Propietarios de viviendas en Hialeah están recibiendo notificaciones de violación municipal que los obligan a remover el concreto o asfalto ubicado frente a sus casas -en la franja conocida como swale- y reemplazarlo por césped.

Además de realizar el cambio, están obligados a pagar una multa inicial de 100 dólares, según reporta Telemundo 51.

La queja central de los afectados es que esas condiciones ya existían cuando compraron sus propiedades, y que la propia ciudad realizó inspecciones de reocupación al momento de la compra, sin señalar ninguna irregularidad.

La pregunta de los vecinos: «¿Por qué ahora?»

Carlos Rodríguez, quien lleva siete años como propietario de su vivienda en Hialeah, es uno de los afectados.

Recibió una notificación civil por una superficie de asfalto frente a su casa que, según él, estaba allí desde antes de que la adquiriera.

«¿Por qué ahora? Esa es la pregunta, ¿por qué ahora?», cuestionó el residente en declaraciones al citado medio de prensa.

«La multa es por el asfalto, ellos quieren que lo arranque», explicó; y señaló que la ciudad realizó su inspección correspondiente al momento de la compra y no le dijeron nada.

Rodríguez subrayó que la situación va mucho más allá de los 100 dólares iniciales, pues retirar el asfalto requiere además obtener un permiso municipal, con costos adicionales.

«Yo no creo que es justo que el propietario deba pagarlo», afirmó.

González resumió la frustración colectiva con una advertencia que va más allá de la multa inicial: «Aparte de los taxes quieren sacarme dinero por eso, porque no es la multa, es lo que viene después de la multa».

El abogado: «Usted no tiene que pagar»

El abogado Ari Pregen, representante legal de Rodríguez y especializado en defensa ante el Magistrado Especial de Hialeah en casos de cumplimiento de código, sostiene que los propietarios tienen argumentos sólidos para impugnar estas sanciones.

Según Pregen, el swale pertenece legalmente al derecho de vía público, por lo que los residentes no pueden ser considerados responsables de condiciones preexistentes en esa área.

«Es casi una doble tributación. Usted tiene que pagar para mantener el swale y después la ciudad lo multa por eso», declaró el letrado.

Pregen fue categórico sobre las opciones de los afectados: «Usted no tiene que pagar», dijo; fundamentando su postura en «los derechos constitucionales de pelear por algo de lo que usted no es responsable».

Una vecina calcula 7,000 dólares para cumplir la ordenanza

Otra residente afectada, Yarima González, había denunciado su caso semanas antes y ofrece una imagen más completa del impacto económico real de la medida.

González calculó que cumplir con lo que exige la ciudad le costaría aproximadamente 7,000 dólares, entre la remoción del cemento, la instalación de césped y la renovación del acceso vehicular.

«Prácticamente remover todo el cemento del frente de mi casa, poner hierba, hacer el driveway nuevo… cuando saqué el estimado me salió como en 7 mil dólares», explicó a Telemundo 51.

La residente también apuntó al origen de la situación: «Es algo nuevo que instituyó el nuevo alcalde de Hialeah», aseveró.

González afirmó que el alcalde Bryan Calvo se comunicó personalmente con ella para hablar de una posible solución, pero que el tiempo pasó sin resultados.

«Ha pasado más de un mes y nada. Yo no he escuchado nada de ellos», lamentó.

La ciudad guarda silencio ante las denuncias

Telemundo 51 contactó a la oficina del alcalde Calvo en múltiples ocasiones durante más de un mes sin obtener ninguna respuesta oficial.

Calvo asumió la alcaldía el 12 de enero de 2026, convirtiéndose, con 27 años, en el alcalde más joven en la historia de Hialeah y del estado de Florida, tras ganar las elecciones de noviembre de 2025 con más del 52% de los votos.

Desde su llegada, su administración ha intensificado el cumplimiento de diversas ordenanzas municipales.

Según información a la que tuvo acceso Telemundo 51, hay aproximadamente 60 propiedades en Hialeah que enfrentan la misma situación.

El marco legal que respalda las notificaciones es la Ordenanza de Aguas Pluviales de 2018, que prohíbe pavimentar los swales porque impide la infiltración del agua al suelo.
La normativa vigente establece que cada día de violación puede acarrear una pena civil de hasta 500 dólares, y las multas no pagadas se convierten en gravámenes sobre la propiedad con un interés del 12% anual, bloqueando ventas o refinanciamientos futuros.