Una periodista del diario oficialista Escambray, órgano del Partido Comunista en Sancti Spíritus, publicó un artículo de autocrítica en el que señala directamente al propio sistema cubano como responsable de décadas de trabas y prohibiciones que han hundido al país.

Elsa Ramos, autora del texto titulado «La urgencia de cambiar para levantar un país», publicado el 13 de julio, afirma que muchas de las 176 medidas económicas aprobadas por el régimen en junio no hacen más que «legalizar lo ilegal, quitar prohibiciones que no fueron importadas y erosionaron el sistema y hasta la credibilidad, suprimir trabas y deformaciones estructurales burocráticamente cubanas».

La frase más contundente del artículo apunta directamente a la responsabilidad interna del régimen: las reformas, escribe Ramos, buscan «mitigar el bloqueo interno que nos ha hecho mucho daño».

La periodista cuestiona además por qué el régimen esperó 15 años para implementar propuestas que ya estaban recogidas en los Lineamientos de la Política Económica y Social del Partido desde 2011, y que ahora se presentan como soluciones urgentes ante el colapso.

Describe con crudeza la realidad que viven los cubanos: extensos apagones, alimentos echados a perder, «tarjetas llenas de dinero y manos sin efectivo», bolsillos incapaces de responder a la subida de precios, falta de agua, de medicamentos y de conectividad.

Pese a reconocer el retraso histórico, Ramos defiende las reformas con resignación: «más vale tarde que nunca, pues en el precipicio en el que está la economía cubana no le quedan muchas más opciones que intentarlo», y precisa: «Un país no puede vivir a expensas de que el combustible llegue de barco en barco; tampoco de donaciones solidarias….».

El artículo también advierte sobre riesgos concretos de las medidas. Señala que miles de trabajadores llevan desde febrero de 2026 en un «limbo laboral» como interruptos indefinidos, y pregunta cómo el régimen piensa frenar el desempleo que generará el redimensionamiento del sector empresarial y presupuestado.

Sobre la liberalización de precios, es escéptica: recuerda que el Estado nunca pudo hacer cumplir ni las tarifas que él mismo fijaba, mientras el mercado informal operaba impunemente «por todas las redes sociales».

Ramos plantea una pregunta que resume la desconfianza acumulada: «¿Cómo resolver la ecuación de que cada cual tendrá lo que sea capaz de producir en un país donde da más negocio revender caramelos que doblar el lomo al sol?».

El texto de la reportera espirituana no es un caso aislado.

El 9 de julio, Iraida Calzadilla, periodista jubilada del diario Granma, publicó en Facebook un encendido texto contra la Unión Eléctrica y el gobierno, desafiando la consigna oficial de Díaz-Canel: «Quiero ver quién se atreve a pedirme más resistencia creativa desde las necesidades básicas y no tan básicas bien cubiertas».

Esta tendencia de voces críticas surgidas desde el interior del propio aparato mediático del régimen tiene un peso simbólico particular: no son disidentes ni opositores, sino periodistas que durante décadas defendieron el sistema y ahora lo cuestionan públicamente.

El propio Díaz-Canel reconoció en junio, en el Pleno Extraordinario del Comité Central del PCC, que existen «trabas que no vienen de afuera ni del bloqueo» y que «la resistencia por sí sola no basta», en lo que constituyó una admisión inédita tras seis décadas de revolución.

El contexto en que se publican estas críticas es devastador. El martes 14 de julio, el Cuba sufrió un nuevo apagón masivo tras la desconexión total del Sistema Eléctrico Nacional a las 11:05 am. Fue el quinto apagón total registrado en lo que va de año y el décimo en aproximadamente 24 meses.

En el ámbito financiero, el dólar supera los 600 pesos en el mercado informal, mientras el tipo de cambio oficial se mantiene en uno por 24.

Las 176 medidas, organizadas en 23 ejes estratégicos y aprobadas el 18 y 19 de junio, incluyen la autorización de banca privada, la eliminación del límite de 100 trabajadores para las mipymes y la transformación de empresas estatales en sociedades mercantiles.

Analistas señalan, sin embargo, que la creación del INAEES -un superorganismo de control- contradice el discurso oficial de autonomía empresarial y apunta a una recentralización encubierta.