El abogado de inmigración Willy Allen lanzó una advertencia contundente a los cubanos con I-220A que no están detenidos: nunca acepten una salida voluntaria si tienen posibilidad de pelear su caso desde dentro de Estados Unidos.

La advertencia surge del caso de Dairon Fuentes Rodríguez, un cubano que pidió esa salida voluntaria para evitar los 10 años de penalización por deportación formal, fue enviado a Cuba, y el régimen lo rechazó en La Habana, devolviéndolo en el mismo vuelo, pese a carecer de antecedentes penales en Cuba. Las autoridades migratoria de EE.UU. lo enviaron de regreso a un centro de detención en Texas, donde ya suma siete meses preso.

«Mi recomendación es y ha sido siempre: cubano con I-220A, si no estás detenido y quieres pelear, no aceptes partida voluntaria», declaró Allen durante una entrevista con Tania Costa.

El abogado explicó con precisión por qué esa decisión puede resultar devastadora. En su opinión, la salida voluntaria otorga entre 90 y 120 días para abandonar el país, pero el regreso legal puede demorar cuatro años o más. Para que Dairon Fuentes pudiera volver legalmente, necesitaría tres pasos encadenados: que se apruebe la I-130 —petición familiar solicitada hace más de dos años—, que se apruebe un perdón I-601A por entrada ilegal —cuyo procesamiento tarda actualmente unos 43 meses— y que complete un proceso consular. A eso se suma el castigo propio de la salida voluntaria, de dos a tres años adicionales.

«Tenía que tener la I-130 aprobada, tenía que tener un perdón 601A por entrada ilegal aprobado y tenía que ser un proceso consular que puede demorar, y tiene un castigo de dos o tres años por la partida voluntaria. Así lo hubiera demorado por lo menos cuatro años antes de que regresara a los Estados Unidos», detalló Allen.

Mientras Dairon Fuentes permanece detenido, su esposa Aylín Hernández —con parole y embarazada de 36 semanas— es el único sostén familiar.

«Cuatro años de separación de su esposa y sus hijos. Entonces uno tiene que tomar todas las consideraciones y estar bien informado», subrayó el abogado.

Allen reveló que él personalmente trata de evitar las salidas voluntarias y solo las acepta cuando el país de destino garantiza la recepción del migrante. De los dos cubanos a quienes les aceptó esa opción, uno tenía residencia en México y el otro necesitaba ir a Cuba para tramitar su nacionalidad española. «Yo trato de evitar partidas voluntarias», insistió.

El caso de Dairon Fuentes ilustra, además, un incumplimiento del régimen cubano. Bajo el acuerdo migratorio firmado con la Administración Obama en enero de 2017 —cuando se eliminó la política de «pies secos, pies mojados»—, Cuba se comprometió a aceptar la repatriación de todos sus ciudadanos que hubieran entrado a Estados Unidos después de marzo de ese año. Dairon Fuentes entró en 2022, dentro de ese marco, pero el régimen lo rechazó de todas formas. Más de 42,000 cubanos tienen hoy orden final de deportación, que Cuba se niega a ejecutar.

La alternativa que Allen defiende para los cubanos con I-220A es pelear el caso desde dentro mediante apelación. El proceso puede ser largo, pero ofrece una salida real: «Durante la apelación, la I-220A puede convertirse en parole. Te quitan la deportación y te haces residente. Es tener información y saber lo que está pasando».

Esa vía cobró más fuerza tras el fallo que el Tribunal de Apelaciones del Onceno Circuito emitió en febrero de 2026, que anuló decisiones previas de la Junta de Apelaciones de Inmigración y ordenó reexaminar los criterios de admisión para cubanos con I-220A, abriendo una posible vía hacia la residencia bajo la Ley de Ajuste Cubano. Entre 400,000 y 500,000 cubanos en Estados Unidos se encuentran en esa situación, a la espera de una resolución definitiva.

Allen no escatimó palabras al calificar lo ocurrido con Dairon Fuentes: «Para mí es increíble que Cuba lo haya puesto en esta situación. I-220A, él pidió partida voluntaria, su país no lo aceptó, y que lo pongan en una cárcel aquí en los Estados Unidos».