establecería un marco regulado con impuestos y un sistema de distribución de tres niveles para bebidas de hemp, similar al del alcohol.

Esa propuesta fue bloqueada por el Comité de Reglas de la Cámara y no llegó a votación, dejando la prohibición en pie.

En Florida, el cáñamo ue legalizado en 2019 y la industria creció de forma sostenida.

Hace dos años, el gobernador Ron DeSantis vetó una propuesta estatal para restringir los productos intoxicantes de hemp, argumentando que impondría «cargas regulatorias debilitantes» a las pequeñas empresas, y en 2025 un grupo de trabajo legislativo no logró aprobar nueva normativa por diferencias entre el Senado y la Cámara.

Si el Congreso no actúa antes del 12 de noviembre, una industria que mueve unos 28,000 millones de dólares y emplea a más de 300,000 personas en todo el país enfrentará su mayor crisis desde la legalización.